NE propuso que entes presenten informe financiero mensual

La presentación de un informe mensual al Parlamento por parte de los entes autónomos, lograr la recuperación salarial de maestros y profesores, reducir la tasa del Impuesto al Valor Agregado a insumos informáticos, y la disminución de aportes patronales de la industria manufacturera y el comercio, son algunas de las propuestas que el Nuevo Espacio (NE) remitió al Presidente de la República para su inclusión en la redacción final del proyecto de ley de Urgencia.

El NE entiende que en el anteproyecto de ley de Urgencia se incluye «una vasta nómina de temas, y se trata de una normativa muy heterogénea tanto en la selección de asuntos abordados como en el nivel de las soluciones en el texto». Para el sector que lidera el senador Rafael Michelini, las urgencias en el Uruguay de hoy son «la educación, el empleo, la mejora de la competitividad y las respuestas específicas a la crisis del sector agropecuario».

Propuesta

El NE aspira a que en el texto de la ley de Urgencia se mantenga el criterio de que las normas que afecten la libertad de las personas «sean tratadas por una ley normal». En tanto que, en el «compromiso por la educación», la colectividad entiende que es «imprescindible lograr una recuperación salarial de maestros y profesores, dignificando las profesiones y redistribuyéndolas de acuerdo a las importancia del papel social que cumplen». Es decir, que una parte del incremento de la recaudación del Estado por efecto de crecimiento de la economía se oriente a favor de la educación».

Propone incluir en el anteproyecto de ley la reducción de la tasa del IVA a la compra de computadoras personales, impresoras y programas informáticos los que tributarán a la tasa del cinco por ciento el impuesto. Mientras que en las garantías para el control de gastos de las empresas públicas se propone que «los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del Dominio Comercial e Industrial del Estado deben presentar, en soporte informático, un informe mensual al Poder Legislativo sobre todos sus gastos».

Las medidas para el fomento del empleo son: «La reducción de los aportes patronales de la industria manufacturera a una tasa del tres por ciento y en el resto de la industria y el comercio de 12,5 por ciento a partir de la promulgación de la presente ley».

«Elaboración en el plazo de 90 días de un proyecto de ley marco de convenios colectivos a nivel de empresas, eliminación de la tasa por exportación, admisión temporaria del LATU y eliminación de la comisión a las exportaciones del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU). Exoneración durante los anos 2000 y 2001 del IVA a hoteles y otros alojamientos turísticos». También se sugiere la «reducción expresa de los gastos de publicidad de las empresas públicas, y el compromiso de elaboración en el plazo de 90 días de un proyecto de ley para la transformación de AFE en una sociedad de economía mixta».

Entre las proposiciones para el sector agropecuario, se pretende que el Banco de Previsión Social acredite a «los productores agropecuarios que tengan la calidad de arrendatarios, como pago a cuenta de sus aportaciones y en las condiciones que establezca la reglamentación, una suma equivalente a la deducción del 25 por ciento de la contribución inmobiliaria rural que le correspondiere al titular del inmueble rural». «Se facultará al Poder Ejecutivo a dotar al Programa de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo del Riego (Prenader), de los fondos necesarios para atender los proyectos y solicitudes presentadas, hasta una cifra de 1.800.000 dólares con cargo a Rentas Generales», opina el sector. Además «la exoneración del Imeba por los ejercicios 2000 y 2001″.

Con el objetivo de focalizar la mayor precisión a la promoción de las inversiones en el interior de país se pretende agregar al anteproyecto, que «la Oficina de Planeamiento y Presupuesto definirá un conjunto de parámetros que determinará un ordenamiento preferencial de los departamentos, zonas o regiones para la promoción de nuevas inversiones». Entre las normas sobre la competencia se propone que las empresas que desarrollen actividades económicas, cualquiera fuera su naturaleza jurídica, estarán sujetas a las reglas de la competencia, sin perjuicio de las limitaciones que surjan de la naturaleza de servicio público de la actividad».