Ancap: aval explícito de Couriel y Rubio al proyecto de la coalición

«Lo digo también con una satisfacción porque siento aunque estoy de acuerdo totalmente con el proyecto porque se hicieron modificaciones, que tiene elementos positivos que se incorporaron de la propuesta que hicimos nosotros en la Comisión de Servicios Públicos», consideró Couriel (VA).

El parlamentario agregó que «de alguna manera, y no es un tema menor, si mañana el Frente Amplio es gobierno va a tener los elementos indispensables en el sector combustible para llevar adelante una política que atienda los intereses nacionales».

En cambio, marcó una diferencia, al evaluar que debería expresarse que «se efectiviza esta desmonopolización una vez que se concrete la asociación de Ancap con el socio, y lo mismo tiene que ver con las fechas».

Y su compañero de bancada, Rubio, también destacó las virtudes de la iniciativa que había sido acordada con la coalición de gobierno, y marcó distancia de una acción «de confrontación» donde se apuesta «al todo o nada».

En ese sentido, resaltó: «Decisión por ley; propiedad de activos en manos de Ancap; mayoría accionaria; decisiones estratégicas en manos de Ancap –incluyendo el plan de negocios, que fue lo que se cambió (política de compraventas, inversiones y endeudamiento), y la garantía social para los trabajadores».

Rubio dijo estar dispuesto a votar lo referente a los funcionarios, independientemente que el FA está en contra sobre el fondo del proyecto. «La gente no puede quedar prisionera de los desencuentros políticos o en las internas de los partidos», manifestó.

Rechazó la política de confrontación porque «el juego del todo o nada tiene dos resultados en algunas aperturas: en primer lugar, si la oposición gana, en cuanto a Ancap se refiere vuelve al punto de partida, es la misma situación que tiene hoy».

Por tanto, «o es el próximo gobierno el que tiene que solucionar –y creo que va a ser del Frente Amplio– el problema de la rebaja de los costos de los combustibles porque si no, no puede alentar los procesos de desarrollos productivos que habilite políticas sociales, y entonces entra en contradicción con sus promesas electorales».

El legislador de la VA admitió: «Me ha dolido la decisión y me siento agraviado por manifestaciones públicas». Pero agregó que respetará la decisión del órgano de conducción de la fuerza de izquierda «por razones de lealtad política y porque no están en juego cuestiones éticas».

Aclaró: «No hemos pedido libertad de acción y nunca estuvo en juego».

Asimismo, Rubio indicó que su conducta parlamentaria, al igual que la de Couriel, será evaluada el próximo fin de semana ante la Asamblea Nacional de la VA. El senador colorado Alejandro Atchugarry compartió el derecho del Frente Amplio de disentir del proyecto, pero destacó «el coraje político» de los senadores de la oposición que hicieron esfuerzos para buscar una fórmula de acuerdo.

Puzzles y artilugios

Por su parte, la senadora comunista y el legislador socialista José Korzeniak cuestionaron duramente el proyecto de ley.

Para Arismendi, la política de la coalición de gobierno ha sido de ir «privatizando», «de a pedacitos» las diferentes áreas de la administración, como si se tratara de un puzzle.

«Este proyecto no se hace a lo bestia», graficó.

A su entender, el objetivo gubernamental es «dejar caer» a las empresas públicas «para luego deshacerse de ellos».

Arismendi señaló que esto es lo que se denomina «mercado libre: uno le da todas las facilidades a la competencia para que después nos devore». Para el senador Korzeniak la iniciativa de la coalición de gobierno es «buscar un inversor para que ponga dinero en la empresa». «El objetivo es crear una empresa para evitar la aplicación del artículo 188 de la Constitución», por el cual para que la ley pueda admitir capitales privados en la Constitución o ampliación del patrimonio de los entes autónomos o de los servicios descentralizados, así como para reglamentar la intervención que en tales casos pueda corresponder a los respectivos accionistas en los directorios, se requerirán los tres quintos de votos del total de los componentes de cada Cámara.

Según Korzeniak «es un artilugio de creación de esta empresa. ¿Cuál es el problema de ser más sinceros y aplicar el artículo 188?».

Para el parlamentario encuentrista se apunta a que la empresa pública pase a regirse por el derecho privado.

Discrepó profundamente con quienes señalan que la ineficiencia está relacionada con el derecho público.

«La falta de eficacia tiene que ver con los directores que no sirven para nada, con trabajadores que no sirven para nada y con normas atrasadas», expresó.

Igual que Argentina

En su intervención, el senador Couriel manifestó que uno de los objetivos principales del proyecto legislativo era «evitar que se pasara de un monopolio público a un monopolio privado».

«El costo de la refinería de Ancap se va a pagar improductivamente con las deudas que tenemos en Argentina. No sé si hay irregularidades o no pero le pido a los integrantes del Directorio que haga los mayores esfuerzos para saber si hubo o no irregularidades», indicó Couriel.

Agregó que también existe una «mala gestión en la asociación de alcoholes».

Según Couriel, en nuestro país, «hemos copiado la misma política económica argentina».

El senador forista Ruben Correa Freitas indicó que esta última afirmación de Couriel «no podemos dejarla pasar».

«Si así hubiera sido, no tendríamos 300 y pico de puntos de riesgo país y Argentina más de 4.000 puntos», puntualizó.

Asimismo, señaló Correa Freitas: «No estamos en cesación de pagos, y Argentina bajó sueldos y jubilaciones. Uruguay no lo hizo».

También hicieron uso de la palabra los senadores Alejandro Atchugarry (ver nota aparte) y el nacionalista Francisco Gallinal. *