Casos Elena Quinteros y desaparecidos en Argentina están para resolución

Quienes presentaron la denuncia para que se investigue la desaparición de la maestra Elena Quinteros fueron Raúl Olivera y Milton Romani –con la anuencia de la fallecida Tota Quinteros y del PIT-CNT y la representación legal del abogado Pablo Chargonia–.

El caso está en manos de la jueza María del Rosario Berro y la fiscal actuante es la doctora Mirtha Guianze, quien envió su vista en diciembre. A pedido de la representante del ministerio público y de los reclamantes, la magistrada Berro tomó declaración al ex canciller de la dictadura –actual columnista del matutino El Observador–Juan Carlos Blanco, y los funcionarios diplomáticos Guido Michelín Salomón y Alvaro Alvarez. También fue citado el embajador uruguayo en el Vaticano Julio César Lupinacci, quien no concurrió a declarar en varias ocasiones aduciendo diversas razones; según señalaron fuentes judiciales su testimonio finalmente no será tomado.

Cuando ocurrió la desaparición de Quinteros, Blanco era canciller, Michelin era vicecanciller, Alvarez era director de Asuntos Políticos, y Lupinacci, embajador en Venezuela.

La semana pasada Blanco concurrió a la reedición del libro «Febrero Amargo» del fallecido senador colorado Amílcar Vasconcellos, realizada en el Palacio Legislativo. En el acto, el diputado colorado Alejo Fernández Chaves cuestionó en duros términos a los civiles que participaron del gobierno de facto; Blanco fue uno de ellos, sin embargo no tuvo pruritos en concurrir a la ceremonia que sirvió también de homenaje al ex legislador que luchó contra la dictadura.

Los denunciantes también solicitaron a la magistrada Berro que oficie a la Comisión para la Paz para que remita al Juzgado «toda la información recibida y recopilada con relación a la desaparición forzada de la maestra Elena Quinteros», y que informe sobre el análisis que le merece. También que se oficie al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para que informe si en los años 1984, 1985 y 1986, con el objeto de realizar cualquier tarea en el Regimiento Nº 13, fue utilizada de cualquier manera maquinaria perteneciente a ese Ministerio.

Esto se debe a la supuesta «Operación Zanahoria», por la que cuerpos de desaparecidos durante la dictadura fueron desenterrados y llevados a otros lugares. A estas medidas la jueza no ha hecho lugar, añadieron las fuentes consultadas.

Pocos días atrás el integrante de la Comisión para la Paz Carlos Ramela anunció que la desaparición de Elena Quinteros estaba resuelta en un 97 por ciento.

 

Desaparecidos en Argentina

En tanto, también está para resolución el expediente abierto por la denuncia de familiares de 12 uruguayos desaparecidos en Argentina en 1976, quienes reclaman se investiguen los hechos y se condene a 10 represores que en ese año estuvieron en el vecino país y que diversos testimonios identifican como partícipes en dichas desapariciones.

El juez en lo Penal de 16º Turno, Alvaro Franza, deberá expresar en el fallo si será la sede judicial a su cargo la que proseguirá con la causa o decidirá el traspaso de cada caso a las sedes que lo investigaron antes de aprobada la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Fuentes del caso informaron que la fiscal actuante Mirtha Guianze, en su vista, solicitó que los casos pasen a las sedes que los investigaron en primera instancia.

La denuncia cuenta con el respaldo de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT y fue presentada por los familiares de Simón Riquelo, Gerardo Gatti, María Emilia Islas, Carlos Rodríguez Mercader, Cecilia Trías, Washinton Cram, Ary Cabrera, Juan Pablo Errandonea, Juan Pablo Recagno, Alberto Mechoso, Rafael Lezama y Andrés Bellizzi. Los militares y policías mencionados como responsables en estas desapariciones son José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Juan Manuel Cordero, Hugo Campos Hermida (fallecido), Juan Antonio Roríguez Buratti, José Ricardo Arab, Ricardo José Medina, Pedro Antonio Mato, Luis Alfredo Maurente, José Felipe Sande y otros. En el escrito los familiares destacan que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas –ratificada por Uruguay– «permite concluir la existencia de una obligación ineludible por parte de los Estados Parte de castigar y perseguir estos crímenes internacionales».

Respecto a la privación de libertad, señalan que se extiende desde 1976 hasta hoy, encuadra en la noción de delito de lesa humanidad y que los delitos denunciados «son de tal gravedad que se ha considerado tradicionalmente que sus autores son hostis humanis generis: un enemigo de toda la humanidad». *