Reparación para perseguidos de la dictadura

Durante una discusión que se prolongó por más de dos horas, la rama baja parlamentaria sancionó la iniciativa con la aprobación unánime de los legisladores de la bancada del Encuentro Progresista Frente Amplio, el Partido Nacional, Nuevo Espacio y Nuevo Espacio Independiente, y parte de la bancada del Batllismo-Lista 15 y del Foro Batllista. El proyecto aprobado ahora deberá ser remitido a la Cámara de Senadores para su análisis. Allí el Poder Ejecutivo remitirá un proyecto a través del que se establece la financiación de la iniciativa.

Por la Lista 15 votaron José Amorín Batlle, Jorge Barrera, Raimond de Boismenú, y Gustavo Silveira, quienes dejaron constancia de que la propuesta es «inconstitucional porque no tiene financiamiento», pero lo votaron porque tienen la certeza de que la financiación «llegará».

Mientras que por el Foro Batllista, Washington Abdala –quien también votó en forma afirmativa cuando se consideró la propuesta en particular– expresó que «es una buena cosa que se trate de reconstruir una época del país que no fue feliz y esto permite tratar de mejorar situaciones muy dramáticas. El Uruguay es un país donde todos tenemos derecho a vivir en paz. Bienvenido este proyecto» subrayó Abdala.

El diputado por Alianza Nacional y presidente de la Comisión de Seguridad Social, Julio Lara, miembro informante del proyecto aprobado por mayoría en la agrupación legislativa resaltó que la iniciativa «pretende reparar a los trabajadores de la actividad privada que entre el 9 de febrero de 1973 al 28 de febrero de 1985 se hubieran visto obligados a abandonar el territorio nacional por razones políticas, ideológicas o gremiales».

En ese período, debió mediar la salida del país y el regreso al territorio nacional, entre la detención y la recuperación de la libertad y período de clandestinidad, en su caso. Asimismo ampara a quienes hubieran estado detenidos por delitos políticos o militares conexos durante dicho lapso y dirigentes sindicales que debieron permanecer en la clandestinidad en el mismo período. Los beneficiarios serán quienes hubieran estado detenidos por imposición de la justicia militar, cualquiera fuera la autoridad que dispuso inicialmente la privación de libertad entre las fechas determinadas, por delitos políticos o militares con los mismos. También aquellos que pasaron a la clandestinidad siendo dirigentes sindicales o haberse visto compelidos a abandonar el país entre 1973 y 1985 por razones políticas, ideológicas o gremiales, siempre que hubieran retornado al mismo y se hayan radicado en forma definitiva en el país antes del 1º de marzo de 1990. A los trabajadores comprendidos se les reconocerá durante el período de cómputo ficto de servicios, un ingreso mensual equivalente a cinco salarios mínimos nacionales. Según el parlamentario, «el proyecto contiene un criterio para la financiación que en parte devendrá de los propios beneficiarios, cuando el proyecto fija que los aportes jubilatorios personales correspondientes al reconocimiento ficto se cancelará mediante un régimen de reintegro que es equivalente al 20 por ciento de los importes emergentes de dicho reconocimiento ficto. Sin perjuicio de que los primeros gastos que genere la aplicación serán atendidos por Rentas Generales.

«La justicia tarda pero llega»

Durante el debate, el diputado por Fuerza Nueva Colorada, Daniel García Pintos, quien se opuso a la propuesta procuró en todo momento confrontar con los legisladores de la coalición de izquierda. Enfrentamiento que no prosperó. Señaló que se trata de «una iniciativa sumamente injusta porque repara a quienes no trabajaron en el país y no hicieron aportes al Banco de Previsión Social». «Nos parece inconveniente, injusto, no creemos que sea de recibo», consideró el legislador. *