Tribunal de Cuentas observó sistema de recaudación en departamento de Canelones

DANILO ALBIN, CANELONES

 

El mencionado organismo de contralor arribó a tales conclusiones tras practicar una auditoría interna en la Intendencia Municipal de Canelones (IMC), encargada por el intendente Tabaré Hackenbruch el pasado 29 de agosto de 2001. Entonces, el jefe comunal había asistido al procesamiento del ex integrante de su gabinete en el período 1985-1989, Washington Borbonet, quien había perpetrado varias estafas contra la comuna.

El procesamiento del ex jerarca había dejado al descubierto serias carencias en la seguridad del municipio, que se mezclaban con posibles complicidades de funcionarios infieles. Así las cosas, Hackenbruch ordenó una investigación administrativa y pidió una auditoría, anunciando que llegaría «hasta el hueso, caiga quien caiga».

Las investigaciones del Tribunal en la Dirección de Hacienda de la IMC comenzaron el pasado 18 de setiembre. Veinte días después, Hackenbruch le sugirió al organismo que la auditoría se extendiera «a las juntas locales que se estime pertinentes» y solicitó que «en el transcurso de la auditoría se brinden informes parciales de los avances realizados», según consta en el informe preliminar del TCR, al que accedió LA REPUBLICA.

En el documento, el órgano de contralor explica: «Se analizó el sistema del impuesto de contribución inmobiliaria en la oficina central del municipio y en la Junta Local de San José de Carrasco, abarcando el período comprendido entre el 1º de enero al 15 de agosto de 2001″.

Bajo el subtítulo «Constataciones», el TCR indica que «se han detectado pagos de últimas cuotas quedando impagas deudas anteriores». En ese sentido, explica que «para la emisión de un recibo, en cada boca de recaudación, el sistema busca el último pago asociado al padrón», destacando que «en base a ese último movimiento se determina si el padrón tiene o no deuda anterior o convenio vigente».

«En caso de que tenga deuda, el sistema avisa al operador y pregunta si debe emitir el recibo o se cancela la transacción. Si el operador le indica que continúe, se realiza la emisión del recibo, quedando asentado el correspondiente registro, que pasa a ser el último movimiento. Asimismo, cuando se actualice el archivo maestro quedará ese pago como último registro», constata.

Según denuncia el Tribunal, «esta operativa implica que, para el siguiente pago del mismo padrón, dado que el sistema confronta con el último movimiento, no surgirá la deuda anterior», lo que se conoce como «salto de cuota».

Remarca que el actual sistema «permite a los operadores de las bocas de recaudación modificar el aforo de un padrón y emitir un recibo de pago por un monto diferente al que corresponde, no posibilitando identificar quién lo efectuó ni en qué fecha se realizó». Bajo ese panorama, determina que «existen padrones a los que en los últimos meses se les había reducido en por lo menos un 40% el aforo y por ende el monto a pagar».

Para el TCR, «no existe un adecuado control de las versiones del programa que utilizaban las distintas máquinas de la Oficina de Recaudación». Como ejemplo, señala que «entre el 14 y el 29 de julio una boca de recaudación detectaba y daba aviso de padrones deudores, mientras otras no lo hacían».

Descubrió también que «en los últimos años no se efectuaron los controles previstos originalmente por el sistema a efectos de evitar errores o desvíos en los correspondientes cobros», resaltando que en el período en que se produjeron las irregularidades en el municipio «el área informática dependió alternativamente del Departamento de Hacienda o de la Secretaría del Intendente».

En otro tramo del informe, precisa que «las claves de acceso de los operadores del sistema no son individuales, ya que las mismas son compartidas por varios funcionarios ni son modificadas periódicamente». Además, «no existe documentación sobre el desarrollo del sistema ni sobre su mantenimiento».

Sistema inseguro

Como conclusión, el TCR establece que «el sistema de recaudación ha demostrado no ser seguro ni contener las mínimas pistas de auditoría», calificando como «inconveniente» que «un sistema tan abierto coexistía sin los controles adecuados».

Ante esa situación, recomienda «modificar a la brevedad posible el programa de recaudación para impedir la repetición de los hechos enunciados y mientras estos cambios se procesen, exigir el cumplimiento de los controles establecidos».

Sugiere además «analizar el archivo maestro y otras fuentes de documentación de la comuna a efectos de determinar aquellos ‘saltos’ que puedan responder a situaciones irregulares, en cuyo caso deberá intimarse a los propietarios a efectos de regularizar dicha situación antes de hacer efectivo el pago de las próximas contribuciones». El Tribunal cree necesario «tener una adecuada política de seguridad en cuanto a claves de los operadores del sistema», el cual «debe impedir el uso de claves muy fáciles, las mismas deben cambiar periódicamente, cada usuario debe tener la suya propia y de ninguna manera deben intercambiarlas».

Reclama además «documentar adecuadamente el desarrollo del sistema y sus modificaciones por parte del Area Informática de la comuna» y «redactar manuales de funciones de donde surja claramente quién o quiénes son los responsables en cada área». Ayer, voceros municipales aseguraron que en los próximos días Hackenbruch enviará este informe a la jueza Gabriela Merialdo, quien investiga las irregularidades en la IMC. *