Batlle estudia redacción de una ley de "pacificación nacional"

Fuentes oficiales admitieron la existencia de un "paquete" legislativo que tendría como objetivo la "pacificación nacional" e incluiría la solución para el tema de los detenidos desaparecidos durante la dictadura militar y la reparación para los presos y exiliados durante ese período. Sin embargo, los informantes señalaron que se trata de una idea que está aún "muy verde".

En tanto, el abogado Gonzalo Fernández, asesor del presidente del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) Tabaré Vázquez, se mostró sorprendido y aseguró que el tema no ha estado en ninguna de las conversaciones con el asesor presidencial Carlos Ramela.

Fernández, quien es además representante legal del poeta Juan Gelman, insistió una vez más en que no es a través de una ley que se resuelve el tema de los desaparecidos.

Ni los propios Familiares estaban informados al respecto. Anoche el grupo, resolvió reiterar el pedido de audiencia al presidente Batlle (ver nota aparte).

Los Familiares reclaman que el Estado asuma la responsabilidad por lo ocurrido y que investigue el destino de alrededor de 150 ciudadanos uruguayos desaparecidos en Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay durante los años de las dictaduras en esos países. También piden que los Familiares sean tenidos en cuenta al momento de elaborar la fórmula y que ésta contemple a los menores desaparecidos.

Al arreciar las versiones sobre una posible ley, los Familiares se mostraron dispuestos a aceptar una norma sobre desaparición forzada, al igual que en la República Argentina. Tras reunirse el 27 de marzo, Batlle y Vázquez manifestaron voluntad de avanzar hacia una solución.

Según trascendió, el Presidente manejaba incluir en aquel momento en una posible iniciativa la admisión que se trata de un problema de toda la sociedad, la declaración del fallecimiento de los desaparecidos, el reconocimiento público, por parte del Estado, de su responsabilidad porque murieron en territorio uruguayo durante la dictadura militar y la disposición a indemnizar a los familiares.

Vázquez agregó que los Familiares participen en la búsqueda de la solución, y la necesidad de esclarecer cómo, donde, cuando y por qué sucedieron las desapariciones, en coincidencia con la opinión de los Familiares.

Pintado y Alonso

Pintado, que en el último año de la pasada legislatura presidió la Comisión de Seguridad Social, visitó ayer al ministro de Trabajo en su despacho para consultar sobre la posición del gobierno ante un tema que viene quedando pendiente desde 1985 y que el pasado año estuvo a punto de resolverse en un proyecto de ley remitido por la entonces ministra Ana Lía Piñeyrúa, después que el diputado socialista Guillermo Chifflet la interpelara por el tema. Como en este caso la iniciativa para el envío del proyecto de ley le corresponde al Ejecutivo, Pintado consultó al ministro su posición sobre el tema.

El diputado frenteamplista señaló que encontró en el ministro disposición de resolver el tema, y que le comentó, que apenas asumió la cartera, le planteó el caso al Presidente de la República. Jorge Batlle le adelantó su voluntad de incluir ese tema en un proyecto de ley de pacificación nacional a remitir a la brevedad al Parlamento.

En ese proyecto de ley, se pretende incluir una solución al tema de los desaparecidos, e incluir la reparación a los trabajadores de la actividad privada que sufrieron cárcel o exilio.

Pintado planteó además al ministro la posibilidad de concretar a la brevedad una reunión con los integrantes de la Comisión del Reencuentro, que ha estado reclamando un proyecto de ley en ese sentido, a lo que el ministro consideró de recibo.

Por su parte, el legislador planteó que ante la contingencia de que la ley de pacificación se frustre o sea más limitada, se trabaje paralelamente en un proyecto de ley que mejore el enviado por el Ejecutivo en la administración pasada, aunque respetando el criterio de ajustar a la realidad el número de personas incluidas en la reparación.

Para eso planteo considerar nuevas formas de realizar con objetividad el registro y certificación de los beneficiarios.

En ese sentido, la Comisión del Reencuentro estaría estudiando dos vías, en el caso de los presos políticos, recurrir al registro de la Suprema Corte de Justicia –que recibió todos los expedientes de la Justicia Militar en 1985–, y en el caso de los exiliados, recurrir al registro del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Pintado destacó que el proyecto se financiaría con el descuento de los aportes obrero-patronales no volcados de estas personas.

Los casos contemplados

El pasado año, durante la interpelación de Chifflet, el 29 de junio, la entonces ministra de Trabajo, anunciaba las bases de un proyecto, que tenía como límite los casos registrados por la Comisión Nacional del Reencuentro de los Uruguayos, en total 983 casos registrados voluntariamente.

Las condiciones para recibir el beneficio de cómputos de años de cárcel o de exilio, para los funcionarios de la actividad privada, serían calculados con un salario mensual de unos cinco salarios mínimos nacionales a la fecha de promulgación de la ley, e incluiría a las personas de demuestren o se pruebe hayan estado detenidas entre el 7 de febrero de 1973 al 28 de febrero de 1985 o partido al exilio entre el 7 de febrero de 1973 y retornado al país antes del 28 de febrero de 1987.

Además, no serían incluidos quienes hayan trabajado en el exilio en países con los que Uruguay cuenta con tratados de reconocimientos recíprocos de seguridad social, así como los casos comprendidos en las leyes 15.783, 16.163, 16.451 y 16.563 y actualizaciones. En todos los casos se exigirá prueba documental. Al explicar por qué la demora en el envío de un proyecto, señaló que las dificultades estaban por un lado en definir la cantidad de personas que debían ser beneficiadas, recordando que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) comunicó que tenía registrado a 6020 uruguayos como refugiados de la dictadura, mientras que otras estimaciones señalaban que habían salido del país, en ese período, unos 210.000 uruguayos por diversos motivos.

Adelantó además que la Justicia Militar había procesado a 4950 personas. La ministra señaló que atender a los ex presos políticos era de fácil solución, pero no la definición de los exiliados, por lo que se adoptó como base el registro de la Comisión.

El proyecto ingresó a la Cámara de Senadores tiempo después, y sufrió algunas modificaciones en la comisión de Seguridad Social, pero nunca llegó a considerarse por el plenario.