La Justicia intimó al Ministerio de Defensa a no dilatar caso Quinteros

Un mes atrás la jueza Jubette realizó la primera audiencia por éste inédito recurso de amparo que tiene como litigantes a «Tota» Quinteros y el Ministerio de Defensa. Quinteros pide que el Poder Ejecutivo investigue el caso de desaparición de su hija a la luz de nuevos elementos que surgieron durante 1999.

En esa audiencia la parte demandada solicitó que se agregaran al expediente una serie de documentos destinados a probar que el caso Quinteros ya se investigó en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y que además una acción de similares características se tramita por todos los familiares de los desaparecidos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Según los representantes de la cartera de Defensa, el hecho de que haya otra vía judicial sobre el mismo asunto enerva la posibilidad de que prospere un recurso de amparo. A tales efectos el Ministerio de Defensa solicitó la agregación de la investigación realizada sobre el caso en Cancillería y todo el expediente tramitado ante el TCA.

La investigación de Cancillería ya fue enviada al juzgado, en cambio el voluminoso expediente del Contencioso debe ser fotocopiado íntegramente por la parte solicitante (Defensa) para ser agregado al caso. Dos semanas atrás la jueza comunicó al ministerio el extremo pero éste no respondió; ahora la magistrada otorgó un plazo de 10 días a esa cartera para cumplir con la entrega y en caso de no verificarse considerará por desistida la prueba solicitada.

Vencido ese plazo la jueza de lo Contencioso Administrativo citará a una audiencia donde escuchará los alegatos de las partes y dictará sentencia determinando si el Ejecutivo debe volver a investigar el caso de Elena Quinteros o por el contrario el asunto no debe ser reabierto.

Fundamento

El fundamento de la demanda presentada por el abogado Pablo Chargonia radica en la aparición de nuevos elementos en el transcurso de 1999 que dan pie a la reapertura del caso a nivel administrativo. El letrado se refirió a una declaración efectuado por un soldado de nombre Sergio Pintado ante la Suprema Corte de Justicia en el que se indicarían datos relacionados con la desaparición de su hija así como del lugar donde se hallarían los restos.

Se sostuvo además que el Ejecutivo tiene la obligación de indagar el paradero de los desaparecidos hasta llegar a la verdad, y no basta con abrir una investigación formal instruida por un fiscal militar.