Fiscal falla sobre denuncia de Laport contra Moreira

El curul responsabilizó al ex jefe comunal por haberlo difamado en declaraciones realizadas en la TV Cable de Juan Lacaze, donde lo acusó de no creer en la Justicia uruguaya. El abogado defensor de Laport, Sergio Leyzagoyen, afirmó que el comentario fue «un agravio gratuito» por el que Moreira «debe responder».

Este litigio será dirimido en la sede judicial de Rosario por el juez Homero Rivero, el mismo que la semana pasada procesó a Laport –dejando en suspenso la pena de prisión– por difamación, como corolario de la demanda que le iniciara Carlos Moreira. En esa ocasión estuvieron en juego expresiones públicas del curul de izquierda en las que acusaba al ex titular de la Intendencia de Colonia (IMC) de haber participado en una reunión con personas supuestamente implicadas en los ilícitos de la Junta Local de Juan Lacaze para cambiar los testimonios que debían brindar ante el juez Rivero. El fallo del magistrado ya fue apelado.

Solidaridad con Laport

Por otra parte, la Mesa Política Departamental del Encuentro Progresista (EP) emitió una declaración de «total solidaridad con el edil José Luis Laport». La nota asegura que Laport, al igual que otros ediles del EP, «ha sido un activo denunciante de diversas irregularidades cometidas en la IMC bajo la administración Moreira».

Respecto a la estafa descubierta en la Junta Local de Juan Lacaze, la declaración indica que «los colonienses no creen posible que pudiera haber ocurrido sin la complicidad, involucramiento y beneficio de jerarcas de la comuna». Agrega su confianza en el fallo del juez Rivero respecto a este caso pero advierte que el resultado del juicio «no exime a Moreira de sus responsabilidades como administrador».

En ese sentido, repasa algunas objeciones formuladas por el Tribunal al ex intendente en cuanto al sistema de compras de la comuna y el uso indebido de horas extras y viáticos.

Concluye comentando que «las citadas prácticas, a las que debe agregarse la contratación sin concurso ni sorteo de cientos de funcionarios, implican una generalizada violación a la normativa vigente y a los más elementales principios de buena administración».