AFE negó a la IMM materiales que cedió a Oscar Magurno

El 12 de abril de 1999, el entonces intendente –y ahora candidato a la reelección– Mariano Arana y la secretaria general de la comuna, María Julia Munoz, enviaron una misiva al directorio de AFE, solicitando «los elementos ferroviarios conocidos como chilenas» para «contribuir eficazmente a la mejor realización de diversas actividades por parte de las dependencias» de la comuna.

En su edición del pasado miércoles 5, LA REPUBLICA informó que el directorio del ente ferroviario resolvió conceder al candidato colorado a la intendencia de Montevideo, diputado Oscar Magurno, 5 bastidores de chilenas con el objetivo de utilizarlos como puentes de calzadas o cruces para las canadas existentes en los asentamientos irregulares 19 de noviembre, Ansina y Villa Progreso.

Víctor Lissidini, actual presidente del directorio de AFE, estaba al frente del ente cuando Arana envió el pedido. El Comando Electoral del Encuentro Progresista-Frente Amplio, adjudicó un «claro sentido proselitista» al directorio del ente. «Llama la atención que habiendo solicitado el material por autoridades legítimamente electas por la población de Montevideo, se le dé ahora a un sector político», dijo Munoz a LA REPUBLICA. La secretaria general senaló que el ente «no nos dijo que no, sino que ni siquiera nos contestó, lo que es peor».

En un acto realizado en La Comercial este miércoles, Magurno dijo que su intención de donar a los citados asentamientos el material ferroviario era para «que los ninos y las personas mayores cruzaran esas pequenas canadas». En una carta de Magurno publicada en la víspera por LA REPUBLICA, éste senala que «como la Intendencia Municipal de Montevideo no se ha ocupado de estos asentamientos, ni de muchos otros, es que un integrante del gobierno nacional ha asumido esa función ante la flagrante omisión municipal».

Por su parte, Munoz senaló que el candidato colorado «habla de que la Intendencia no hizo nada en la periferia, pero la gente a esa zona de la ciudad fue arrojada por anos de gobiernos que han cerrado fábricas y no se preocuparon del salario digno de policías y trabajadores públicos». «Desde 1990 la Intendencia se ha ocupado de la regularización en los asentamientos de la periferia y las obras más grandes las hizo en esa zona», agregó Munoz en alusión al Plan de Saneamiento III, que se hizo en barrios que «lo venían pidiendo desde hace 40 anos». «Es extrano que los candidatos que pertenecen a los que crearon los pobres, ahora se preocupen por la situación de la pobreza», ironizó la jerarca comunal.

«Despropósito»

Munoz sostuvo que la actitud de AFE «es un despropósito, porque si los materiales hubiesen sido pedidos por una autoridad legítimamente electa como una intendencia blanca o colorada era correcto. Pero no puede negarlo a una autoridad de este tipo y usarlo para campana política sectorial, cuyos directores están impedidos por la Constitución de hacer actividad proselitista».

Un fragmento del inciso 4o del artículo 77 de la Constitución de la República, senala: «Los magistrados judiciales, los miembros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal de Cuentas, los Directores de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, los militares en actividad, cualquiera sea su grado, y los funcionarios policiales de cualquier categoría, deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez anos para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso del nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto».

Sin embargo, en su carta, Magurno senala que «quien hizo la gestión y recibió la cesión en calidad de préstamo, como lo establece claramente la resolución, no es un particular, sino un Representante Nacional, miembro de la Cámara de Diputados de la presente legislatura». Los senadores del EP-FA, Marina Arismendi, Danilo Astori y Alberto Cid solicitaron al presidente de la República, Jorge Batlle, que anulara la resolución. La Unión Ferroviaria también manifestó su «más enérgico rechazo» a la decisión del ente, al que llamaron a actuar con «responsabilidad política».