EP quiere anular licitación

Además, el consorcio ganador de la licitación –ahora a estudio del Tribunal de Cuentas– denuncia una «campaña insidiosa» para presionar al Estado a que revea su decisión.

En un remitido a la pública, que se publica hoy en toda la prensa de circulación nacional (página 5 de LA REPUBLICA), el consorcio MVD sostiene que ganó la licitación en buena ley, al ofrecer 80 millones de dólares más que sus oponentes en la licitación.

El remitido aparece previo a la reunión del Tribunal de Cuentas esta semana que debe resolver sobre esa licitación, y después de los trascendidos de que la División Jurídica presentó un informe señalando vicios en la convocatoria.

El comunicado sostiene que el consorcio cumplió con todas condiciones del pliego de licitación y recuerda que el aspecto hoy cuestionado, de que la adjudicación iba a atender el canon más alto ofrecido, fue aclarado en una reunión en enero de 1999. Se recuerda que, entonces, presentes representantes de los consorcios e integrantes de la comisión consultora Lufthansa Consulting, se preguntó específicamente «si queda claro que se va a adjudicar esta licitación a la oferta que cumpliendo los requisitos mínimos ofrezca el canon más alto», y que la respuesta ofrecida por el presidente de la comisión Asesora de Adjudicaciones fue «es así», según consta textualmente en el acta de la reunión.

De allí que subrayan que el canon ofrecido por MVD fue de 745 millones de dólares durante el período de concesión de obra, superior en 80 millones de dólares a las otras dos propuestas.

El remitido también expresa que «si se comparan las inversiones prometidas por los oferentes sumadas al canon ofrecido, la oferta de MVD sigue siendo mayor a las restantes».

El consorcio destaca que una vez abiertos los sobres de las propuestas, en que se destacaba el mejor canon de MVD, «se ha desatado una campaña sin precedentes contra el ganador indiscutible de la convocatoria».

Recuerdan que en el eje de esa campaña se ubicaba las dificultades financieras de la empresa mexicana Tribasa, integrante del consorcio, con el objetivo de sembrar «dudas acerca de la posibilidad de cumplimiento de MVD».

El comunicado explica que «a pesar de las dificultades difundidas, Tribasa cuenta con un patrimonio neto de 300 millones de dólares, 18 veces superior a su cuota parte de la inversión exigida por el pliego».

Añade que los miembros de MVD «han demostrado un patrimonio consolidado al 31 de diciembre de 1998 de 540 millones de dólares, el cual al 30 de junio de 1999 había aumentado a 580 millones, cifra muy superior a la exigida en el pliego como aportes de capital propio proveniente de los integrantes del consorcio».

Destacan que además están en condiciones de «constituir y depositar a favor del Estado uruguayo la totalidad de las garantías exigidas en el pliego y de integrar el aporte inicial de la sociedad por un total de 35 millones de dólares».

Destaca el comunicado que el consorcio cumplió con los requisitos de capacidad económica y las actualizaciones requeridas. Finalmente cuestiona los reclamos de anular el proceso, advirtiendo que no se pueden cambiar los criterios utilizados cuando de 9 oferentes quedaron sólo cuatro (uno se retiró posteriormente).

«No reconocer a quien legítimamente ganó cumpliendo todas las reglas que se le fijaron, sería el fin de la ya disminuida credibilidad externa e interna de las licitaciones uruguayas».

Tribunal resuelve esta semana

Después de trascender un informe del Departamento Jurídico del Tribunal de Cuentas, sus ministros se reunirán esta semana para resolver el tema. El informe jurídico advierte sobre irregularidades en el proceso licitatorio.

De la licitación participaron finalmente tres consorcios, el MVD Servicios Aeroportuarios, el CAN y el CUE.

Fuentes vinculadas a la licitación señalaron a LA REPUBLICA que si prospera la intención herrerista de descalificar a MVD y otorgar la licitación al segundo consorcio, se produciría «un acuerdo entre los dos que perdieron para realizar una nueva oferta en lo que constituiría un grave precedente en materia de licitaciones».

Si el Tribunal de Cuentas resuelve observar la licitación el gobierno tiene tres posibilidades: 1) adjudicar la licitación al Consorcio MVD que ofreció el mayor canon en el llamado y que ofreció también la mayor cifra combinada de canon e inversiones.

2) Anular la licitación y archivar la iniciativa de reformar las instalaciones de nuestra principal terminal aérea mediante el régimen de concesión de obra y que el Estado se haga cargo (posición sustentada por el Encuentro Progresista-Frente Amplio).

3) Anular la licitación y convocar a un nuevo llamado.

4) Adjudicar la licitación al segundo oferente, que propuso 80 millones dólares menos de canon que el primero (posición sostenida por el Herrerismo a través del diputado Gustavo Borsari y por algunos dirigentes colorados).

«Anular la licitación»

Legisladores del Encuentro Progresista-Frente Amplio han reclamado que la obra sea realizada con recursos propios del Estado, y que se anule el llamado a licitación.

Fuentes encuentristas señalaron a LA REPUBLICA: «Estaríamos ante un grave escándalo si en lugar de anular la licitación por las irregularidades del proceso, se descalifica al consorcio que licitó 80 millones de dólares más que el segundo y se le adjudica al que ofreció menos».

Legisladores de la coalición de izquierda defendieron la posición de que el nuevo Aeropuerto Internacional de Carrasco o la reconversión del actual, se podía realizar con los fondos de la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica (DGIA) y en todo caso con préstamos internacionales con respaldo del Estado.

La (DGIA) percibió en 1998 ingresos por más de 32,5 millones de dólares, de los cuales más de 7,7 millones provinieron del Aeropuerto de Carrasco, otros 10,6 millones de servicios no aeronáuticos –free shop, terminal de cargas, atención en tierra– y que en un 90 por ciento correspondía también al Aeropuerto de Carrasco.

El primer proyecto de reconversión del actual aeropuerto, en 1996, fue estimado en unos 60 millones, recordó el diputado Canet, lo que era posible financiar con recursos propios de la DGIA.

Sin embargo, poco después el entonces presidente Julio María Sanguinetti decidió que el país necesitaba un aeropuerto nuevo y que el Estado no podía financiarlo, por lo que propuso el sistema de concesión de obra. La inversión estimada, por los tres consorcios que llegaron a la final de la licitación, era de entre 167 y 238 millones de dólares. De una torre y media de Antel a dos torres. Se estima que a los cinco años de iniciada la construcción, y culminada la primera etapa, el flujo de caja será positivo.

El diputado Brum Canet, que ha llevado la voz cantante en todo este proceso, defendiendo los intereses del Estado y la sociedad civil uruguaya, ha señalado en varios ámbitos la necesidad de la transparencia y la cristalinidad.

Brum Canet ha defendido la posibilidad de que el propio Estado uruguayo se encargue de la obra y además que los beneficios que ella traerá sean para la sociedad uruguaya y no para «consorcios privados».