EP propondrá fijar topes a los precios de la canasta básica

En la tarde de ayer la bancada de diputados de la coalición de izquierda aprobó por unanimidad, presentar durante la discusión del proyecto de Rendición de Cuentas tres aditivos que tienen como finalidad «amparar a la ciudadanía».

En ese sentido, el diputado Carlos Pita (Corriente Popular) señaló que la bancada de legisladores de su sector resolvió impulsar las iniciativas en la discusión de la Rendición de Cuentas.

Explicó que la coalición de izquierda pretende incluir en el articulado de una Rendición, a la que calificó como «caótica y extremista», la remisión de multas y recargos por atrasos de los ciudadanos en el pago de las tarifas de servicios públicos esenciales como por ejemplo, UTE, OSE, Antel y las cuotas del Banco Hipotecario del Uruguay y del Banco de Seguros del Estado.

«El principio básico es que cuando el Estado se atrasa no puede pretender cobrar en fecha y menos imponerle al ciudadano multas, recargos e intereses por mora cuando la responsabilidad de ese atraso es del propio Estado. Si quiere cobrar en fecha entonces debe pagar en fecha», indicó Pita.

Agregó: «El gobierno se atrasa y difiere el pago del medio aguinaldo, difiere las fecha de pagos de jubilaciones y salarios y por eso no puede cobrarle multas y recargos a la gente. Entonces, se determina la remisión de la mora, no se genera el estado de mora cuando hay atrasos de las obligaciones estatales en las cuentas que el Estado pretende cobrarle al ciudadano».

«También se resolvió realizar lo mismo con las empresas a través de la iniciativa de la certificación de adeudos. Es decir, se le permite por iniciativa legal al empresario al que el Estado le debe, que certifique por el monto de las deudas que el Estado tiene con él la amortización de las obligaciones que él tiene a su vez con el gobierno», sostuvo Pita.

Agregó que en este caso es aplicable el mismo principio que para el caso de las tarifas particulares, ya que ante la situación excepcional en la que vivimos el Estado no puede pretender cobrar en fecha cuando él se atrasa.

En tanto, la tercera iniciativa se refiere a la canasta básica familiar. En la misma se determina que el Poder Ejecutivo pueda fijar precios máximos de venta al público de los productos de la canasta familiar que son los clásicos: «El aceite, arroz, azúcar, carne vacuna en cortes delanteros y menudencias, fideos, huevos, leche, pan, yerba, harinas, jabón, detergente, supergás y querosene y papel higiénico».

A través de la propuesta se autoriza al Ejecutivo a «utilizar todas las herramientas que le permitan asegurar el cubrimiento de los costos reales y un margen razonable de rentabilidad para el distribuidor y el comerciante. En todo caso aplicando exoneraciones tributarias y facilidades de todo tipo».

Pita sostuvo que «al brutal castigo que ha sufrido la ciudadanía producto de la rebaja de sus ingresos en moneda nacional por el aumento del Impuesto a las Retribuciones Personales, el impuesto a las jubilaciones y la postergación del pago del medio aguinaldo se le agrega la caída del poder adquisitivo producto de la devaluación».

Además, «se añade la actividad especulativa de grupos económicos inescrupulosos que abusan de la situación y han remarcado los precios en forma inaceptable. Por lo cual, es justificada la intervención estatal para impedir este tipo de abusos y amparar a la gente».

«La canasta de productos básicos de consumo nacional es un recurso básico que se ha utilizado en todas las épocas de crisis del país y esta es la crisis más grave de la historia del Uruguay», puntualizó el legislador encuentrista. *