Debate en el Parlamento sobre la contratación o no de funcionarios en la administración

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes recibió el jueves a la Asociación de Funcionarios de la DGI en el marco del análisis del proyecto de ley sobre la reestructura del organismo impositivo.

El proyecto de modificación de la Impositiva fue remitido por el Ejecutivo al Parlamento el pasado 25 de setiembre, y el 12 de octubre la Comisión de Hacienda de la rama baja parlamentaria comenzó con el estudio de la propuesta –que tendrá un costo global de 10 millones de dólares– y para lo cual recibió a una serie de delegaciones.

Desde el comienzo, tanto el Encuentro Progresista Frente Amplio (EP-FA) como el Partido Nacional si bien consideraron que existen «muchas cosas para corregir» en la Impositiva, también sostuvieron que hay dudas acerca de si la fórmula propuesta por el gobierno «es la mejor para obtener los resultados planteados».

El ministro de Economía y Finanzas, Alberto Bensión, señaló el pasado miércoles 12 en el seno de la Comisión de Hacienda que si no se aprueba la reforma del organismo, a partir de 2002 se aplicará «a rajatabla» la normativa vigente, que establece la incompatibilidad para los funcionarios de los organismos con la actividad privada.

Posteriormente, el diputado del Batllismo, Lista 15, José Amorín Batlle presentó una serie de modificaciones al proyecto original referidas, entre otras, a la cantidad de funcionarios que puede contratar el Poder Ejecutivo, ya que el guarismo pasó de 431 a 597.

También se modifican los nuevos porcentajes de movilidad ascendente y descendente de los funcionarios de los niveles 2, 3, 4, 5 y 6, de un 20 a un 10 por ciento, y el funcionario que no obtenga buenas calificaciones quedará fuera de la DGI.

En la modificación propuesta por Amorín Batlle se agrega que sin perjuicio de la creación del Cuerpo Técnico Tributario (CTT), la DGI deberá establecer una nueva estructura organizativa y que los funcionarios deberán cursar por dichos cargos, para lo cual se podrá destinar una partida de hasta 15 millones de pesos anuales para hacer frente a las mayores remuneraciones que surjan de la nueva estructura.

Tales cambios tampoco fueron aceptados por los funcionarios de la DGI, porque consideran que «ninguna de esas propuestas modifica la reforma planteada y es negativa para el organismo».

Los funcionarios se oponen a la creación del CTT, ya que reiteran que eso es crear dos DGI, que además no existe un organigrama y no perciben cómo funcionará el mismo.

Asimismo, la iniciativa ha dejado expuesta una nueva discordancia entre los socios de la coalición de gobierno, ya que el diputado herrerista y presidente de la Comisión de Hacienda de la rama baja parlamentaria, Carlos González Alvarez, expresó que «nunca estuvo de acuerdo con los términos de la reestructura y con muchos de los puntos del proyecto», y anunció que ha presentado las modificaciones propuestas por Amorín Batlle al presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle.

Tanto González Alvarez como la presidenta de la bancada del Partido Nacional, Beatriz Argimón, anunciaron que la colectividad presentará en febrero próximo una serie de modificaciones a la propuesta inicial.

González Alvarez señaló que si bien se le han incorporado algunas modificaciones a la propuesta, «todavía no hay acuerdo y si se logra acordar algo, recién podría ser para febrero o marzo próximo».

Entre los aportes y las modificaciones que se podrían realizar a la iniciativa se destaca –según el legislador herrerista– «un incentivo especial para la jubilación, y llevar a cero el porcentaje de movilidad de los funcionarios».

El sistema actual no funciona

Por su lado, el doctor Elbio López Rocca, integrante de la delegación de funcionarios de la DGI, defendió ante la comisión el carácter de presupuestado de los empleados para todas las tareas permanentes.

López Rocca señaló –según consta en la versión taquigráfica a la cual accedió LA REPUBLICA— que «desde el punto de vista jurídico, el problema de la contratación es uno de los puntos con más dificultades».

«Debemos tener presente que esta práctica de la contratación de funcionarios se inició durante la dictadura militar. El problema es que cuando se salió de la dictadura se estableció que el ejercicio de funciones permanentes en la administración pública sólo puede hacerse a través de la presupuestación», agregó.

