Judiciales reclaman traspaso efectivo de recursos del Poder Legislativo al Judicial

La gremial que nuclea a los funcionarios judiciales es partidaria de que la Suprema Corte de Justicia suspenda las transformaciones de cargos –ingresos por concursos, designaciones directas presupuestadas o contratadas, incremento de partidas que afecten al grupo 0–, hasta que no se efectúe un estudio y racionalización de los Recursos Humanos del Poder Judicial, según lo resuelto en la última asamblea general de AFJU.

En dicha asamblea se decidió ratificar el criterio de que la partida de 800 pesos que se entrega a los funcionarios forma parte del «salario» de acuerdo con lo que establece la última ley de presupuesto, que la misma se incrementa con criterios de ajuste salarial y de existir ahorros suficientes se incrementa el monto actual.

También se mantiene el criterio y la base, con sus respectivas escalas salariales, del Proyecto de Reestructura presentado por la Ley de Presupuesto del año 2000, postergando en todo caso su aplicación y que la partida otorgada de 46:480.000 pesos uruguayos a partir de 2003, se asigne con el criterio de distribución de monto igualitario entre los funcionarios, facultando al Consejo Ejecutivo el concepto o renglón de liquidación.

Con respecto al financiamiento de la exoneración total y parcial dispuesta por las dos leyes de ajuste fiscal, «lo que genera incertidumbre con respecto al pago de conquistas de los funcionarios», la asamblea de AFJU continúa con su rechazo y pide la derogación del artículo 4º de la Ley Nº 17.423, siendo contraria «al procedimiento empleado y al/los ideólogos del referido artículo». Este artículo exonera del incremento del Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP) a los cargos con salarios más altos del Poder Judicial «a través de ciertas influencias con las que cuentan algunos con el poder político» y «acentuando más las irritantes diferencias entre los propios integrantes del Poder Judicial», según señaló AFJU en su momento. Esta exoneración del aumento al IRP beneficia a magistrados del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, fiscales y técnicos profesionales del Ministerio Público, Fiscal, Procurador y Subproductor del Estado en lo Contencioso Administrativo, fiscales de gobierno, secretarios y prosecretarios letrados de la Fiscalía de Corte (escalafón N) y de la Suprema Corte de Justicia (escalafón I), defensores de oficio y actuarios del Poder Judicial y los secretarios abogados que se desempeñan en el Servicio de Abogacía de la Suprema Corte. Según el artículo cuestionado, la exoneración que comenzó a regir a partir de marzo, se financiará con la partida de la reestructura del Poder Judicial de 2003, lo que genera preocupación entre los funcionarios judiciales.

En relación a la Rendición de Cuentas también se reivindica mantener la reestructura presupuestal y de cargos elaborada en su base por la AFJU, planteando en todo caso una postergación para su implementación; el pago de la cuota mutual para los funcionarios de los escalafones II al IV no equiparados, y el incremento de la partida por asiduidad en un 5%; la inclusión en el salario de todas las partidas que ya se encuentran salarizadas, y la presupuestación de los contratados con más de dos años de antigüedad.

Ratificar el Estado de Alerta del gremio.

A su vez, AFJU convoca a todas las gremiales del Poder Judicial para discutir una plataforma y acciones en conjunto, teniendo prevista una nueva asamblea general para el próximo 17 de julio. *