Denuncian a herreristas por amenazas de muerte

Fuentes vinculadas a su entorno político aseguraron que «en los últimos días Dehorta recibió varias llamadas telefónicas e incluso fue abordada en plena calle por un grupo de jóvenes, que identificó como integrantes del herrerismo, quienes también le habrían amenazado».

La denuncia presentada a la policía se extiende sobre las circunstancias ocurridas durante el proceso que culminó con su destitución y que involucra en gravísimos hechos de corrupción a ediles colorados y nacionalistas, además de a varios funcionarios del legislativo. Según las fuentes «todos esos hechos tienen como protagonistas principales a gente vinculada al candidato municipal herrerista Ambrosio Rodríguez».

En las últimas horas Maldonado ardía en rumores a propósito de resoluciones políticas que podrían haber tenido su punto culminante en una fallida reunión de la Junta Departamental, convocada el lunes para tratar su restitución al cargo. Pero la mayoría de los ediles no se presentaron; ni siquiera varios de los nacionalistas convocantes.

Por otro lado el edil Dreyfus Pérez, recientemente reincorporado al Herrerismo y uno de los mencionados como receptor de las amenazas, las desmintió de plano aunque aceptó que «su sector le había solicitado que tomara licencia porque había que evitar que el legislativo sesionara».

Sin embargo en el texto de la denuncia policial a que accedió LA REPUBLICA se deja constancia que dirigentes herreristas lo citaron «a un escritorio para exigirle que firmara una licencia para que ingresara su suplente que votaría contra Dehorta». La denunciante asegura que «además se le pidió a Pérez que se fuera tres días para Garzón». Ante la jueza delegada del Tribunal de lo Contencioso, el edil nacionalista dijo que «en varias oportunidades fue literalmente secuestrado por tres funcionarias de jerarquía del legislativo quienes también lo habrían amenazado». La ex funcionaria presentaría ante el juzgado documentos, testimonios y grabaciones que probarían sus dichos.

El edil Pérez apoyó a Dehorta y recientemente concurrió a testificar a su favor. Según las fuentes «las mismas personas también amenazaron al edil nacionalista Euclides Melgarejo».

Sombras de corrupción

Inmediatamente después de su destitución la ex funcionaria inició un juicio por restitución ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que ha cumplido ya varias instancias y cuyo fallo es inminente. La convocatoria a sesión fue realizada por ediles nacionalistas y todos los integrantes de la bancada frenteamplista. Aunque varios ediles consultados ayer por LA REPUBLICA coincidieron en manifestar su pesimismo acerca de que efectivamente el plenario sesionara.

En tanto, el ex presidente del legislativo Julio Macedo, expresó sus dudas acerca de que «la Junta estuviera en condiciones legales de reincorporar a su ex funcionaria porque actualmente no tiene presupuesto y el cargo está ocupado por otra persona». Según el edil nacionalista «es más que probable que el Tribunal de lo Contencioso le dé razón a Dehorta y ésta deba volver a ocupar su antiguo puesto después de recibir las indemnizaciones correspondientes. Pero hasta tanto el tribunal no se expida, a mi juicio, la Junta Departamental no puede hacer nada».

Como presidente del legislativo, Macedo tuvo la tarea de firmar la destitución votada por la mayoría del plenario. Sin embargo siempre mostró su discrepancia con la medida, votó contra ella y luego defendió a la ex funcionaria presentándose como testigo privilegiado en todas las circunstancias en que fue citado por la justicia administrativa.

Muy distinta a la actitud de su antecesor, Pedro Zuasnábar edil y dirigente herrerista, quien según varias fuentes consultadas, podría quedar incurso en el delito de abuso de funciones, además de varias faltas administrativas por las que en su momento, de acuerdo a la Constitución, debería responder con su patrimonio si se verificara un daño al erario público. El expediente deja en claro que quien destituyó a Dehorta fue él y no la Junta Departamental, con lo que habría cometido una falta administrativa como ordenador del gasto pero además también podría ser acusado por un delito de «abuso de funciones». Para peor el catedrático Mariano Brito consultante de la Junta, dejó estampado en las declaraciones formuladas ante el Contencioso que «sufrió un intento de presión por parte del ex presidente de la Junta».

Zuasnábar es actualmente segundo suplente de Ambrosio Rodríguez en su candidatura a la Intendencia municipal. Y, en tal caso, defendido a capa y espada por el sector del que es un importante dirigente.

Ayer el escándalo político adquirió ribetes policiales y judiciales ya que el Comando de la Jefatura decidió poner en conocimiento de la denuncia a la jueza Fany Canesa, titular del Juzgado Penal de 4º Turno. A su vez la magistrada dio vista a la Fiscalía que instruyó al comisario inspector Luis Maldonado, director de Investigaciones de la Jefatura, para que se haga cargo de las investigaciones.

Dehorta denunció con nombre y apellido a varios ediles blancos y colorados, además de un importante número de funcionarios de jerarquía de la Junta Departamental «por haber participado u haber ocultado gravísimos hechos de corrupción», que son enumerados en un informe adjunto elaborado por una Comisión Investigadora del legislativo.