Olimareños reciben informe del Tribunal

Treinta y Tres

El presidente de la Junta Departamental, Ricardo Ramírez Láuz, resolvió que ni siquiera ediles, funcionarios o miembros de la prensa pudieran acceder al lugar mientras se desarrollaba la investigación sobre lo sucedido con el informe. El resultado de la auditoría fue enviado a la Secretaría General de la Junta el 20 de agosto de 1999, pero los ediles recién tomaron conocimiento de su existencia la semana pasada, cuando el Tribunal pasó una factura por un monto de seis mil dólares por el trabajo.

La situación, considerada de extrema gravedad, motivó que una delegación de ediles nacionalistas encabezada por el propio Ramírez viajara con urgencia a Montevideo para entrevistarse con las autoridades del Tribunal de Cuentas y conocer a fondo los detalles de la auditoría contable, que hoy llegará a mano de todos los ediles.

Si bien oficialmente no se conoce el contenido del informe, varios ediles aseguraron que allí se constatan «gravísimas irregularidades administrativas cometidas por la administración del intendente Campanella». Más allá del contenido de la auditoría, la medida adoptada por Ramírez de impedir el acceso de cualquier persona a la Junta provocó profundo malestar entre los ediles. El curul colorado Julio Barboza dijo a LA REPUBLICA que «el señor presidente incluso pretende que nosotros marquemos tarjeta de reloj cuando concurrimos a las sesiones de comisión, en una actitud totalmente arbitraria porque los ediles no somos funcionarios de la Junta». Respecto a la desaparición del informe afirmó que es «lamentable que este tipo de hechos empañe el funcionamiento de la Junta. No descansaremos en nuestro esfuerzo para llegar hasta el fondo de los hechos y establecer claramente quién o quiénes son los responsables de esta situación».