Informe único pedirá la formación de investigadora

La preinvestigadora que sugerirá a la Junta Departamental la instalación de una investigadora para analizar las 83 denuncias presentadas por funcionarios municipales contra uno de los secretarios del Servicio de Vigilancia de la División de Tránsito de la Intendencia de Montevideo (IMM) tendrá un informe único, según se resolvió ayer en la primera reunión de sus miembros.

Jorge Freiganes (PC), Esteban Jardín (PN) y Eduardo Béjar (EP) recibieron al denunciante, César García, quien planteó su pedido de investigación al funcionario por porte de armas, malos tratos y reparto indiscriminado de viáticos y horas extra. Los representantes de los tres partidos resolvieron recibir el lunes un informe del director de Servicios Jurídicos de la comuna, Adolfo Pérez Piera, y posteriormente elaborar un informe único solicitando al plenario la investigación. La intención del Encuentro Progresista es acompañar la solicitud, por lo que el deliberativo contará con la mayoría necesaria para instalar la investigadora.

Sin embargo, el edil Jorge Zabalza considera que la Junta Departamental cometerá «una intromisión en aspectos administrativos» si instala una comisión investigadora.

Denuncias por «interés electoral»

El curul de la Corriente de Izquierda (CI) señaló a LA REPUBLICA que la administración municipal «ya tiene una investigación en marcha» a escala de Servicios Jurídicos, por lo que a la Junta recién le correspondería intervenir «en caso que esa investigación termine en sumario y destitución».

Desde el punto de vista de Zabalza, la instalación de una comisión investigadora «deja sin garantía a los funcionarios, porque si se vuelve costumbre y frente a cualquier situación que se dilucida en la interna de la IMM, empieza a intervenir el legislativo, los funcionarios perderían la garantía del secreto. Aquí se da una situación muy ambigua, donde se confunde la vía legislativa con la administrativa a partir de intereses electorales».

A modo de ejemplo, el representante frenteamplista indicó que «el acoso sexual de que se habla fue en 1996. Se ve que a la denunciante le vino un ataque de pudor tres años después. Estas son actitudes que claramente indican una intencionalidad, tanto en lo que respecta a algunas denuncias como en la intervención de García Acosta». Desde su punto de vista, «el tema se ha partidizado. Con una investigadora quedan en cuestión la IMM y el funcionario, que puede haber cometido alguna falta administrativa menor y ahora queda plenamente identificado por una comisión de la Junta».