Acusan por tráfico de influencias a edil salteño

En una carta dirigida a LA REPUBLICA, Roque Capillera explica la situación vivida en su relación de dependencia laboral y funcional con el edil nacionalista.

La carta

A continuación reproducimos la carta enviada por el funcionario a LA REPUBLICA. He aquí su texto:

«Salto, 18 de junio de 2002.

 

Señor director del Diario LA REPUBLICA

Dr. Federico Fasano Mertens

El que suscribe Ruben Roque Capillera Silva, C.I. 3.962.173-2, con domicilio en calle Cervantes 2002, quiere hacer saber que se encuentra en la siguiente situación.

En el período 1995-2000 fui nombrado secretario de bancada de la ex edila Graciela Etcheverry, perteneciente al Partido Nacional-Lista 58, quien cumplía la función de edil titular de dicha lista y su esposo, el señor Humberto Silveira, actuaba como edil suplente en la Junta Departamental.

Hay un Reglamento Interno según el cual quien tiene derecho a un secretario es el edil titular y no el suplente. Cuando fui nombrado secretario de la edila Etchevery tenía que cumplir funciones políticas encomendadas por dicha edila. Pero en este caso el señor Silveira me expresó que los secretarios de bancada no servían para tal función y que pasaban hablando por teléfono y tomando mate en sus respectivas bancadas.

Entonces el edil suplente tenía un taller particular de automóviles y me expresó que, como en la Junta Departamental de Salto, según manifestaciones de él, no se hacía nada, resolvió llevarme a su taller particular y siempre me amenazaba que el día que no concurriera a trabajar a su taller, él me dejaba sin empleo en la Junta.

En principio tuvo que cambiar de secretario y me entregaba alguna cantidad de dinero por el trabajo en su taller, pero no cubría el trabajo que yo hacía. Yo cumplía dos funciones a la vez y cobraba sólo por una. Yo siempre quise tener una conversación con respecto al salario del taller, pero nunca me escuchó y, como él se consideraba el patrón, tenía la última palabra. Pero a fin de mes, sí se acordaba de mandarme a cobrar a la Junta y si demoraba me estaba llamando por teléfono, porque, según él, yo tenía que estar sí o sí en el taller, pero no se acordaba que tenía que afiliarme al BPS y Seguro, como indica la ley. Como edil político él tenía que saberlo, porque tenía una empresa y conocía las leyes vigentes.

Yo cumplía los horarios estrictos como él quería y no podía faltar ningún día a su taller, porque siempre estaba la amenaza antes mencionada y si llegaba cinco minutos tarde siempre estaba de cara fea. Mi tarea en el taller era hacer trabajos de todo tipo, administrativos, limpieza, trámites bancarios, lavar micros que él cobraba y yo no; también me encargaba recoger las encomiendas que venían desde Montevideo y tenía que levantarme a las siete de la mañana para estar antes de la hora ocho para abrir el taller y, por la tarde, a partir de la hora 13 tenía que hacer los trámites bancarios, teniendo que abrir el taller a las 14.30. El horario de atención al público era de 8 a 12 por la mañana y de las 14.30 a 18.30 por la tarde.

Cuando el señor Silveira tuvo bien claro que su taller se quedaba sin clientes y tenía que cerrar, mediante sus contactos políticos llamó por teléfono a dirigentes de Montevideo y les expresó que se encontraba en esa situación, que no quería cambiar la situación económica en que se encontraba y quería proseguir igual. Entonces, el señor Silveira, mediante una llamada telefónica, fue nombrado guardahilos de Antel y pasó a ganar su buen sueldo como todos los políticos. A mí, el señor Silveira me consiguió un empleo en la empresa Trenal S.A. y el sueldo que me quedaba líquido era $ 800 (ochocientos pesos) para darle a mi familia que se compone de esposa y tres hijos.

Debido a que no quiso ningún arreglo conmigo, resolvió sacarme de secretario de la Junta y ni siquiera tuvo la deferencia de avisarme. Me enteré por otras personas, fui a hablar con él y se negó a cualquier arreglo. Entonces consulté un abogado y fui al Ministerio de Trabajo, donde posteriormente fuimos citados con nuestros respectivos abogados a una audiencia de conciliación. El señor Silveira negó haber tenido alguna relación laboral conmigo y se escondía detrás de su abogado, que también es político y sabe perfectamente la función que yo cumplí. Entonces se recurre a la vía judicial y también a la presentación de testigos, que declararon que me veían en su taller cuando llevaban sus autos.

Nunca pude hacer uso de las licencias ya que el señor Silveira, como patrón tenía que hacerlo. Se iba de vacaciones con su familia y yo quedaba a cargo del taller, donde pagaba las cuentas de luz, teléfono y tenía que atenderle los clientes. En la demanda presentada vía judicial los testigos declararon haberme visto en mi taller. Esto significa que yo no estoy mintiendo.

Cuando el juez le toma declaración al señor Silveira en mi presencia y la de mi abogado, él dice que no tuvo relación laboral conmigo. Quiero dejar en claro que yo no miento ni me escudo en la mentira.

Con respecto a los salarios, cobré en la Junta Departamental, en el período 1/3/95 al 31/10/9 con todos los derechos correspondientes, pero no los del taller, que según el señor Silveira dice que fueron cubiertos por la Junta Departamental. Mi número de funcionario era el 8.034. Mi nota tiene como fin que esto se sepa, ya que el señor ex edil Humberto Silveira, perteneciente a la Lista 58 del Partido Nacional, siendo suplente no puede acceder a tener un secretario a su cargo, ya que en el Reglamento Interno de la Junta Departamental se especifica que quién puede tener secretario es el edil titular.

En primera instancia, salió fallo favorable al señor Humberto Silveira y pasó al Tribunal de Apelaciones.

Sin otro particular, agradeciendo la publicación de la presente, lo saluda atentamente.

Ruben Enrique Capillera Silva. *

C.I. Nº 3.962.173-2″.

 

(N de R.- El original de la carta de Capillera obra en poder de LA REPUBLICA, así como fotocopias de recibos firmados por Capillera en sus cobranzas del taller de Silveira)