Documento oficial de la dictadura sobre detenidos en la Argentina

Las comunicaciones de Inteligencia refieren al caso de Graciela de Gouveia y José Enrique Michelena, un matrimonio uruguayo, denunciado como desaparecido en la Argentina en junio de 1977.

El documento, en poder de LA REPUBLICA, incluye el intercambio de información entre la Cancillería uruguaya y el Servicio de Inteligencia Militar de nuestro país sobre las actividades del matrimonio, seis meses después de ocurridas las desapariciones en la Argentina, a pedido de las autoridades argentinas. El material –en papel membretado de la Junta de Comandantes– había sido entregado a la Comisión para la Paz, a través del sacerdote Luis Pérez Aguirre, el 11 de julio de 2000.

Un año antes, tanto Rubio como el diputado José Bayardi (Vertiente Artiguista) habían solicitado a la Cancillería acceso a los archivos de comunicaciones de esa cartera, entre junio de 1973 y febrero de 1984, inclusive.

La respuesta de Opertti fue que en dicha secretaría de Estado «no había material alguno de interés en el tema» y que de haberlo «era una cuestión de Estado su difusión».

 

Los documentos

La documentación oficial –hasta ahora inédita– llegó a manos del legislador en forma no especificada. En la carta entregada a la Comisión para la Paz, tanto Bayardi como Rubio avalan su autenticidad.

El documento, caratulado de secreto, está titulado «Parte especial de Información Nro D:H:02 – Para el Sub-Director de Política Exterior del M.RR.EE.» de nuestro país. A través del mismo, el entonces Jefe de Departamento II (Exterior) del Servicio de Información de Defensa, teniente coronel (navío) Luis H. Otero, con fecha 23 de enero de 1978, responde el memorándum de fecha 20 de enero de ese año, en el cual se le solicitaban los antecedentes de Graciela de Gouveia y José E. Michelena. La ficha de Graciela De Gouveia no presenta ninguna anotación: allí consta que «no se registra como detenida ni procesada». En cambio, el informe de Inteligencia de Michelena pone de manifiesto un seguimiento estricto de sus actividades, principalmente como militante estudiantil, desde el año 1966. Al final, el documento incluye una anotación muy sugestiva: «El 5 de agosto de 1977, según el diario bonaerense Buenos Aires Herald, la madre del titular concurrió a la redacción de ese rotativo para denunciar la desaparición del mismo y su esposa, Graciela De Gouveia, desde el día 14 de junio de 1977″.

En su carta a la Comisión para la Paz, los legisladores señalan que confirmaron la autenticidad de los documentos: «Los datos contenidos en él, número de cédula de identidad, serie y número de credencial cívica, direcciones, el nombre completo de sus padres, incluso algunos no públicos y de muy difícil acceso como el tercer nombre de la madre, o su actividad gremial en Secundaria en los lejanos años de 1966 y 1967, fueron chequeados minuciosamente por nosotros y comprobados en su total veracidad.

No encontramos concebible tal labor investigativa sobre hechos ocurridos hace décadas para la elaboración de un documento falso».

También describen el presunto recorrido de la documentación: «Tenemos que el Jefe del Departamento II del SID recibe del Subdirector de Política Exterior del MRREE un Memorándum (el 21 de enero de 1978) en el que se le solicitan los antecedentes sobre dos ciudadanos uruguayos denunciados como desaparecidos el 14.6.77 (más de seis meses atrás). El jerarca de Inteligencia militar tenía pleno conocimiento de esta situación, ya que la última anotación en la ficha de Michelena da cuenta de la denuncia que se hizo en la prensa de ese hecho».

Ante esto, los legisladores se preguntan: «¿Por qué el subdirector de Política Exterior de la Cancillería remitió el memorándum del 20 de enero de 1978 requiriendo los antecedentes solicitados? Descartamos la posibilidad de que el pedido integrara una investigación que la Cancillería o la Embajada uruguaya en la República Argentina estuviese efectuando sobre la suerte corrida por los compatriotas. No solamente los más de seis meses transcurridos entre la desaparición (14.6.77) y la solicitud (20.1.78) hacen desechar esa hipótesis, sino que, de haber existido preocupación e investigación respecto a los detenidos-desaparecidos, esos antecedentes se debieron poner en conocimiento de algunos de los ámbitos que trabajaron en esos hechos buscando la verdad, ya sea la Comisión parlamentaria, la Justicia, o incluso la investigación ordenada por el Poder Ejecutivo a un Fiscal Militar». «Creemos indiscutible que la solicitud de antecedentes no fue una iniciativa nacida en nuestra Cancillería ni en nuestra embajada, sino que la vía diplomática fue el canal que siguió la solicitud, pero que ésta partió de los represores argentinos que habían materializado la detención y el secuestro del matrimonio uruguayo.

El subdirector de Política Exterior solicita lo que le piden que solicite a la Inteligencia militar uruguaya desde la República Argentina, pedido que seguramente le llega por la vía correspondiente, es decir desde su jerarca, el ministro, que a su vez lo recibió del embajador en Argentina, que lo recibió no se sabe de quién (tal vez la Inteligencia militar argentina, tal vez el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, tal vez un Comandante de Operaciones de algún macabro grupo de tareas)».