El PCU plantea que el eje del sistema financiero sea estatal

El planteo figura en un documento, que fue distribuido en la Mesa Política del FA el lunes pasado. El texto comienza con una caracterización de la postura gubernamental sobre el tema: «Tal como el EP-FA ha venido sosteniendo desde hace mucho tiempo, se derrumba el modelo de país basado en la plaza financiera contrapuesta al país productivo.

Y, en su caída, el proyecto neoliberal arrastra a quien ha sido su principal impulsor y beneficiario: el sistema financiero transnacionalizado.

Frente a ello, y sin consultar a nadie más que a los banqueros y organismos multilaterales, Bensión destinará alrededor de U$S 1.000 millones del préstamo del FMI al reforzamiento, vía capitalización o préstamos, de la banca en crisis. También se emitirán títulos de deuda con igual finalidad. Como vemos, con los dineros públicos se está produciendo una gran y turbia operación de rescate de los bancos privados en quiebra, buena parte fraudulenta.

Esa es la gran cuestión de Estado que pretenden algunos, o sea, que los esquilmados trabajadores paguemos todos los riesgos y malos negocios de los banqueros. Todo ilegal o, al menos, dudosamente legal, pues la legislación vigente le impide al BCU, asistir a un banco privado más allá del límite dado por su patrimonio contable. Quizá justamente por ello en el caso del Banco Comercial se utilizó a un organismo estatal, pero que se mueve en el marco del derecho privado como la Corporación Nacional para el Desarrollo, para eludir esa legislación. ¿Se violó el espíritu, pero no la letra de la ley?».

Los comunistas cuestionan, también, la creación de un fondo para el rescate bancario, que con origen fuera de la ley «pretende legalizarse por los caminos del decreto, de modo de evitar la discusión parlamentaria y la intervención y los controles democráticos sobre el tema».

No repetir el pasado

El PCU alerta, además, sobre la posibilidad de que se instrumente una nueva compra de carteras pesadas e incobrables en manos de la banca privada, como se hizo en 1982 cuando la ruptura de la tablita. Para el documento comunista es necesario integrar definitivamente al sistema financiero estatal, todos los bancos intervenidos y saneados con los dineros públicos. Esto a partir, de que para el PCU, «el eje del nuevo sistema financiero deberá ser, contrario sensu de lo que pretende la política neoliberal en curso sostenida por el FMI, el sistema financiero estatal. Este, junto con las empresas del Estado, son para nosotros las herramientas básicas para concretar un país realmente independiente, en el cual se revalorice el mercado interno y el trabajo nacional, se redistribuya el ingreso en forma progresiva y se aplique un seguro universal de empleo y formación para jefes de familia desempleados».

El texto propone capitalizar los bancos públicos, utilizando parte de los U$S 1.000 millones del préstamo del FMI y eliminando la cláusula por la cual los depósitos del gobierno central deben ser encajados (inmovilizados) en un 100%, lo que impide que el BROU haga operaciones de réditos con los mismos. Al mismo tiempo se opone a la securitización (venta de deuda) de la cartera del Crédito Social del BROU o del BHU.

Luego detalla seis medidas más, entre las que destacan: la complementación de funciones de la banca estatal y no su fusión; terminar con el clientelismo político en los bancos públicos, con la consecuencia de los «créditos de favor» (que alcanzan al 10% de los préstamos) y que posteriormente se vuelven incobrables; definir líneas de largo plazo y tasas preferenciales para los sectores productivos definidos como estratégicos en el proyecto alternativo.*