Lamela: "Espaldarazo constitucional" para el gobierno municipal

El pasado 1º de febrero, el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) emitió una resolución en la que descalifica al decreto 38 de la Junta Departamental de Canelones, votado en ese órgano para obligar al intendente Tabaré Hackenbruch a acatar las derogaciones aprobadas en la Cámara de Representantes contra varios decretos del presupuesto municipal.

Los aumentos de contribución en Ciudad de la Costa, las distintas atribuciones cedidas por el legislativo municipal a la comuna y una partida destinada al pago de compensaciones salariales fueron los puntos que, en noviembre pasado, la mayoría de Diputados dejó sin efecto, levantando una polémica jurídica y política que hoy, tres meses después, aún continúa.

En el dictamen, el organismo de contralor sostiene que la Junta «no se limita» a derogar las normas vetadas por el Parlamento, sino que «además deja sin efecto normas anteriores incluidas en decretos, ordenanzas, presupuestos o modificaciones presupuestales que contienen delegación de competencias del legislativo al ejecutivo comunal en materia tributaria». A criterio del TCR, «dicho artículo es contrario a derecho, pues debió contar con la iniciativa de la Intendencia dado que se están efectuando modificaciones de recursos», resaltando que en esos casos, «la junta debe requerir el dictamen del Tribunal de Cuentas».

En cuanto a la suspensión de «todas las diferencias de sueldos o compensaciones extraordinarias otorgadas a funcionarios que desempeñen tareas de mayor responsabilidad», precisa que esa determinación «excede lo dispuesto por el acto administrativo dictado por la Cámara de Representantes» y agrega que «dicha derogación no faculta a la Junta Departamental a dejar sin efecto todas las diferencias de sueldos o compensaciones extraordinarias otorgadas por normas anteriores».

Asimismo, advierte que la corporación canaria «contraviene lo dispuesto por la Constitución», cuyo texto establece que «la fijación o modificación de las dotaciones se hará mediante leyes de presupuesto, siendo la iniciativa en dicha materia competencia del ejecutivo comunal».

En ese sentido, el TCR afirma que el decreto 38 «puede resultar violatorio de los derechos adquiridos con anterioridad por los funcionarios municipales y generar eventualmente responsabilidad patrimonial del gobierno departamental».

«Espaldarazo constitucional»

En declaraciones a LA REPUBLICA, Lamela manifestó que mediante el referido informe, el Tribunal «avala la actuación de la Intendencia Municipal de Canelones (IMC)» en torno a las impugnaciones parlamentarias. «Luego que tantos dijeran que abusamos del derecho y otras cosas, este informe de un organismo neutro significa un espaldarazo constitucional y jurídico para la comuna», subrayó.

El director de Hacienda destacó que el TCR «muy pocas veces califica la actitud de un órgano como la Junta Departamental con términos tan duros», remarcando que el legislativo municipal «actuó fuera de sus competencias» y efectuó interpretaciones «equivocadas, no ajustadas al derecho».

Sostuvo además que el dictamen «reafirma que en Canelones no hay vacío legal» y establece que las interpretaciones de la administración comunal sobre los recursos aprobados en Diputados «eran correctas». «Hemos actuado ajustados al derecho, y este informe nos otorga legitimidad», puntualizó. *