Proyectan nueva ley para ex presos, exiliados y perseguidos en dictadura

La asamblea también resolvió que las organizaciones que integran la coordinación, es decir, Crysol, PIT-CNT, el Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS y Sedhu-Acnur, destinen abogados para asesorar legalmente sobre la elaboración de una norma jurídica en ese sentido.

También se solicitará al Banco de Previsión Social (BPS) que acelere el ritmo de la tramitación de la documentación debido al escaso tiempo que las personas tienen para demostrar ante la comisión gubernamental cuál era su situación laboral en la época de la dictadura militar.

Por último, se mandató a los respectivos delegados de la coordinación para que inicien una ronda de contactos con la dirigencia política con el objetivo de lograr el apoyo de este sector en la lucha por los derechos jubilatorios que las personas perseguidas durante la dictadura militar están manteniendo.

El integrante del equipo que representa a los trabajadores en el BPS, Ernesto Murro, explicó a LA REPUBLICA que «hasta ahora la comisión gubernamental no se ha expedido sobre ninguno de los casos presentados».

El número de personas que se acogió a la Ley 17.449 asciende a 2.500, pero aún se siguen recibiendo inscripciones debido a que hay un proyecto de ley que será estudiado por el plenario de la Cámara baja la semana entrante, que pretende extender por 90 días los plazos de vencimiento para presentar la documentación de las personas afectadas.

Cabe destacar que el plazo legal para realizar dicho trámite caducó el 27 de mayo.

En dicha iniciativa, también está contemplado que se prorrogue por 120 días más el tiempo que la comisión gubernamental destinará al tratamiento de cada caso en particular.

Murro manifestó que la próxima semana seguramente van a comenzar con el estudio de los casos, puesto que por el momento sólo hay «vistas del abogado que asesora a la comisión gubernamental», pero ninguna resolución definitiva.

Incluso, Murro explicó que «las vistas», o sea la opinión del abogado sobre cada expediente, «no necesariamente coincide con la de la comisión».

Murro citó el ejemplo de las personas exiliadas en Argentina, cuyos casos no estarían amparados en la ley para el asesor legal, pero sí «por lo menos para dos integrantes de la comisión, uno de ellos su presidente», quienes entienden que sólo estarán excluidos de la norma jurídica «los períodos en que la persona trabajó y que es reconocido por esos países donde fue exiliado».

Además, «el lapso donde hubo una ocupación laboral será reconocido por los convenios bilaterales con esos países», explicó Murro.

El dirigente de los trabajadores también manifestó que «habría mayoría en la comisión gubernamental para que los exiliados antes del 9 de febrero de 1973 no estén comprendidos dentro de la ley», pero hasta que no sea oficial no es conveniente elaborar ningún proyecto de ley que ampare estos casos.

En la asamblea, que se desarrolló en el teatro de AEBU, estuvieron presentes los diputados del EP-FA José Luis Blasina, Martín Ponce de León y León Lev, quienes escucharon las inquietudes de los participantes. *