Cobrará 175 mil dólares para preparar llamado a concurso

Un arquitecto de lujo para el Estado

El contrato ya fue avalado por mayoría en el Tribunal de Cuentas. El Poder Ejecutivo deberá considerar si aprueba o no la contratación.

El acuerdo estipula un plazo de 20 meses de trabajo con un suplemento de seis meses que no generarán derecho a remuneración, según un proyecto de resolución al que accedió LA REPUBLICA.

En suma, el contrato establece un pago al profesional de 142 mil dólares más IVA, que se abonará en una veintena de cuotas mensuales, iguales y consecutivas de 7.100 dólares más el impuesto.

El objetivo del trabajo es «realizar el estudio de planos de las obras actuales ubicadas en la ex Cárcel de Miguelete, elaborando un programa completo con sus plazos de actividad para el llamado a concurso público de anteproyectos para la construcción de la Ciudad Universitaria».

A su vez, «preparar los recaudos necesarios para la realización del referido concurso público en conjunto con la Sociedad de Arquitectos y realizar los respectivos asesoramientos», «supervisar el cumplimiento y desarrrollo de la elaboración del proyecto ganador» y «redactar con los autores del proyecto ganador los pliegos de condiciones de la licitación pública de la obra a realizar y asesorar a la Comisión asesora de adjudicaciones de dicho llamado». Previamente, la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) había requerido acreditar –por el monto involucrado– «la notoria competencia o experiencia del profesional, solicitando que la administración agregue copia del título profesional». El Ministerio de Educación y Cultura, según la asesoría letrada del Tribunal de Cuentas, «cumplió lo solicitado» y por resolución del 20 de noviembre de 2001 declaró que «el arquitecto AVB ostenta notoria competencia y experiencia fehacientemente comprobadas que vuelven innecesario el concurso de méritos y antecedentes». La secretaría de Estado también dejó constancia de no poder hacer frente a la obra con sus propios funcionarios. La Oficina Nacional del Servicio Civil tampoco formuló objeciones a la contratación, al igual que la Contaduría General de la Nación. *

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