"La Justicia actuó en dictadura con independencia, salvo casos aislados"

–Usted ingresó a la magistratura en 1975, en plena dictadura militar. ¿Cómo vivió esos años ejerciendo la función jurisdiccional?

–Con la conciencia de que como juez actué en tutela de los derechos humanos fundamentales y eso creo que quedó cabalmente demostrado a lo largo de mi actuación. Ingresé como juez durante la dictadura, pero desde que ingresé a la Facultad de Derecho lo hice con la idea de la vocación de servicio, de ser juez y la dictadura no me impedía serlo. Eso lo tendrían que afirmar los justiciables de los distintos lugares donde yo ejercí mis funciones en esa época, pero lo que sí puedo afirmar es que en Rivera, mi primer destino como juez letrado en años difíciles, como el 78, cuando me fui, el Colegio de Abogados me hizo una despedida y me entregó una plaqueta que dice: «Al doctor Leslie Van Rompaey por el ejercicio inteligente, ecuámine y valiente de la justicia». Tenía un contenido eso que me marcó para toda la vida, porque yo identificaba a esa calificación con los elementos paradigmáticos inherentes a la función de juez. Siempre me planteé duante esa época que si iba a ceder a presiones y amenazas, entonces no estaba habilitado para seguir siendo juez…

A nosotros aún nos falta perspectiva histórica para evaluar cuál fue la gestión institucional del Poder Judicial en la época de la dictadura, quizá a esta altura ya se podría trabajar en el estudio del tema. Mi percepción es que la Justicia en general actuó con independencia, salvo casos aislados…

 

–¿Cuáles son los grandes cambios que percibe en estos primeros días de trabajo en la Suprema Corte de Justicia?

–Es un cambio casi radical de mi tarea en el Tribunal de Apelaciones, porque se suma a la parte jurisdiccional todo el gobierno y la administración de un poder del Estado, con lo cual uno se ve enfrentado de golpe a una gran cantidad de asuntos que antes no manejaba. Entonces el cambio es notorio y además hay un ritmo de trabajo mucho más intenso y complejo que el de los tribunales. Los magistrados que acceden a este cargo siempre piensan en alguna forma de ir aligerando la carga de asuntos administrativos para dedicarse más de lleno a la tarea judicial o jurisdiccional, que es la que más nos importa y para la que estamos más capacitados. Yo también vengo con esa ídea y espero llevarla a cabo.

 

–¿De qué manera influye en usted que haya llegado a este cargo del máximo órgano del Poder Judicial por su carrera y no por un acuerdo político parlamentario, como ha sido en otros casos?

–La composición del mapa político uruguayo actual demuestra que es muy difícil lograr un acuerdo político para que un ministro de la Corte sea designado con los dos tercios del total de integrantes de la Asamblea General. De tal manera que mi designación es por antigüedad pura. Eso determina que es una designación automática por la Constitución. Sin embargo me hubiera reconfortado que la Asamblea hubiera reunido los dos tercios para la designacion directa. Creo además que no había ningún tipo de objeción a mi persona por ningún sector político. Pero esos son acontecimientos que están fuera hasta de mi conocimiento. De todas maneras, como decía un gran constitucionalista argentino, la mejor manera de que un juez sea independiente es que no le deba nada a nadie. En ese sentido me siento absolutamente independiente, que es la cualidad esencial e inherente a la función jurisdiccional. Tengo entendido que existe hoy ya un acuerdo parlamentario para que en las sucesivas vacantes de la Suprema Corte, como se prevé de antemano que no va a haber acuerdo político para designar un candidato, igualmente la Asamblea se reúna con el quórum suficiente para designar al ministro más antiguo. De tal manera que sea consagrado por el voto de los representantes de la soberanía popular, lo que le daría quizás un apoyo institucional mayor que a un ministro que como en mi caso ingresaron automáticamente por antigüedad.

 

–Uno de los temas con mayor destaque desde la vuelta de la democracia fue la constitucionalidad o no de la Ley de Caducidad, cuya constitucionalidad fue aprobada por tres votos a dos. ¿Usted tiene una opinión formada respecto a esa ley?

–No, no tengo opinión formada y simplemente cabe limitarse a cumplir.

 

–Todos los actores del Poder Judicial, tanto magistrados, actuarios, funcionarios y abogados, coinciden en la escasez de recursos de este poder. ¿Dislumbra una salida de este tema a corto o mediano plazo?

–Desde que ingresé a la magistratura este es un problema crónico que afecta al Poder Judicial. Creo que con mayor rigor que a otros organismos públicos. Quizás sea el momento histórico más difícil para hacer planteamientos de este tipo. Hoy el Poder Judicial ejecuta el 1.4 del Presupuesto Nacional, lo que parece una cifra ínfima si tenemos en cuenta que, por ejemplo, el Poder Legislativo ejecuta el 1.6. No soy experto en materia presupuestal. El doctor Guillot resaltaba que los ahorros del Poder Legislativo no se han transferido al Poder Judicial. Por lo menos deberíamos buscar la forma de que eso así se concrete…

 

–Justamente el presidente de la Suprema Corte, Gervasio Guillot, ha planteado su postura favorable a la despenalización del aborto y de las drogas blandas. ¿Qué posición tiene usted sobre estos dos temas?

–Como posición tengo que los magistrados no deberíamos ser protagonistas de una discusión pública sobre estos temas, porque en este aspecto existe una legislación penal que es clara y nuestra tarea fundamental es cumplirla. Como ciudadano simplemente voy a decir que estoy en contra de la despenalización del aborto y del consumo de drogas blandas. El doctor Guillot lo sabe y no voy a polemizar con él sobre este punto. No tiene sentido.

 

—¿Cómo prevé que será su relación con los medios de comunicación?

–Aspiro a una relación permanente, fluida y abierta. Entiendo que a través de los medios de comunicación, y por defectos atribuibles al propio Poder Judicial, que no cuenta con una vía de transmitir a la opinión pública la realidad del funcionamiento del Poder Judicial, a áquella le llegan informaciones que aveces encuentro que son erróneas y que de alguna manera desmerecen sin una base confiable el prestigio que necesariamente debe tener el Poder Judicial en un Estado de Derecho. Sobre ese punto me gustaría trabajar también. Es como una meta a lograr que sé que es muy difícil. Pero cuando la población se informa básicamente de la gestión de la Justicia penal a través de comunicados de prensa de la Policía, a la cual no le quiero atribuir intencionalidad ninguna, se coteja esa información que el periodista obtiene a través de la Policía con la posterior resolución judicial y aparecen situaciones anómalas y hasta casi absurdas. (…)

Falta para mí ese vehículo de comunicación inmediata de la acción judicial, al cual yo añadiría la resolución judicial, su motivación y su fundamentación. Sé que es difícil hacerlo desde todo punto de vista, desde el punto de vista presupuestal, funcional y de la operatividad, porque esa comunicación debería ser inmediata al hecho, porque si no, es tardía.

Es un tema en que me gustaría trabajar para que desde el conjunto del Poder Judicial, los medios de prensa y también el Ministerio del Interior lograr que llegue a la poblacion una información veraz y confiable sobre la gestión de la Justicia penal, que es la ventana del Poder Judicial. *