Política "insuficiente"

«Esto le hace bien a la democracia, los uruguayos tenemos que comprender que la oposición también es una forma de gobernar», agregó el dirigente en la conferencia de prensa que realizó después de reunirse con el primer mandatario. Vázquez le entregó a Batlle dos documentos –ambos aprobados por unanimidad por la Mesa Política en la mañana de ayer– en los que se realiza un análisis de la Ley de Urgencia y se proponen 23 medidas alternativas. «Es insuficiente para tratar la emergencia del país y abarca temas tan disímiles, desde la creación de un ministerio de deportes o reglamentar el juego de la mosqueta, en cualquier momento intentamos reglamentar el cuento del tío», ironizó Vázquez y agregó: «(también legisla sobre) cosas tan importantes como la ley de descentralización o el apoyo al sector productivo con la exoneración del aporte patronal al BPS y la exoneración de una parte del pago de la contribución rural».

Vázquez agregó que existen «algunos» artículos de la propuesta que son «inconstitucionales». Asimismo señaló que «hay temas urgentes que fueron propuestos en el acuerdo del Partido Colorado y Partido Nacional el 9 de noviembre de 1999, que no están contemplados en la ley». Citó a la penalista colorada Adela Reta –«una figura que nadie discute en el terreno de la Jusicia Penal»– para oponerse a las leyes planteadas sobre seguridad pública: «lo peor que se puede hacer es legislar bajo un estado de alarma» en esta materia.

Propuestas alternativas

LA REPUBLICA publica las 23 medidas planteadas por la izquierda, las cuales, » algunos son proyectos de ley y otros son inciativas que tiene que tomar el Poder Ejecutivo», explicó Vázquez:

Políticas Alternativas

1) Para ganar competitividad y generar condiciones de inversión, no se puede renunciar a los instrumentos de política económica concentrándose exclusivamente en la reducción indiscriminada del gasto público. Por el contrario, debe actuarse con los instrumentos fiscales potenciando la inversión pública, con los instrumentos de política financiera incidiendo en la reducción de la tasa de interés y la orientación del crédito; con una política cambiaria que, cuidando no afectar las metas en materia de estabilidad de precios, revirtiera paulatinamente y en cierta medida, la exagerada desprotección cambiaria plasmada en el período 1991-1995. En los hechos, durante 1999 se transitó por este camino por lo que hubiese concitado más acuerdo que se anunciara la continuidad de lo realizado en este aspecto.

2) Para alcanzar la estabilidad sobre bases firmes, debemos reconocer que las presiones inflacionarias que subsisten en Uruguay provienen principalmente de los costos, entre los cuales los costos financieros, las tarifas públicas y los impuestos aparecen como los principales responsables. Por su parte la credibilidad es un factor esencial de toda política de estabilización y, en tal sentido, un acuerdo social se hace imprescindible.

3) El crecimiento no asegura por sí solo la solución de los problemas de empleo. Para ello no son apropiadas las políticas que no tienen en cuenta la diferente situación y potencialidad de los sectores y se hace necesario la aplicación de políticas activas y selectivas de promoción del empleo.

4) Finalmente, la mejora de la distribución del ingreso, en lo inmediato, dependerá de la mejora de la situación del empleo y del uso del gasto social, castigado por la propuesta de recorte indiscriminado del gasto público realizada por el equipo económico de gobierno. Es necesario fortalecer el gasto social en el marco de los límites impuestos por restricciones tolerables de déficit fiscal». En el marco de las consideraciones anteriores destacamos algunas de las propuestas puntuales que entendemos urgentes:

Cuestiones Urgentes a Considerar

1. Ampliación del régimen de asignaciones familiares para abarcar a los 215 mil niños hoy no cubiertos por el sistema.

2. Instrumentar un sistema de «salario social» para las mujers jefas de hogar en situación de desocupación.

3. Instrumentar un sistema integral para superar la problemática de la niñez desvalida.

4. Reducción de los costos financieros para la producción y el consumo a través del manejo de instrumentos de política financiera. En esa dirección proponemos estudiar la eliminación del Imaba.

5. Dotar de mayor efectividad al sistema de promoción de las Pymes.

6. Mecanismos que den soluciones de largo plazo para el sobre endeudamiento de los sectores productivos.

7. Reducción de aportes patronales a la seguridad social.

8. Apuntalamiento de las finanzas de las Instituciones de Asistencia Médica Colectivizada (IAMCs) sobre la base de proyectos de reestructura institucional y contrapartidas de dichas instituciones.

9. En la dirección anterior incrementar el aporte de Disse a las IAMCs del 85 al 95 del valor de las cuotas.

10. Reforzar y reformular el plan de construcción de viviendas, sobre la base mínima de gastar lo que para ese fin se recauda propiciando los mecanismos para que las cooperativas de ayuda mutua y los fondos sociales puedan participar del programa.

11. Propiciar el financiamiento público del déficit de la Junta Nacional de Empleo (Junae).

12. Mejorar las condiciones del seguro de desempleo e incorporar los trabajadores rurales al seguro de desempleo.

13. Establecer la cuota mutual para los docentes y funcionarios de la ANEP.

14. Aprobar una ley de regulación del servicio doméstico.

15. Establecer un fondo de garantía para créditos laborales ante la insolvencia patronal

16. Legislar sobre Cooperativas de Trabajo

17. Legislar para establecer un régimen de Convenios Colectivos.

18. Legislar para introducir el Fuero Sindical.

19. Creación de un Fondo de Inversiones para Colonización.

20. Eliminación del IVA para el sector hotelero e incrementar sustancialmente los rubros para una eficiente campaña de promoción del turismo.

21. Creación de empresas mixtas municipales en los términos del proyecto de ley aprobado por la unanimidad del Congreso de Intendentes (1998)

22. Instalación preceptiva de las autoridades locales

23. Reglamentación precisa de la actuación y atribuciones de la Comisión Sectorial (artículo 230 de la Constitución).