Corporación Nacional para el Desarrollo no rinde cuentas al Tribunal de Cuentas

ROGER RODRIGUEZ

 

Un diferendo que desde hace diez años sostienen la Corporación Nacional para el Desarrollo y el Tribunal de Cuentas estalló en los últimos días a nivel parlamentario, cuando las autoridades de la CND plantearon su intención de emitir papeles de deuda que también podrían evadir los controles del Estado.

Desde hace un decenio el Tribunal de Cuentas denuncia en sus balances anuales que la CND viola el artículo 138 del Texto Ordenado de Contralor Administrativo Financiero del Estado (Tocaf), al impedir que sus técnicos auditen sus balances anuales.

Cada año, la CND envía sus estados contables ya auditados por una empresa privada para que sólo sean «visados» por el Tribunal de Cuentas. El órgano de contralor designa entonces a un técnico para hacer la correspondiente auditoría que verifique el contralor previo, pero cuando el profesional llega a la sede de la CND le impiden su tarea.

El ingeniero químico Carlos Garat, uno de los directores de la Corporación Nacional para el Desarrollo, reconoció días atrás, al comparecer ante la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Diputados, cómo era la historia que se repetía anualmente.

«Ese técnico llega a la Corporación con ese mandato del Tribunal de Cuentas y allí le dicen: ‘No; usted no viene a hacer una auditoría porque ya la hicimos’. El técnico insiste en que tiene que hacerla; entonces, se lo invita con un café y se labra un acta donde consta que no se dejó hacer la auditoría; ahí termina la historia, y el Tribunal de Cuentas remite los antecedentes al Parlamento», reconoció.

Piden visado «a ciegas»

El artículo 138 del Tocaf establece que «los Organismos, Servicios o Entidades no estatales que perciban fondos públicos o administren bienes del Estado llevarán su contabilidad aplicando las normas de los artículos 82 y siguientes, discriminando claramente los fondos públicos y los gastos atendidos con ellos», y agrega que «dichas personas o entidades, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 114 y siguientes, deberán rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas».

La Coorporación Nacional para el Desarrollo creada como una persona jurídica de Derecho Público no Estatal por la Ley 15.785 del 4 de diciembre de 1985, establece en su artículo 29 que la CND «publicará anualmente un balance con la visación del Tribunal de Cuentas»; concepto reafirmado en el artículo 37 del Decreto 247/87 que reglamentó la ley.

Desde el balance de 1990, la CND ha impedido el contralor del Tribunal de Cuentas, sin que existiera voluntad política del Poder Ejecutivo ni de las mayorías parlamentarias en la Asamblea General para modificar su conducta. No entrega el estado de flujo de fondos en efectivo, las notas anexas al balance anual, ni el proyecto de distribución de utilidades, según mandata el artículo 589 de la Ley 15.903 del 10 de noviembre de 1987.

Las autoridades de la Corporación argumentan que como la ley que creó el organismo señala que debe contratarse una auditoría externa que debe ser «visada» por el Tribunal de Cuentas, no permiten que el organismo de contralor estatal revise los estados contables para evitar que se generen «objeciones» que pueden llevar a «confusiones».

El Tribunal de Cuentas replica que no puede «visar» el trabajo de la auditoría externa si no le permite cotejar el trabajo con los documentos de cuentas que generaron la aceptación del balance, lo que implicaría un «visado a ciegas», comentó un parlamentario a LA REPUBLICA.

Un 80% sin contralor

El problema se generó ahora, al trascender que las auditorías externas contratadas por la CND tampoco han podido acceder a la totalidad del patrimonio de un organismo que desde 1997 administra un fondo de 30 millones de dólares constituidos por ley con recursos nacionales y financiado por el Poder Ejecutivo para apoyar micro y pequeñas empresas.

En su dictamen como auditores independientes de la CND en el balance de 1999, la empresa Coopers & Lybrand (miembro de la Price Watherhouse Coopers) subraya que no pudo acceder a los estados contables de las compañías en las cuales la Corporación posee inversiones en acciones.

«Dichos estados contables fueron auditados por otros auditores cuyos dictámenes nos han sido suministrados, y nuestra opinión, en todo lo que se relaciona a las cifras vinculadas a tales compañías, está basada exclusivamente en los dictámenes de otros auditores», advierten.

La Coopers & Lybrand agrega, en ese dictamen suscrito el 14 de abril de 2000, que «algunas de las empresas en las que la Corporación ha efectuado inversiones no cuentan, a la fecha de este informe, con estados contables auditados que permitan sustentar los importes de dichas inversiones, y no pudimos satisfacernos del valor de las mismas mediante otros procedimientos de auditoría».

«Asimismo» –agrega la nota firmada por el contador Omar E. Cabral Quintas– «la carencia de dicha información no nos ha permitido satisfacernos de la cobrabilidad de los créditos que la Corporación mantiene con algunas de dichas empresas».

Al recibir semejante constancia, luego de la anual escena en la que se le impidió acceder a la información contable de la CND, el contador Marcelo Machiñena, auditor del Tribunal de Cuentas, elevó un informe en el que observó que, al comparar el valor patrimonial auditado y el no auditado por la Coopers & Lybrand, «concluimos que las salvedades a que refiere el dictamen de auditoría externa representan más del 80 % del patrimonio de la CND».

En efecto, la firma miembro de la Prince Watherhouse Coopers, en aquella ocasión, no pudo auditar los estados contables correspondientes a un monto de 43:474.495,88 dólares del total del valor patrimonial de la CND, que al cierre de ese ejercicio fue establecido en 53:101.589 dólares.

Pretende emitir bonos

Los antecedentes del conflicto entre la Corporación Nacional para el Desarrollo y el Tribunal de Cuentas volvieron a centrar el debate parlamentario luego de la visita que el presidente de la CND, economista Julio De Brum y el director Carlos Garat, realizaron el 14 de noviembre último a la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara baja.

En la ocasión, los miembros de la CND explicaron al Parlamento los detalles del acuerdo al que llegaron con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para financiar el proyecto de «megaconcesiones» de peajes en rutas nacionales a través de la creación de la empresa «Corporación Vial del Uruguay» y la emisión de papeles de deuda, denominados «bonos de infraestructura» que se negociarían en el mercado de valores.

El tema generó la reacción de legisladores de la oposición, quienes señalaron a LA REPUBLICA su temor por el uso y destino de bonos emitidos por un organismo que no permite contralores efectivos del Estado desde hace más de un decenio. «Si no hay contralor, los dineros públicos se pueden convertir en una caja negra o en un mecanismos para favorecer a los amigos de algún tipo de poder», se indicó.

En su intervención ante la comisión parlamentaria, el diputado Víctor Rossi subrayó que el contralor sobre la CND «se hace mucho más vigente en función de la magnitud y de las características de este emprendimiento» y reclamó garantías sobre el destino de los fondos que utilizará la «megaconcesión».

«No quiero pensar que la limitación tiene un interés político. Como en el Tribunal de Cuentas existe una representación de la oposición política, se puede llegar a pensar que no se permite ese control para que la oposición no se entere de cuáles son las dificultades, los problemas o las p
érdidas», especuló el legislador.

El tema será tratado esta semana en la comisión de Diputados, en la que Rossi dijo estar dispuesto a promover «las instancias parlamentarias necesarias», para que el caso sea solucionado. *