Ministro Brezzo estudia consecuencias jurídicas por dichos del coronel Ferro

EL MINISTRO de Defensa Luis Brezzo aseguró ayer que está «siguiendo» las declaraciones que viene realizando el coronel retirado Eduardo Ferro a quien se involucró en actividades del contrabando.

«Estoy viendo las declaraciones que salen en la prensa (pero) por el momento no tengo ningún comentario para hacer», expresó ayer Brezzo en el Edificio Libertad.

El secretario de Estado y dirigente del Foro Batllista, agregó que «estamos escuchando y viendo las consecuencias reglamentarias y jurídicas que pueden tener» las declaraciones del militar retirado.

En una entrevista con LA REPUBLICA, Edgard Resola –hermano de Washington señalado por la Aduana como uno de los principales contrabandistas del país– vinculó a su hermano y a Ferro como correos del dinero del contrabando a los líderes del Partido Colorado.

El lunes, Ferro calificó como un «disparate» los dichos de Resola. El militar, acusado de violar los derechos humanos durante la dictadura, dijo que la situación creada la tomó «como una rencilla personal» entre los hermanos Resola.

Además, desmintió que conociera personalmente a los líderes colorados Jorge Batlle, Julio María Sanguinetti y Luis Hierro (los tres dirigentes nombrados por Resola) y aseguró que «sólo me he cruzado con ellos profesionalmente durante alguna custodia».

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Stirling –también integrante del Foro– aseguró que en la secretaría de Estado no se tienen elementos para hacer algún tipo de acusación en materia de contrabando.

Asimismo, Stirling calificó como «poco serio» a quienes «están haciendo este tipo de denuncias. Es poco serio y con afirmaciones agraviantes hacia integrantes del poder político», dijo.

Rechazo a pedido

En otro orden, Brezzo confirmó que rechazó un pedido de información de la Justicia argentina respecto a la actuación de un militar uruguayo que habría participado en el Plan Cóndor de desaparición de personas durante el período de dictaduras en el Mercosur.

«Es una historia un poco recurrente. Cada tanto aparecen intentos de bordear las normas establecidas en el país en diversas instancias y nosotros lo que hacemos es cumplir con la normativa legal uruguaya», explicó Brezzo.

El juez federal argentino Juan José Galeano solicitó al gobierno uruguayo información de un agente de inteligencia que habría participado en el traslado desde Paraguay de detenidos que desaparecieron en Argentina. La solicitud apuntaba a saber si Carlos Calcagno, nombrado en la causa como perteneciente al Servicio de Inteligencia del Ejército uruguayo, existía o no, y de corresponder, interrogarlo en calidad de testigo.

Hasta ahora, Uruguay había negado cualquier información sobre represores que pudieran quedar involucrados en violaciones a los derechos humanos en terceros países, pero esta negativa cierra la puerta también a la colaboración con investigaciones en curso que o involucran a uruguayos. *