El Tribunal de Cuentas invalidó la reforma presupuestal en Maldonado

CARLOS PELAEZ, MALDONADO

 

La resolución se sustenta en lo expresado por el artículo 219 de la Constitución que se refiere a que «sólo se podrán enviar mensajes complementarios o sustitutivos sólo dentro de los 20 días a partir de la primera entrada del proyecto».

A juicio del organismo, el expediente aprobado por la Junta y enviado por la Intendencia el 28 de mayo pasado es sustitutivo del mensaje enviado el 18 de abril «y en consecuencia lo actuado no se ajusta a la norma constitucional».

Según fuentes del TCR consultadas por LA REPUBLICA «tampoco se pueden incluir en una adecuación presupuestal las modificaciones que incluyen en este expediente». Ahora la Intendencia se habría quedado sin posibilidades de contraer un préstamo de 14 millones de dólares, que si bien había sido aprobado por el TCR, figura como ingreso en la adecuación y por lo tanto caería.

La disyuntiva ahora es de hierro. La Intendencia debería aceptar lo que reclama la oposición y reducir significativamente el número de directores y direcciones, además de la mayoría de los contratos de obra y con empresas que prestan servicios. En caso contrario, tal como lo anunció Antía, «se vería obligado a despedir a 1.000 funcionarios para no tener que cerrar las puertas del municipio en agosto».

El expediente podría terminar a consideración de la Asamblea General del Parlamento, que deberá expedirse en un plazo menor a los 40 días. En caso contrario quedará firme, a pesar de las observaciones.

Pero el tema, según varias fuentes políticas consultadas anoche, «es quién se presta a votar tamaña violación a la Constitución». La adecuación permitía descuentos salariales por franjas que ya fueron realizados en los sueldos cobrados en los primeros días de junio. Además se forzaba el retiro de funcionarios que tuvieran más de 63 años. Varios de ellos renunciaron antes. Pero ahora la Comuna no sólo se vería obligada a devolver lo descontado incorrectamente, sino que además podría enfrentar importantes juicios emprendidos por quienes renunciaron en base a una norma inconstitucional.

Repercusiones políticas

LA REPUBLICA consultó anoche al edil nacionalista Alvaro Villegas, uno de los impulsores del proyecto, quien sostuvo que «recién se estaba enterando porque la resolución acababa de llegar a la Junta Departamental, por lo tanto no estoy en condiciones de opinar hasta que lo lea correctamente». Villegas informó que «la resolución ya estaba siendo considerada por la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Junta». En tanto, el también edil nacionalista Alfredo Lara, que fue uno de los más severos opositores a la propuesta municipal, dijo: «Me entero por ustedes, pero no me extraña, la resolución del TCR ratifica lo que dijimos en sala. Siempre pensamos que esa propuesta era anticonstitucional». En tanto el edil encuentrista Ruben Toledo sostuvo que «esto provoca un problema político grave para los defensores de la adecuación. Es increíble que con la cantidad de abogados con que cuenta la Intendencia, nadie se haya percatado de la inconstitucionalidad de ese expediente. Parece que los abogados municipales más que interesarse en hacer respetar la Constitución, viven buscando las formas de violentarla». *