"El juicio y castigo a los represores exige tener poder político para controlarlos"

Moreno Ocampo, hoy presidente de la fundación argentina Poder Ciudadano, estuvo en Montevideo participando del seminario «Corrupción en la contratación pública», organizado por la Fundación Ciudad de Montevideo, la Fundación Konrad Adenauer, la Universidad Católica del Uruguay y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas.

Consultado por LA REPUBLICA sobre su opinión en torno a las privatizaciones de las empresas públicas argentinas (léase, YPF, Aerolíneas Argentinas y Telefónica, entre otras) y los procesos licitatorios adjudicados que desembocaron en casos de corrupción, Moreno Ocampo sostuvo que «las privatizaciones fueron una gran venta del Estado. Las primeras de estas ventas, como Telefónica y Aerolíneas Argentinas, estuvieron muy vinculadas a hechos de corrupción. Hay muchas denuncias e información sobre delitos en esas gestiones. Al mismo tiempo que pasaba eso, las compañías públicas argentinas también eran muy corruptas. De alguna manera, el Estado transfirió al sector privado el problema, aunque el Estado argentino sigue teniendo mucha corrupción».

En este sentido, el abogado definió a la corrupción como una enfermedad. «Hay que evitar epidemias y tratar de reducir los problemas», graficó Moreno Ocampo. «En general con estos temas nos planteamos soluciones jurídicas y morales que son parte de la solución, pero no alcanzan. Me parece que tenemos que enfocar más hacia el lado de la calidad de gestión de los organismos públicos y cómo se utilizan los fondos públicos. Mi propuesta es comenzar a concentrarnos en un indicador –la comparación de precios a la hora de las compras públicas– que las empresas privadas utilizan como contralor de la corrupción».

Agregó: «Al menos en mi país a los políticos se los asocia con la corrupción. El desafío para la clase política es mejorar su eficiencia en este punto. Uno de los puntos medulares es saber de dónde provienen los fondos para las campañas políticas».

Los militares y la represión

Con referencia a su recordada labor como fiscal adjunto en el juicio a las Juntas Militares argentinas, en 1985, dijo: «Fue algo muy positivo, apareció la idea de que la ley existía. En la Argentina de esa época se dio un caso muy curioso: la clase política había desmontado a la clase militar, ocupaba ese espacio de poder y no quería que volvieran los militares».

Su opinión, en el caso concreto de los militares uruguayos que violaron los derechos humanos y la posibilidad de ser enjuiciados, señaló que «el juicio y castigo exige tener poder político para controlar a las fuerzas militares que estuvieron involucradas en la represión. De lo contrario, no tiene sentido.

En Argentina, teníamos un gobierno militar que había caído demolido por la guerra de las Malvinas. Cuando quisimos avanzar muy lejos y juzgar también a los autores materiales, aparecieron las reuniones militares y una componenda para que nos detuviéramos ahí».

Moreno Ocampo también hizo referencia a los obstáculos que debió enfrentar en las investigaciones que derivaron en delitos económicos que implicaban a la clase política o, al menos, algunos de sus integrantes. «Este tipo de delitos, donde estaban implicados algunos políticos, fue resistido por la clase política, que trató de arruinar las investigaciones, designando jueces y fiscales nuevos que, básicamente, eran sus amigos, como forma de mantener la corrupción», agregó el abogado.

«Tenemos que entender que la legalidad no es solamente una tarea del Poder Judicial: Tribunales es a la Justicia lo que el quirófano es a la salud pública, una parte profesional importante pero pequeña de la totalidad del problema. El cólera no se resuelve con quirófanos y los problemas de corrupción deben encararse como gestión y ser manejados por la sociedad y por quienes manejan los fondos públicos», enfatizó Moreno Ocampo. *