Campanella se defiende

El intendente de Treinta y Tres, Walter Campanella, sostuvo que las acusaciones a su administración por presuntas violaciones a la Constitución responden a un «ataque político partidario» por la cercanía de las elecciones municipales.

El jefe comunal dijo a LA REPUBLICA que en el informe del Tribunal de Cuentas «no se menciona ninguna violación a la Constitución» y que las irregularidades constatadas «no constituyen ninguna gravedad». En relación a la desaparición del informe del Tribunal de Cuentas durante varios meses de la Junta Departamental, dijo que «es un problema que deberá ser resuelto por la Junta porque en eso la Intendencia no tiene nada que ver».

En relación a las observaciones formuladas a su administración, Campanella señaló que el Tribunal «dice textualmente que en casos excepcionales, la Intendencia Municipal concedió exoneraciones de multas y recargos sin cumplir con el mecanismo dispuesto en los artículos 133 y 273, numeral 3, de la Constitución de la República». Según el intendente, «aquí no se habla de violaciones de la Constitución de la República, ya que las exoneraciones se realizaron con la firma del director y subdirector de Hacienda o del intendente municipal. Además, se trata de exoneraciones excepcionales de multas y recargos, o sea que el monto ni siquiera es trascendente». Respecto al otorgamiento irregular de viáticos indicó que lo percibido por el organismo de contralor es que no se puede identificar a los funcionarios que los perciben. En ese sentido, «ya se instruyó al Departamento de Hacienda para que regularice la situación».

«Cifras mínimas»

Campanella también hizo referencia a la denuncia por la adulteración de facturas correspondientes al alquiler de vehículos y aseguró que «ya se adoptaron medidas al respecto». Aseguró que el tema fue investigado y que fue iniciado un sumario, «cuya reserva nos impide dar a conocer. Se determinó la realización de una pericia caligráfica cuyo resultado será informado al Tribunal de Cuentas».

Afirmó que esta adulteración «tiene un valor total de diez mil pesos, o sea que la Intendencia ha hecho todo lo que corresponde y además se trata de una cifra mínima». En otra parte del informe de auditoría, el organismo de contralor señala que la Intendencia de Treinta y Tres cometió una «omisión» porque «no vertió en tiempo y forma a la Junta Departamental los duodécimos correspondientes a los ejercicios 1996 y 1997″. El Tribunal dice textualmente que «esto puede llegar a configurar eventuales responsabilidades administrativas o políticas, siendo de aplicación el artículo 125 del Tocaf». Para Campanella, «esto simplemente quiere decir que los duodécimos no se vertieron en tiempo y forma, lo que sucede prácticamente en todas las Intendencias del país con dificultades financieras. Acá tampoco hubo violación de la Constitución, aquí se ha hecho una serie de acusaciones, pero no hay ninguna prueba de violación de la Constitución y no hay ninguna gravedad en estos hechos. Sin duda, es un nuevo ataque político partidario debido a la cercanía de las elecciones municipales».