Bensión "engañó a la ciudadanía; le faltó ética"

PCU: La flotación libre del dólar sólo favorece a grandes exportadores

Para el Partido Comunista del Uruguay (PCU), el establecimiento de la flotación libre, en sustitución del régimen cambiario anterior, expresa la coincidencia «objetiva entre los grandes exportadores nacionales, los acreedores del exterior y el Fondo Monetario Internacional (FMI)». A la vez demuestra que el ministro de Economía, Alberto Bensión, «engañó a la ciudadanía, le faltó ética» y, por tanto, «debe renunciar». Según los comunistas, Bensión hizo que muchas personas refinanciaran sus deudas en dólares, pues les había asegurado que se mantendría la política monetaria de una banda de flotación y una depreciación acotada de la moneda uruguaya.

El documento elaborado por la Comisión de Programa del PCU sostiene que «la devaluación provoca una caída del poder de compra de los sectores con ingresos fijos, reduce el salario real, deprime la demanda interna, todo lo cual colabora con el objetivo de aumentar las exportaciones. Se trata, entonces, de una enorme transferencia desde el conjunto de la economía, particularmente de los salarios, hacia los empresarios exportadores, un procedimiento de redistribución de riqueza».

La razón de la modificación de la política cambiaria es, para el PCU, «aumentar la competitividad de los exportadores a través de una mejora del tipo de cambio, pero sobre todo mediante la reducción del salario real de los trabajadores y trabajadoras; generar los dólares necesarios para pagar el servicio de la deuda externa e interna generada masivamente en el ciclo importador de dólar barato; poner en marcha la sugerencia del FMI respecto a la necesidad de aplicar la flotación cambiaria».

Todo ello porque la «mantención del tipo de cambio fijo implicaba la constante erosión de reservas y ello tiene un límite al que se estaba por llegar; entonces el gobierno adoptó la flotación limpia del valor del dólar como salida de la situación».

Los que la quedan

El documento señala que la medida tiene un claro sector favorecido, «el sector exportador, pues la devaluación busca elevar el precio de los bienes exportables». Sin embargo, ello sería posible en la medida «que no se desate un proceso fuertemente inflacionario que aumente los costos internos y compense parte de la mejora; que la empresa no esté fuertemente endeudada en dólares, lo que compensa la mejora obtenida; que no necesite de crédito para reactivarse, ya que es presumible el incremento de las tasas de interés en pesos, resultado de la aplicación de una política monetaria restrictiva».

En cambio, se verán perjudicados por la pérdida de valor del peso y la inflación agregada. «Los asalariados y jubilados, en la medida que no haya una rápida adecuación salarial y se incrementen los precios de la canasta familiar. Más aun si están endeudados en dólares; las empresas deudoras en dólares; las familias endeudadas en dólares; las producciones para el mercado interno, más aun si están endeudadas en dólares y más aun si funcionan sobre la base de insumos importados (producción hortícola y frutícola); las empresas públicas que tienen insumos importados; el Estado, que tiene la deuda en dólares y cuyos ingresos fiscales son en pesos».

Ante esa realidad, el PCU propone un aumento de salarios » a cierto tiempo de la devaluación por el equivalente a la inflación de ese período».

Así como el «control de los precios de los bienes de la canasta básica (alimentos, medicamentos, etcétera), vía medidas coercitivas, controles sobre la especulación y reimplantación de los sistemas de abastecimiento del estilo de la ex Subsistencias; acuerdo para el suministro de productos exportables a precios adecuados, atenuando el fenómeno del encarecimiento de dichos productos al mejorar su precio internacional; otorgar un subsidio a los productos importados de la canasta básica que no sean producidos en Uruguay en cantidad suficiente. Igual tratamiento a los bienes intermedios imprescindibles al proceso industrial».

Finalmente plantea «promover negociaciones colectivas entre acreedores y deudores (de vivienda, de bienes de consumo, de créditos) sobre la base del reparto equitativo de los costos que generó la medida de devaluación y con el objetivo de preservar durante esta fase crítica las empresas abiertas y las fuentes de trabajo». *

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