Euforia y contradicciones en los días de Rodríguez Saá

Sobreactuación o no, no pierde ocasión para lanzar una novedad. Como si el mundo se fuera a acabar con él. O como sospechan muchos, en su cabecita anida la idea de seguir por más tiempo del que le ha dado la frágil resolución de la Asamblea Legislativa.

Frágil porque, reconocen algunos peronistas, es de dudosa legalidad haber aprobado con una resolución la designación del ex gobernador de San Luis para un mandato de cerca de 90 días, llamar a elecciones para el 3 de marzo con el fin de designar a un mandatario que complete el mandato del dimitente Fernando de la Rúa y, a la vez, reformar la ley electoral incorporando el sistema de lemas, que aquí no goza de prestigio.

Lo más probable es que, para evitar equívocos, dicha reforma y la convocatoria necesiten de dos leyes que el Parlamento puede votar cuando se le plazca ya que han sido prorrogadas las sesiones ordinarias. Pero mientras, el puntano (el nombre de su ciudad natal es San Luis de la Punta del Venado) se tienta con la sobreactuación cada vez que se enfrenta a la prensa.

«Voy a trabajar, trabajar y trabajar. Vengo a poner esta casa en orden», dijo en vísperas de las navidades antes de volar a su tierra, de la que salió como gobernador y regresó como jefe de Estado.

Ha agrandado el elenco de colaboradores sin que se le inmute el rostro, porque convocó a ex procesados por asuntos de dinero, como el ex intendente porteño Carlos Grosso. Cuando a éste se le recordó esa penuria, respondió orondo: «Eligió mi inteligencia, no mi prontuario».

En esa línea el presidente puso como secretario de Defensa a Hugo Franco, viejo contacto de Carlos Menem con la cúpula eclesiástica cuando ésta era conservadora, pero su paso por la Dirección de Migraciones en tiempos de ex mandatario todavía puede dar lugar a un expediente judicial, por el caso de la voladura de la mutual judía, AMIA.

Es la cara oscura del «Adolfo», como lo llaman quienes lo quieren. Otros le dicen «el Pepe». Esa negrura se completa con la visita que le hizo el senador y sindicalista Luis Barrionuevo, que tiene el récord de imagen negativa, junto con los líderes de las dos CGT.

Uno de ellos, Rodolfo Daer, indicó que un presidente que saluda a las Madres de Plaza de Mayo merece que se le abra un voto de confianza.

Es que el mandatario recibió en su despacho a la líder histórica de Madres, Hebe de Bonafini, que desde la época de Raúl Alfonsín no había pisado la Casa Rosada.

La mujer, enrolada políticamente ahora con grupos de la ultraizquierda, habló con Rodríguez Saá, quien, para sorpresa de todos, prometió una ley para la pronta libertad de todos los presos políticos y sociales.

Se trata, en primer lugar, de los detenidos y procesados en los saqueos de estos días, pero también de todos los militantes sociales, mas de 2.500 con alguna causa en los tribunales por participar de cortes de ruta. O el caso de un «piquetero» de Mar del Plata, Emilio Alí, que por encabezar una marcha para pedir comida, le han dado una condena de más de cinco años.

Gestos con Madres de Plaza Mayo

Bonafini salió encantada del encuentro, lo que no es habitual, y se conjetura que en la amnistía que requeriría esa promesa pueda incluirse al viejo dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo, Enrique Gorriarán Merlo, que purga perpetua por el asalto al cuartel de La Tablada, en 1989. Y a su otra cara: el ex coronel Mohamed Alí Seineldín.

El presidente, entre sus actos llamativos, tuvo el de llevar a su gabinete como secretario de Justicia a Alberto Zuppi, vinculado a organismos de derechos humanos y abogado de Memoria Activa, el grupo de familiares que cuestiona la investigación por el atentado en la AMIA, la sede judía que en 1994 fue volada por el terrorismo islámico. Con todo, la dirigente de Memoria Activa, Laura Guinsburg, lo descalificó por haber aceptado el cargo.

Zuppi que comulga con el principio de la extraterritorialidad, que Menem y Fernando de la Rúa rechazaron para impedir la extradición de ex represores reclamados en el exterior, declaró que el nuevo gobierno de Argentina anulará un reciente decreto del anterior presidente que rechazaba todas las demandas de extradición de militares que cometieron delitos bajo la dictadura, entre los años 1976 y 1983, y que están perseguidos por la violación de los derechos humanos.

En el interior del país, los responsables de esos delitos se han beneficiado de la ley de punto final (1986) y de la ley de la obediencia debida (1987), además de las medidas de gracia adoptadas en 1989 y 1990 por el ex presidente Menem. Las dos leyes ya han sido declaradas inconstitucionales por dos instancias judiciales.

La sociedad, por el momento, lo observa en calma tensa, midiendo la distancia real que podría haber entre sus palabras, sus gestos ampulosos y los hechos.

Desde el estallido social de la semana pasada todo continúa congelado y probablemente siga así: no hay acceso fácil al dinero en los bancos (restringido por Domingo Cavallo), la cadena de pagos está quebrada y el consumo sigue siendo mínimo.

La sociedad no aguantaba más la asfixia a que había sido sometida por la gestión de Fernando De la Rúa pero ignora si los tiempos futuros serán mejores. Sólo un 38% de los ciudadanos se expresó en esa dirección –de acuerdo con un sondeo de Gallup– tras los primeros dos días de Rodríguez Saá.

Moratoria y tercera moneda

La gente pudo haber quedado seducida por el anuncio que hizo el mandatario interino de que el dinero disponible para el pago de la deuda externa será volcado en planes sociales y alimentarios, pero desconoce las implicaciones reales de una quiebra. Las festividades han postergado la reacción de los acreedores aunque el riesgo país sobrepasó los 5.000 puntos.

Aunque de hecho la economía ya estaba paralizada, la suspensión de pagos implicará para Argentina dificultades, desde la restricción del crédito hasta las operaciones de importación y exportación que deberán hacerse al contado. Para el hombre común, las dificultades van desde los trámites para utilizar una tarjeta de crédito en el exterior hasta realizar una llamada a cobro revertido.

En las próximas cinco semanas, la nación debía afrontar vencimientos por 1.080 millones de dólares. «No lo podemos hacer a costa del hambre del pueblo argentino que salió a las calles», explicó ante diputados y senadores.

Por lo pronto, en la Nochebuena, salió el decreto declarando la moratoria y se ha anunciado la emisión de la tercera moneda, el «argentino», no convertible, con la que se pagarán parte de los salarios y jubilaciones del personal del Estado y posiblemente se extienda al sector privado, por medio de créditos para reactivar la economía. Pero los ahorros en plazos fijos no serán descongelados.

Posiblemente sea el paso previo para salir de la convertibilidad.

El presidente, con el respaldo de los gobernadores peronistas, piensa que el argentino reanimará el comercio y la industria, revirtiendo más de 44 meses de recesión.

Las fiestas navideñas fueron tristes y de menor consumo. Hasta bajó el número de damnificados por los cohetes de alegría. Menos ojos dañados, pero también menos champaña, comidas y bebidas.

Si Rodríguez Saá consigue crear expectativas, no habría que descartar que los propios comicios del 3 de marzo entre en las sombras. Aún es temprano para tanta y audaz especulación.

En otras dos señales contradictorias, Rodríguez Saá se reunió con los líderes piqueteros, movimiento que encabezó la resistencia contra los planes de ajuste y a la vez otorgó la distribución y el control del Plan Alimentario al Ejército. *