Blanco niega vinculación con la desaparición de Elena Quinteros

«Por más que insistan, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de norte sur, la verdad es esa: no tuve absolutamente nada que ver con eso y el que diga otra cosa, miente», declaró Juan Carlos Blanco al salir de declarar del Juzgado Penal de 1er Turno por el pedido de la Fiscalía de procesarlo por privación de libertad debido a la desaparición de la maestra Elena Quinteros en 1976.

Blanco dijo no desear hacer declaraciones en medio de un proceso judicial, pero con un tono de indignación recalcó: «Lo que deseo es aclarar categóricamente, reiterar lo que siempre he dicho: no tengo absolutamente nada que ver con este hecho infortunado. Lo digo categóricamente, afirmo enfáticamente ante ustedes, ante el Uruguay y ante el mundo: nada tengo que ver con eso». Interrogado por el fundamento de sus dichos, el ex canciller respondió: «La verdad, absolutamente la verdad, lo que siempre dije y lo que siempre he sostenido. Respecto a la existencia de un acta en que se detalla que votó a favor de entregar a Quinteros (secuestrada de la Embajada de Venezuela en Uruguay) afirmó que es «falso, mentira, canallada y mentira».

Luego de sus palabras hizo declaraciones su abogado, Carlos Curbelo Tammaro, quien informó de la solicitud hecha a la magistrada de que se oficie a la Comisión Para la Paz, con el fin de conocer en qué está el caso. Blanco –actual columnista del matutino El Observador– fue canciller uruguayo entre 1972 y 1976, los años en que sucedieron la enorme mayoría de desapariciones de uruguayos en Argentina y nuestro país. Sin embargo sus declaraciones marcan que él no estuvo al tanto de esto mientras ocupó tan alto cargo, lo cual deberá ser evaluado por la sede judicial.

Según fuentes consultadas por LA REPUBLICA, en el escrito presentado por la defensa del ex canciller se indica que la conducta de Blanco ni por acción ni por omisión puede ser centro de imputacion de ningún delito y que, si hay elementos de convicción para imputarle violación de libertad, los elementos de convicción actuales llevan a presumir el fallecimiento y no la privacion de libertad de Elena Quinteros, y por ello la solicitud de consulta a la Comisión Para la Paz, para conocer el estado actual de las investigaciones sobre este caso. El pedido a la Comisión Para la Paz también había sido realizado por los denunciantes Raúl Olivera y Luis Puig (quienes contaron desde el comienzo con el respaldo de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT y de la fallecida Tota Quinteros, madre de Elena), por lo que se da por un hecho que en esta ocasión la jueza actuante, María del Rosario Berro, hará lugar a este pedido de prueba. El ex canciller puede ser procesado por la Justicia penal debido a hechos acontecidos durante la pasada dictadura, ya que al ser civil y no militar no está amparado por la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que protege a los funcionarios policiales y militares responsables de violaciones a los derechos humanos entre 1973 y 1985. En los casos de desaparición forzada como éste, la Ley de Caducidad es incluso inaplicable, puesto que la desaparición forzada es un delito permanente que se sigue cometiendo más allá de las fechas que marca la citada ley. Si bien la figura de la desaparición forzada no existe como tal en nuestras leyes, varios jueces y fiscales coinciden en que hasta que ésta sea incorporada, la figura aplicable es la de privación de libertad. *