Se desata polémica por la licitación del Aeropuerto

Como informó ayer LA REPUBLICA el Tribunal de Cuentas analizará en su próxima reunión un informe del Departamento Jurídico que es fuertemente crítico con la licitación. No obstante fuentes cercanas al Tribunal señalaron a LA REPUBLICA que ante el pedido de licencia de la ministra Beatriz Pereira, representante del Nuevo Espacio en el organismo de contralor, el representante frenteamplista Ariel Alvarez solicitará una prórroga para el análisis del tema.

Mientras tanto el debate entre los consorcios que compiten por la adjudicación se ha instalado definitivamente en los medios. La Comisión Asesora que estudió las ofertas recomendó al Poder Ejecutivo otorgar la licitación al consorcio MVD que fue quien ofreció el canon más alto.

Sin embargo a través de sucesivos trascendidos de prensa y pronunciamientos políticos el consorcio recibió fuertes críticas, en particular por la situación financiera de uno de sus principales socios, la empresa mexicana Tribasa.

MVD había mantenido en todo este período silencio, sin embargo a través de un remitido publicado el domingo en toda la prensa escrita y una importante presencia en los medios ayer, rompió el silencio y salió a defender su posición.

Victor Hugo Mesa que ofició como vocero de MVD reiteró que en el caso de Tribasa «se habla como si estuviera quebrada y es una empresa que tiene un patrimonio de 300 millones de dólares. Hemos presentado los balances auditados en la Comisión Asesora y nunca fuimos cuestionados porque siempre superamos, como consorcio, el respaldo económico requerido. En la licitación, además, existe una cláusula que establece el requisito de que la empresa ganadora deposite un fondo de garantía de 27 millones de dólares y MVD ya lo depositó».

Mesa agregó que MVD «decidió romper el silencio y decir nuestra verdad. Alertar a la opinión pública, a la prensa y a las autoridades que la información que se ha manejado es parcial, subjetiva e inexacta».

El vocero de MVD señaló además que la «campaña insidiosa» que denunció es impulsada «por el grupo de empresas que se beneficiaría si MVD es descalificada. Se ha hablado de otorgar la licitación al segundo. Ese grupo de empresas, para mí, ha dado esa información a cierta prensa que la ha utilizado de la manera que la ha utilizado». Mesa destacó también que la posibilidad que se maneja de otorgarle la licitación al segundo clasificado «golpearía la credibilidad de las licitaciones en nuestro país» y agregó «el Tribunal de Cuentas no puede cambiar las reglas de juego, después de que se abrieron los sobres y se conocen las ofertas».

Las posibilidades

La licitación es para conceder en régimen de concesión de obra pública la administración, explotación y operación de servicios de nuestra principal terminal aérea por 25 años.

Si el Tribunal de Cuentas observa la licitación, tiene cuatro posibilidades: anular la licitación y hacer un nuevo llamado, otorgar igualmente la licitación al primer clasificado (MVD), desclasificar a MVD y otorgarlo al segundo clasificado y anular la licitación y realizar la obra con fondos estatales o créditos internacionales con respaldo estatal.

Según pudo saber LA REPUBLICA, la opción de otorgar la licitación al segundo consorcio clasificado, integrado básicamente por capitales franceses y uruguayos, es apoyado por el herrerismo y algunos dirigentes colorados. Esta posición ha sido rechazadas por el diputado Gustavo Borsari, quien en una carta dirigida a LA REPUBLICA afirma que cuestiona la legitimidad del proceso licitatorio (ver página 17).

El Encuentro Progresista-Frente Amplio impulsa la anulación de la licitación y analizar al realización de la obra con fondos estatales. Fuentes de la coalición de izquierda señalaron «el único camino es anular la licitación, no se puede favorecer a los otros consorcios, eso sería un escándalo y tendría consecuencias muy serias».

En el proceso de discusión de la licitación la Asociación de Funcionarios de Aeronáutica Civil rechazó la adjudicación a privados porque «es un mal negocio para el país». La gremial de los funcionarios aseguró que «el Estado perderá millonarios ingresos y se los dará a privados que se beneficiarán claramente con una ganancia varias veces superior a la inversión que realizarán».