Cinco muertos por saqueos en Argentina

REDACCION Y AGENCIAS

 

La ola de saqueos sin precedentes que sacudió ayer a Argentina dejó un saldo de cinco muertos, todos por heridas de bala, dijeron fuentes policiales.

En tanto, 352 manifestantes quedaron detenidos sólo en la provincia de Buenos Aires, donde se produjeron la mayor parte de los incidentes, mientras que 39 policías de ese distrito resultaron heridos.

La primera víctima, un joven de 24 años, identificado como Diego Avila, recibió un balazo en la cabeza disparado por Liu Yian Kuing, de 26 años, el propietario del supermercado donde pretendía ingresar, en una zona humilde en las afueras de Buenos Aires. Kuing fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

A la muerte de Avila se sumaron las de dos personas en la ciudad de Rosario –300 kilómetros al norte de Buenos Aires– y la de un menor en la provincia central de Santa Fe.

Uno de los muertos fue «una mujer de 29 años de nombre Sandra Ríos (…). Murió de un balazo en un saqueo a un pequeño comercio en una zona pobre de Rosario», dijo a Reuters un portavoz policial.

En tanto, un hombre, cuya identidad no trascendió, murió también en Rosario luego de recibir un balazo que habría efectuado un comerciante.

Por su parte, el adolescente Miguel Angel Passini, de 15 años, fue herido mortalmente de una perdigonada de una escopeta disparada por un particular, dijo a Reuters una portavoz de la policía de la provincia de Santa Fe, donde ocurrió el hecho.

En tanto, en la patagónica provincia de Río Negro, un hombre murió al recibir un balazo durante un enfrentamiento entre personas que saquearon un supermercado y policías.

Temor de Amnistía Internacional

En tanto, Amnistía Internacional advirtió anoche que pueden producirse detenciones arbitrarias en Argentina en el marco del Estado de Sitio decretado por el gobierno ante una grave crisis social.

La medida de excepción, que puede ser adoptada en casos de grave peligro o conmoción interna, permite la detención de personas sin autorización judicial, lo que despertó el temor de la entidad defensora de los derechos humanos.

«El gobierno puede y debe garantizar la seguridad de los ciudadanos pero no a costa de restringir los derechos individuales, evitando las detenciones arbitrarias, asegurando que no haya represión a la ciudadanía», dijo Amnistía en un comunicado. *