Están todas las firmas

Los dactilóscopos de la Corte Electoral verificaron las firmas necesarias el sábado pero continuaron trabajando hasta alcanzar las 608.282 papeletas, lo que asegura que se superó la cantidad de firmas que se necesitaban. Ahora se está trabajando en las adhesiones que fueron rechazadas para contabilizarlas en forma exacta antes de dar a conocer todas las cifras. El 20 de febrero pasado, la Comisión de Defensa del Patrimonio Nacional presentó 701.593 firmas, de las cuáles ocho mil fueron descartadas en una primera instancia porque no tenían el número de credencial o la huella digital. El análisis del resto de las papeletas superó ampliamente las 603.359 firmas equivalentes al 25% de los 2.413.436 ciudadanos habilitados para votar. El hecho de haber terminado el control de papeletas y firmas ni significa que el proceso esté terminado. La dirección del registro de firmas entregará un informe a la Corte en los próximos días y recién allí se dará por terminado el proceso con las papeletas. La Corte se reunirá el jueves a solicitud del ministro Wilfredo Penco para analizar la posibilidad de pronunciarse en forma separada sobre la verificación de adhesiones y el aspecto jurídico del tema. Penco considera que «no es necesario resolver la calificación del recurso en una única resolución». Esta alternativa permitiría proclamar que se alcanzó la cantidad de firmas aunque la Corte no haya resuelto la viabilidad jurídica.

La Comisión de Asuntos Electorales se reunió ayer para tratar el tema y el jueves presentará dos informes al plenario, uno elaborado por el ministro Renán Rodríguez en contra de la doble proclamación y otro impulsado por el ministro Washington Salvo a favor de la misma.

Por otra parte, la Comisión de Asuntos Electorales tiene plazo hasta setiembre para pronunciarse sobre la viabilidad del recurso pero se espera que lo haga en los próximos días. Habrá un informe en mayoría elaborado por los ministros Rodolfo González Rissotto, Manuel Báez y Washington Salvo y uno en minoría que será entregado por Renán Rodríguez y José Orlando. El primero, que cuenta con mayoría en el plenario de ministros, sugerirá que se acepte la viabilidad del recurso mientras el segundo planteará que no es aceptable porque los artículos objetados integran una ley presupuestal. Las posiciones dentro de la comisión permanecen incambiadas, por lo que técnicamente no hay razones para continuar demorando la entrega de los informes.

Para cumplir con la obligación constitucional de convocar a referéndum, la Corte necesitará que el Poder Ejecutivo le transfiera entre tres y cuatro millones de dólares. Si bien la cifra concreta recién se manejará una vez que el proceso esté completo, existe preocupación a nivel del organismo porque el gobierno ya se negó a transferir los 200.000 dólares invertidos en la etapa de conteo y verificación. *