El problema –a entender de López Rocca– es que el funcionario contratado queda «en el aire, sin ningún derecho, no tiene derecho a la carrera y de acuerdo con todos los decretos reglamentarios del Poder Ejecutivo que regulan el contrato de función pública, puede cesar por múltiples motivos, incluso por decisión unilateral de la Administración, sin derecho a indemnización alguna».

Resaltó que «desde el punto de vista jurídico, cuesta aceptar el régimen de la contratación en funciones de carácter permanente en la Administración Pública, ya que liquida la carrera administrativa y todos los derechos que prevé la Constitución para los funcionarios públicos».

Sostuvo que los contratos de alta prioridad o de alta gerencia «se prevén para tareas específicas. Si se necesita un asesoramiento especial en materia de un concurso de cualquier tipo, se contrata a una persona para que dé su opinión en esa tarea específica, concreta y limitada».

«La fiscalización y el control administrativo no son estrictamente funciones de alta especialización; las cumplen todos los funcionarios del Tribunal de Cuentas y no tienen ese régimen. Si, además, se piensa que por esa vía puede ingresar personal ajeno, no ya a la DGI o a la Administración Pública, sino ajeno por completo… Si un particular cualquiera, sin ningún tipo de experiencia funcional, puede acceder a ese cargo, no vemos otro sentido a esa contratación que no sea poder sacarlo si no cumple sus tareas», añadió.

Para Rocca, «esa posibilidad existe aunque no haya contrato de función pública. Basta hacer un sumario administrativo, se constata la omisión y sale. Es un problema filosófico. Que no se ponga en práctica, no es un defecto del sistema, de la Constitución ni de la ley; depende de otros factores que juegan siempre cuando se le solicita al Senado una venia de destitución».

Ante esas afirmaciones, el diputado por la Vertiente Artiguista Martín Ponce De León señaló que los funcionarios del Estado tienen un sistema de garantías, ya que existe una disposición constitucional por la que se puede destituir por ineptitud, omisión o delito. Desde el punto de vista teórico considero que ese es un mecanismo absolutamente correcto».

Sin embargo, sostuvo que lo ha visto funcionar de manera «diferente en distintos ámbitos del Estado».

Agregó: «Tal vez porque en algunos lugares lo hemos visto funcionar bien, es que creemos que conceptualmente no tiene nada malo. Lo que sí es cierto es que por un proceso que no es sólo del Senado de la República en muchas ocasiones los mecanismos de garantía terminaron amparando algo que no se debía proteger».

Entonces, «el sector público, además de los problemas naturales y de sus adversarios consuetudinarios, pasó a tener, por un lado, malos funcionarios que se amparaban en determinadas circunstancias y, por otro, quienes aceptaron, toleraron y validaron desde los más diversos cargos funcionales que esos mecanismos previstos para la excelencia terminaran protegiendo la inoperancia».

Señaló que está «profundamente en contra de eliminar las garantías de los presupuestados».

Aunque sostuvo: «Siento que la única manera de evitar esto es poner arri
ba de la mesa con fuerza, las condiciones para que efectivamente se cumpla lo que establece la Constitución.

Y esto no refiere sólo al Senado, aquí está la diferencia, sino que tiene que ver con los más diversos estamentos».

Relató que en el sector público le ha tocado enviar a la sección jurídica a «funcionarios de alto rango con irregularidades absolutamente documentadas y por demás significativas, de las que nadie tendría dudas y con los testimonios correspondientes; sin embargo, eso volvió informado como exonerado de responsabilidad».

«He estado en la función pública desde los más diversos roles, desde dirigente sindical hasta jerarca, y sostengo que al sector público no sólo lo atacan sus enemigos consuetudinarios sino también quienes amparan este tipo de práctica», agregó el parlamentario.

Puntualizó: «Quienes sentimos que el sector público tiene una enorme relevancia para la marcha del país, debemos ser capaces de proponer una solución eficaz para este problema; de lo contrario, nos va a terminar pasando por arriba una ola.

Está claro que el sistema actual no funciona; lo digo con todo dolor, pero lo peor que podemos hacer es no ver la realidad». *