Bensión ratificó intención de mantener aumento de IRP más allá del año 2004

Acompañado por los contadores Ariel Davrieux y Luis Zunini, Bensión compareció en la víspera por aproximadamente ocho horas ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, en el marco de la discusión parlamentaria del proyecto de Rendición de Cuentas.

Mientras el Partido Nacional y el Foro Batllista consideran que el proyecto de Rendición contiene artículos que pueden ser definidos como de «dudosa inconstitucionalidad», el Encuentro Progresista-Frente Amplio la define como un «aquelarre» y planteó eliminar o desglosar algunos capítulos, como, por ejemplo, el referido a las empresas públicas.

A través de los 163 artículos se destacan cuatro áreas en las que se impulsan reformas estructurales del Estado, la racionalización del gasto público, la racionalización de los Recursos Humanos del Estado y un nuevo marco regulatorio para futuras necesidades en materia de recursos humanos. Bensión señaló que se trata de una Rendición «muy aceptable» que a su vez pone al frente del sistema político y de país «una cantidad importante de temas que configuran la visión transformadora del Ejecutivo sobre el sector público y la sociedad uruguaya, como por ejemplo, la norma sobre funcionarios públicos.

En ese sentido, el secretario de Estado resaltó que «es la primera vez que se hace un planteo profundo para una transformación del estatuto del funcionario público».

A través de la Rendición «se prohíbe el ingreso de funcionarios a la administración en forma presupuestada e inamovible hasta el año 2015. Al tiempo se propone una nueva forma de ingreso a la función pública por concurso, contratos, contratos a términos, que a su vencimiento podrán lugar a la rescisión del contrato pagando despidos asimilando, en todo lo posible, el nuevo régimen de los funcionarios públicos a las condiciones laborales de la actividad privada».

«Eso es una transformación trascendental, porque va a poner al Estado y sus funcionarios en una igualdad de condiciones con los trabajadores del sector privado», agregó.

Sobre la facultad que se le otorga al Poder Ejecutivo de mantener el incremento del IRP hasta el señaló que el argumento que maneja el gobierno es que «no se puede proyectar un futuro para las cuentas públicas en el que a fines de 2003 el país esté en una situación de déficit fiscal como la que ha vivido».

«Desde aquí hasta entonces pueden pasar muchas cosas, como por ejemplo, una reforma tributaria que si efectivamente asegura la solvencia de las cuentas públicas después de 2003 hará innecesaria está facultad. Pero en el momento actual nos parece de fundamental importancia para quienes observaban y deciden sobre el futuro de la economía uruguaya aclarar que 2004 no va a ser un año de desfinanciamiento de las cuentas públicas», añadió Bensión.

Aseguró que si el artículo se retira de la Rendición «sería una mala señal para la continuidad de la política económica y para ofrecerle al mundo una imagen de solvencia en las cuentas públicas hacia el futuro»

«Aquelarre»

El diputado Doreen Javier Ibarra (Frente Izquierda de Liberación) definió la Rendición como «un gran aquelarre»; y criticó que el gobierno «actuó con mucha desprolijidad y a puertas cerradas».

«Muchas de los capítulos poco tienen que ver con una Rendición de Cuentas, por lo cual planteamos eliminar o desglosar del proyecto el tema de las empresas públicas, porque contiene la modificación de la carta orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU). Así como la sección referida a las relaciones con el funcionariado, donde se desquician las conquistas que durante décadas lograron los trabajadores a través de sus sindicatos, aplicándose una desregulación laboral que ya estaba anunciada».

El legislador encuentrista manifestó su desacuerdo con los «poderes» que la Rendición otorga al Ejecutivo para extender las medidas de ajustes más allá de 2002.

«Hubo un compromiso público por parte de la coalición de gobierno y del equipo económico en el sentido de que el aumento del IRP a asalariados públicos y privados así como a los jubilados era momentario, para absorber el déficit fiscal ya que se entendía que a fines del 2003 ese déficit sería absorbido. Sin embargo, ahora se plantea que a partir del 1º de enero de 2004 el Ejecutivo tenga facultades para disminuir gradualmente y donde lo estime conveniente», comparó el parlamentario.

Asimismo rechazó que el Parlamento faculte al Poder Ejecutivo a tomar determinadas medidas, como por ejemplo, la eliminación o conjunción de distintos ministerios.

Ibarra señaló que su sector cuestiona incluir en el proyecto Rendición de Cuentas modificaciones de la carta orgánica del BHU, ya que se reitera lo realizado en el presupuesto nacional que se modificó la carta orgánica de Antel a través de los artículos 612 y 613 que han sido cuestionados por la ciudadanía.

«Se insiste con modificar la carta orgánica del BHU y se lo prepara para privatizarlo o hacerlo desaparecer, se toman medidas de capitalización y en corto período se le prohíbe recibir depósitos de los ciudadanos, y se plantea que la securitización de las carteras», desatcó. El legislador remarcó una «serie de contradicciones» en los artículos 6, 8 y 130 de la Rendición, que se refieren a AFE, ya que por una lado se crea un directorio con tres miembros, luego se crea un director general y, después, se traslada el organismo a la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Inconstitucionalidad

Por su parte, el diputado Gustavo Penadés (Herrerismo), sostuvo que existen «algunos aspectos que van a ser desglosados de la Rendición, y otros que serán modificados. Queda claro que la Rendición que ingreso al Parlamento no será la misma que saldrá del Parlamento, sino que sufrirá modificaciones».

En ese sentido, el Directorio del Partido Nacional resolvió ayer paralizar todas las negociaciones en la materia hasta tanto no se apruebe la ley de reactivación económica propuesta por los nacionalistas, la cual se considera imprescindible para la «reactivación del país».

Penadés sostuvo que el proyecto cuenta con «alguna norma que puede ser tildada de inconstitucional, como por ejemplo, la prohibición de que los futuros directores de empresas públicas puedan ser candidatos en las elecciones subsiguientes».

«No nos convence la facultad del Poder Ejecutivo para suprimir ministerios y fusionar unidades ejecutoras. La propuesta debió estar contenida dentro de la Rendición».

Entretanto, el diputado Ruben Díaz (Foro Batllista) consideró que hay artículos que «a la luz de la constitucionalidad hay que analizarlos muy detenidamente y ver definitivamente si son constitucionales o no».

En tal sentido ejemplificó con «la autorización genérica para cambiar las funciones a determinados ministerios, lo cual es un tema de dudosa constitucionalidad y para analizar detenidamente».

En cuanto a la facultad que se le otorga al Ministerio de Economía y Finanzas para recortar las partidas que el Ejecutivo vuelca a las intendencias morosas con organismos públicos señaló que «las comunas tienen que sufrir un ordenamiento económico y financiero muy profundo, porque se está gastando mucho en las intendencias y eso no se justifica».

«Las intendencias que tienen atrasos, son las que han sido menos disciplinadas en los gastos, razón por la cual el principio de justicia no debería aplicarse en este caso», puntualizó.

El proyecto de ley referente a la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al estado de resultados del eje
rcicio 2001 presenta un déficit de 12.963:443.000 pesos uruguayos, lo que representa el 5,2 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) generado en dicho año.

El déficit que arrojó la anterior Rendición, del año 2000, ascendió a 9.231.413.000 pesos uruguayos, lo cual representaba entonces el 3,8 del PBI generado en dicho año. *