Asamblea de la Vertiente respaldó a Rubio y Couriel por Ancap

La declaración final señala que el proyecto presentado por Couriel y Rubio en el Senado la semana pasada «apuntaba a asegurar los siguientes aspectos:

a.- Mantener una fuerte presencia del Estado, en un sector estratégico como lo es el de los combustibles, a través de nítidas definiciones de políticas energéticas , presencia de una unidad reguladora que asegure la competencia y los requerimientos de los usuarios, y una participación clave de la propia Ancap.

b.– Proteger y desarrollar la inversión en la refinería, manteniendo la fuente de trabajo, y apuntando a la reducción de los costos por unidad, el avance tecnológico, y la mejora de la gestión, generando la posibilidad de acceso al mercado internacional.

c.– Mantenimiento de la propiedad estatal de los activos del Ente.

d.– Bloqueo de la existencia de eventuales monopolios privados, asegurando una verdadera regulación del mercado que impidiera el manejo lesivo para los intereses nacionales, y el sabotaje de la producción nacional manteniendo el liderazgo del Estado en la fijación de los precios y en el manejo del mercado de acuerdo con las necesidades del país.

e.– Aseguraba a los trabajadores del Ente la fuente de trabajo manteniendo en reserva el cargo público».

El máximo órgano de la Vertiente entiende que este proyecto «aplicaba en forma correcta y coherente las decisiones adoptadas oportunamente en distintas instancia por el Encuentro Progresista – Frente Amplio».

Además, manifestó «su apoyo a la decisión adoptada en cuanto a mantener la unidad de acción en la votación parlamentaria, imprescindible para que el Frente Amplio pueda asegurar el futuro gobierno nacional.

Al mismo tiempo reafirma la necesidad de mantener una actitud activa en cuanto a la capacidad de propuesta para encauzar la situación del país».

La Asamblea resolvió además «dar la máxima publicidad» a las exposiciones realizadas por los dos legisladores en las sesiones.

Asimismo se reitera el compromiso por la «defensa del patrimonio público desde una perspectiva progresista, salvaguardando el papel estratégico de las empresas del Estado al servicio del desarrollo económico del país, y el abastecimiento de servicios básicos para la población, con una importante repercusión social. Ello supondrá en todos los casos tanto la firme oposición a la privatización salvaje, como la tarea de asumir con decisión y creatividad la reforma del Estado que permita salvaguardar la presencia pública activa tal como la concebimos, superando deficiencias originadas en el pasado por su uso político, y enfrentando con éxito los desafíos en un contexto económico crecientemente competitivo».

En ese sentido, rechaza las propuestas que «comprometen» el protagonismo de UTE en la generación de energía y convoca a redoblar el esfuerzo en la campaña de recolección de firmas en defensa de Antel.

 

Vigencia del Plan de Emergencia

La Vertiente Artiguista expresó además su preocupación por la «alarmante situación económica y social del país, signada por la persistencia de una política económica nefasta que habilita la profundización de la crisis y, a la vez, por la llamativa inacción del gobierno nacional, carente de ideas e iniciativas para revertir la situación. En un marco general de deterioro de la producción agrícola e industrial, de debacle en el sector comercial, de pérdida constante de puestos de trabajo, corresponde subrayar el crecimiento incontenible de los bolsones de pobreza en diversos puntos del territorio nacional y en especial en varios departamentos del Interior».

Por tal razón reafirmó la vigencia del plan de Emergencia del Encuentro Progresista-Frente Amplio que propone «lineamientos de acción, medidas de política y fuentes de financiamiento, para impulsar la reactivación económica , la generación de fuentes de trabajo y el desarrollo de políticas sociales tendientes a paliar los efectos más dramáticos de la recesión. Dicho Plan de Emergencia debe constituir el eje central de nuestra iniciativa política en la actual situación del país».

En el aspecto de los Derechos Humanos, la Asamblea respaldó el trabajo de la Comisión para la Paz. «El trabajo en este sentido, no sólo debe referirse a la investigación de los hechos sino que a partir del conocimiento y la comunicación a los familiares y a toda la sociedad de lo sucedido con los detenidos desaparecidos en el país y fuera de él, así como a la ubicación de sus restos, el reconocimiento del gobierno, de la práctica del terrorismo de Estado, y la reparación correspondiente. Es imprescindible además que se desarrolle una política legislativa y educativa para prevenir y castigar estos hechos, dictando normas que incorporen en forma expresa los delitos de lesa humanidad, los delitos de tortura y desaparición forzada y la creación a texto expreso de una ley que consagre el hábeas data y la posibilidad de la apertura obligatoria de los archivos y toda la documentación relativa a la actuación de los servicios de inteligencia militar y policial».

Reclama además que se ratifiquen y se apliquen los Tratados de Derechos Humanos suscritos por el Uruguay y en particular la urgente ratificación del Tratado de Roma, con la adhesión a la creación de la Corte Penal Internacional.

Asimismo plantea promover una campaña educativa en el tema de Derechos Humanos, incluyendo particularmente el conocimiento formal, en los distintos niveles de la Educación, así como en particular en las Instituciones de formación militar y policial.

En la Asamblea de ayer también se ratificó la designación del senador Enrique Rubio como nuevo presidente de la fuerza política. *