Maniobra en Embajada se consumó durante visita de Sanguinetti en 1999

Corresponsal en España

La prensa acreditada en Madrid intentó contactar al embajador José María Araneo y al personal de la representación diplomática oriental. Si bien todos admitieron los hechos denunciados afirmaron «no poder decir nada» en razón del secreto del sumario administrativo.

Empero, en forma oficiosa se le hizo notar a este corresponsal que en el caso en cuestión «no hubo falsificación de firmas», ni del embajador ni menos aun del presidente Sanguinetti, aunque no por ello el hecho «es menos grave». A su vez, se señaló que la alta funcionaria separada del cargo «no fue designada por el entonces embajador Enrique Tarigo, sino por el entonces titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alvaro Ramos» y que el presidente Jorge Batlle «ha sido informado» del asunto. Al parecer, se acusa a la funcionaria, L.C., de una defraudación en los gastos ocurridos durante una visita a España del presidente Julio María Sanguinetti, en marzo de 1999. Tras una rápida visita a Santiago de Compostela (en cuya Universidad fue nombrado Doctor Honoris Causa), el entonces Presidente uruguayo se desplazó (junto a una amplia delegación de empresarios uruguayos) a Valencia, donde presidió un «Encuentro empresarial y con Operadores de Turismo» hispano-uruguayo. Según fuentes vinculadas a la embajada, en la rendición de cuentas de L.C. de ese evento valenciano figura una recepción uruguaya a autoridades y empresarios valencianos, que fue pagada por la Generalitat Valenciana, y el alquiler de un autobús a precio «exorbitante» y del que no hay factura. De allí cabe deducir «que esos gastos figuran como manipulación contable para apropiarse de una fuerte suma de dinero».

Divergencias políticas

La funcionaria L.C. es de filiación nacionalista, mientras que el embajador Araneo y el resto del funcionariado superior de la embajada son colorados. El hecho no debería significar una situación de confrontación de por sí, pero, desgraciadamente, la filiación política distinta de gobernantes o funcionarios ha dado lugar en Uruguay a situaciones que eufemísticamente llamaremos «conflictivas». Las fuentes vinculadas a la ex ministra consejera (amigos uruguayos y colegas de otras representaciones diplomáticas) comienzan por señalar que aparece difícil de creer que una funcionaria de tan larga carrera de tan alto grado en el escalafón hiciera una «defraudación» de «poca monta y poco monto», poniendo en juego su carrera. A este respecto conviene señalar que LA REPUBLICA determinó que toda la partida asignada a la embajada para la visita de Sanguinetti fue de 30.000 dólares y que el costo de una recepción y el alquiler de un autobús (por más exorbitante que sean sus precios) no sobrepasan el millón de pesetas, unos diez mil dólares.

«Mala química»

Las mismas fuentes señalan que –desde su llegada a Madrid en setiembre de 1999– hubo «mala química» entre el embajador y la ministra consejera y que el ser ella blanca era la causa básica, ya que esas fuentes atribuyen a José María Araneo el haber declarado –aún en Montevideo– que quería «una embajada colorada». Hay quien recuerda que cuando L.C. llegó a Madrid en octubre de 1996, al entonces embajador y también colorado Enrique Tarigo tampoco le agradó la llegada de una ministra consejera blanca. Además de blanca, con el grado de ministro en el escalafón diplomático (grado sólo superado por el de embajador y que permite encabezar una legación) cosa que no puede gustar a un embajador nombrado por razones políticas y no de «carrera». L.C. tampoco quiso dar su versión a LA REPUBLICA, por las mismas razones de «secreto de sumario». Sólo confirmó que está suspendida de empleo y medio sueldo, desde el 25 de febrero y que fue adscripta a la Cancillería. El 20 de marzo se le ordenó volver a Montevideo, lo que hará próximamente. Fuentes allegadas a la funcionaria afirman que si bien en un principio la embajada (entonces a su cargo como encargada de negocios) pagó la factura de la recepción, emitida por el hotel en que se hizo, luego la Generalitat Valenciana reconoció que había habido un error y abonó la misma. El importe de esa factura fue, pues, devuelto por L.C. a la Caja de la Embajada. En cuanto al autobús alquilado para llevar a los empresarios uruguayos de Valencia a Alicante, las mismas fuentes afirmaron que existe un recibo firmado por el propietario-conductor del mismo. No hay factura, dicen, porque el propietario es un «trabajador autónomo» y se le contrató porque la visita presidencial-empresarial se realizó en plenos festejos de las famosas «fallas» y no había empresa que tuviera autobús disponible para un viaje a Alicante (originalmente no previsto). Según pudo confirmar LA REPUBLICA, desde el 23 de febrero y durante diez días, la directora de la Dirección de Asuntos Jurídicos, de la Cancillería, Mary Luz de Raful, estuvo realizando en la embajada uruguaya de Madrid un procedimiento administrativo, revisando especialmente todos los documentos relacionados con los gastos pagados por la embajada durante la visita de Sanguinetti en marzo de 1999. Fuentes próximas a la funcionaria L. C. afirmaron que eso fue un pedido expreso del embajador Araneo (y hay quien insinúa que fue «para sacársela de encima»). Pero admiten que los dos «vales cuestionados» se refieren a la recepción y al alquiler del autobús. Sea cual sea la versión verdadera, la investigación ya realizada y el sumario administrativo en curso deben dilucidar la verdad: si hubo defraudación o ningún hecho anómalo.