Aeropuerto: no hubo dictamen del Tribunal

El Tribunal de Cuentas no tomó resolución ayer en torno a la licitación que concede a un consorcio privado la explotación del Aeropuerto Internacional de Carrasco y de todos sus servicios por un plazo de 25 años.

Luego de cinco horas de reunión, sobre las 19.30, el cuerpo resolvió pasar a cuarto intermedio para mañana jueves, a las 14.30 horas.

De acuerdo a lo informado a LA REPUBLICA por altas fuentes de ese organismo de contralor, la discusión se centró en la propuesta del vicepresidente del cuerpo, Carlos Guariglia, que es apoyada en la mayoría de sus puntos por los ministros colorados y blancos. Esta se opone a la nulidad de todo lo actuado e intenta subsanar numerosos vicios, tal como lo informó LA REPUBLICA cuando éste presentó su proyecto de resolución.

Por su parte el ministro frenteamplista Ariel Alvarez, presentó otra propuesta de resolución, que observa todo el procedimiento cumplido, lo que implicaría la anulación de lo actuado. De acuerdo a lo expuesto por Alvarez, en el pliego de precalificación no se establecen los criterios para ponderar los distintos factores, y tampoco la Comisión Asesora Precalificadora (CAF) en su dictamen, explicita los fundamentos en que se apoyó para emitir el mismo. Que ese hecho determina que la CAF dispusiera de “un margen de discrecionalidad no conveniente para llegar a la mencionada evaluación”.

La “transparencia” afectada

“Esa circunstancia contribuye a generar un grado de incertidumbre que afecta la necesaria transparencia y objetividad del procedimiento de evaluación –sigue sosteniendo Alvarez en su escrito de 26 carillas — comprometiendo las garantías que deben necesariamente acompañar al referido procedimiento tanto en lo relativo a la salvaguarda de los intereses del Estado como del no menos legítimo interés de los concurrentes al proceso de precalificación y posterior llamado a licitación”.

En relación de la evaluación del concepto de capacidad financiera, el ministro frenteamplista considera lo siguiente:

“El grado de imprecisión que presenta el pliego de precalificación en lo que se refiere a aspectos esenciales para evaluar a los oferentes, se suma al apartamiento de lo establecido por el pliego que significó el considerar el factor de capacidad financiera sólo como parte de los indicadores solicitados y agregar algún otro no establecido.

A eso se debe agregar la discrecional asignación de las ponderaciones en los ítems finalmente empleados”.

“La incertidumbre en cuanto al resultado final por el equivocado manejo del proceso de precalificación en el concepto Capacidad Financiera, es otro hecho de gravedad. De haberse considerado todos los indicadores y rangos previamente determinados, los oferentes calificados o descalificados podrían haber sido diferentes a los que efectivamente superaron esta etapa”.

Estados contables, deficientes

Señala Alvarez en otro de los ítems de su proyecto de resolución que los Estados Contables de los tres consorcios clasificados presentan carencias en relación a la información exigida en el pliego de precalificación. La Comisión Asesora de Precalificación debió efectuar un examen riguroso de la adecuación y calidad de los informes aportados por los consorcios para asegurar que la forma y contenido de dichos informes, en todos los casos, correspondiera estrictamente con lo establecido en dicho pliego de precalificación.

También indica “que las variantes introducidas en relación al monto de la inversión mínima exigida afecta el principio de igualdad de los oferentes al alternar en sucesivas instancias las reglas establecidas en el Pliego y hechas públicas en el respectivo llamado”.

También sostiene el ministro Alvarez que la Comisión Asesora de Adjudicaciones no emitió dictamen sobre cuál es la oferta más conveniente para los intereses del Estado, limitándose a establecer el orden de prelación sobre los cánones ofrecidos y sin emitir pronunciamiento específico sobre la incidencia de la situación económica, patrimonial y financiera del consorcio ganador (MVD).

Otros oferentes

“En cuanto a otros oferentes, se concluye que CAM pierde 3 puntos en el citado factor, respecto a los puntos obtenidos en la etapa de precalificación. Que respecto de la integración en el momento de constituirse la sociedad del capital social fijado en un mínimo equivalente al 25% del 20% del total de la inversión prevista por el adjudicatario, el consorcio CAM no alcanza dicho porcentaje”.

Todas las consideraciones realizadas por el ministro frenteamplista Ariel Alvarez están basadas en el análisis realizado por los departamentos de auditoría y jurídico del propio Tribunal de Cuentas.