La Corte Electoral solicitó U$S 376 mil al Ejecutivo
El ministro Walter Pesqueira desmintió versiones de prensa respecto a una falta de recursos de la Corte para pagar a los funcionarios que realizan el control de firmas. Si bien el organismo «no tiene recursos genuinos para financiar esta instancia, siempre el Estado ha cubierto estos costos y en este caso será así».
Se prevé que mañana culminará la etapa de conteo y numeración y se comenzará a ingresar los datos al sistema informático, en una tarea que insumirá veintiséis días.
Según fuentes de la Corte, la Comisión de Defensa del Patrimonio Nacional entregó al organismo un total de 704.626 firmas, de las cuales 695.722 fueron entregadas en cajas numeradas del 1 al 193, en tanto que el resto fue en cajas identificadas con letras.
Las fuentes señalaron que hasta el momento se verificaron 622 mil firmas y se rechazaron 304 debido a que no contaban con algunos de los requerimientos: la firma o la huella digital, o la Credencial Cívica.
Este trabajo de ratificación de firmas corre en forma paralela a las reuniones de la Comisión de Asuntos Electorales, que deberá presentar uno o más informes a los demás ministros sobre la pertinencia del plebiscito. Ambos aspectos serán tomados en cuenta por la Corte para decidir sobre la realización del plebiscito, en una resolución que será inapelable.
Extraoficialmente se estima que los colorados se oponen al referéndum, el EP lo respalda y los blancos tendrían en sus manos la decisión final. Los opositores al referéndum argumentan que los artículos objetados integran una ley presupuestal, que no es objeto de consulta popular. Sus defensores opinan que dichos artículos no debieron ser integrados a una ley de presupuesto porque no están relacionados con el mismo.
Reunión en suspenso
Si la Corte decide que el pedido no es viable, no habrá referéndum independientemente del número de firmas.
Si la Comisión de Asuntos Electorales se expide antes de terminar de contar las firmas y la Corte Electoral rechaza el recurso, el conteo sería interrumpido. Sin embargo, los 150 días hábiles que otorga la Constitución dan plazo hasta fines de setiembre para que el organismo se pronuncie. Si bien se estima que las firmas ya estarán contadas a comienzos de julio, dado que el cronograma está pensado para efectuar el trabajo en 104 días, la Comisión de Asuntos Electorales podría tomar el plazo completo.
Los ministros Renán Rodríguez, Rodolfo González, Washington Salvo, José Orlando y Manuel Báez, que integran dicha comisión, todavía no comenzaron a reunirse ni fijaron un régimen de trabajo. González dijo a LA REPUBLICA que los ministros están estudiando el recurso en forma independiente y todavía no han adoptado posición. La comisión podría concluir con más de un informe y la decisión final será de la Corte. *
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