Adjudicaciones de radio "violan" decretos vigentes

«Las adjudicaciones de Sanguinetti violaron las normas. Por lo tanto son ilegales y deben ser revocadas», sostuvo en entrevista con LA REPUBLICA una fuente de RAMI, la asociación de radios del interior.

Martins, un reconocido especialista en Derecho Administrativo, constató que: «Todas las adjudicaciones incurrieron en la irregularidad de violar dos decretos vigentes», agregó la fuente empresarial. Por separado, cada una de las adjudicaciones habrían cometido distintos «atropellos» a la normativa vigente, según la fuente.

El parecer jurídico de Martins servirá de fundamento para el recurso de revocación presentado por la gremial empresarial ante el Ministerio de Defensa Nacional, cartera que rige los destinos de la Dirección Nacional de Comunicaciones (DNC).

El recurso presentado por RAMI solicitó al presidente Jorge Batlle la revocación de las adjudicaciones dispuestas por Sanguinetti a comienzos de febrero.

Al recurso se sumó una posterior solicitud para que Batlle deje en suspenso las adjudicaciones hasta tanto haya un pronunciamiento en torno al recurso.

Hoy en RAMI

Fuentes empresariales confiaron a LA REPUBLICA que Daniel Hugo Martins celebrará a las diez de la mañana de hoy «una reunión de trabajo» con integrantes del Consejo Directivo de RAMI y con algunos de los 94 radiodifusores del interior que integran la gremial.

«Vamos a analizar caso por caso las adjudicaciones a la luz de cada uno de los expedientes», explicó una fuente de RAMI que agregó: «El parecer jurídico del doctor Martins servirá de fundamento central para el recurso de revocación ya presentado, pero después cada uno de los radioemisores perjudicados deberá presentar su propia fundamentación. Ahora ya todos hemos accedido a los expedientes de adjudicación en cada uno de nuestros departamentos. Casi no nos falta nada para completar la fundamentación del recurso».

La reunión de hoy será con todos los radioemisores que recurrirán contra las adjudicaciones.

Los decretos violados

El decreto 125 del año 1993 obliga al Estado a realizar un estudio de mercado (un estudio técnico y socio económico de viabilidad) antes de adjudicar nuevas radios, como forma precautoria para evitar perjuicios a las radios ya existentes.

El decreto 734 de 1978 obliga al Estado a fijar a las nuevas radios un horario mínimo de transmisión.

Ninguno de los decretos fue respetado por el gobierno Sanguinetti, según Martins.