Socialistas quieren control estatal en cadena del mercado de combustibles

«En un proyecto de desarrollo económico con justicia social, tiene un papel central el fortalecimiento del país productivo. Esto implica que todas las acciones del sector público deben estar orientadas hacia la atención de las situaciones sociales más comprometidas y promover el crecimiento productivo. Sin duda, instrumento central para llevar adelante estas políticas son las empresas públicas», dice el texto que sobre Ancap, el Comité Ejecutivo socialista aprobó por unanimidad.

Para los socialistas, el sector de la energía es estratégico para la vida del país, «lo que implica que el Estado debe mantener una presencia determinante en tal sector». Por tanto, los objetivos son «mantener la presencia del Estado en toda la cadena del mercado de los hidrocarburos desde la importación de crudo hasta la distribución de los productos derivados, como la mejor forma de asegurar la defensa de los intereses de la sociedad en su conjunto. Que los costos de los productos derivados líquidos y gas licuado de petróleo ex refinería y Tablada y antes de impuestos se encuentren alineados a los precios paridad de importación. Alcanzar la producción de naftas sin plomo y gasoil sin azufre. Ampliar la capacidad de producción instalada y expandir los negocios en la región».

El documento socialista establece, además, algunas condiciones previas, entre las cuales destaca la necesidad de restringir la licitación del posible socio a «empresas internacionales controladas por Estados latinoamericanos»; que las ganancias para el país del volumen total de negocios no podrán ser inferiores a las que hoy se obtienen; definir un plan, como Ancap, de negocios global, nacional y regional; definir «nichos regionales» en los cuales se podría ingresar como ampliación del mercado; priorizar la sociedad con aquellos que tengan interés en ingresar al mercado regional.

Una condición insoslayable, para la dirección del PS es que antes de operarse el proceso de asociación con un privado, se establezca un marco regulatorio de los combustibles «que vele por los eslabones más débiles de la cadena productiva, que defienda los intereses de los usuarios y el conjunto de la sociedad y que preserve para la actividad estatal segmentos estratégicos de la operativa y logística». También, que la asociación sea para crecer y expandirse en el mercado regional, «manteniendo la refinación en el país».

Finalmente, el texto establece el requisito de que todo el proceso asociativo debe darse en el marco de los incisos 1 y 2 del artículo 188 de la Constitución de la República. Así como la no trasferencia del dominio de los activos de Ancap a la nueva sociedad; mayoría del Directorio de la asociación en manos de Ancap, cogestión productiva, operativa y administrativa; asegurar la condición de los trabajadores de la actual División Combustibles de Ancap y que opten por pasar a la nueva empresa; plazo máximo del negocio de 20 años; «cesión del monopolio de importación y refinación de crudo que hoy detenta Ancap a la nueva sociedad que ésta integre por un plazo no menor a cinco años»; seguridad de que no habrá desmonopolización de los productos derivados y GLP hasta después de cinco años de que la ampliación de la refinería a 50 mil barriles diarios se encuentre operativa; «la logística del Muelle de La Teja e instalaciones conexas quedarán en manos de Ancap ente autónomo».

Regulación de los combustibles

Control parlamentario, participación de trabajadores y usuarios, son las condiciones que plantea el Partido Socialista, para la creación de la unidad reguladora del sector hidrocarburos.

El PS analizó, también, el miércoles en su Comité Ejecutivo, una propuesta de marco regulatorio para los derivados del petróleo, con la idea de normatizar «la prospección, producción, importación, almacenaje, refinación y exportación de petróleo crudo», así como «la importación, exportación, almacenaje, comercialización y transporte de productos derivados del petróleo».

El miembro del Ejecutivo, Javier Cousillas, dijo a LA REPUBLICA que bajo el titulo de «Borrador de Proyecto de Ley de Marco Regulatorio Sector Hidrocarburos» se propone un ordenamiento del sector combustible, sobre la hipótesis de que la «derecha tiene los votos en el Parlamento para aprobar la desmonopolización».

La principal preocupación del texto, añadió, es la defensa de los «eslabones más débiles de la cadena», a saber: usuarios, trabajadores de Ancap, expendedores minoristas (propietarios de estaciones de servicio) y fleteros.

El documento plantea que la unidad regulatoria a crear funcione en la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), en lugar de depender de la Presidencia de la República o de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) como lo propone el gobierno.

La iniciativa prevé la creación de Unidad Reguladora del Sector Hidrocarburos (URSH) compuesta por cinco miembros.

«Tres de ellos serán propuestos por el señor ministro de IEyM, uno de ellos por las organizaciones de Usuarios y Consumidores y otro por los trabajadores de todas las empresas enmarcadas en la presente ley», dice el texto en su artículo 4.

De acuerdo al planteo socialista, los miembros de la dirección de la URSH deberán contar con el aval parlamentario.

En cuanto a las funciones se dice: «Son cometidos de la Unidad Reguladora del Sector Hidrocarburos regular y controlar toda actividad a la que se refiere la presente ley y reglamentaciones de la misma, así como todo control que hasta el momento de la presente ley era realizado por Ancap.

a- La fijación de los precios máximos al minorista y los precios máximos de venta al público, cualquiera sea el sello expendedor o el lugar en que se encuentre el puesto de venta dentro del territorio nacional, así como la fijación del precio de los fletes.

b- Definir y controlar la calidad y especificaciones de los Productos Derivados del Petróleo y Gas Licuado de Petróleo (GLP) que se comercialicen en el país, controlar la calidad y especificaciones de los productos que se exporten o importen.

c- Fijar precios preferenciales para los Grandes Clientes de Productos Derivados de Petróleo y GLP o para aquellos sectores de actividad que determine, y en las condiciones que determine el Poder Ejecutivo.

d- Definir y controlar los requisitos de seguridad y protección del medio ambiente que deberán observar todos los operadores comprendidos en la presente ley.

e- Establecer un control cuantitativo del crudo ingresado, exportado, crudo refinado, y de los derivados de petróleo que se comercialicen en el país, se exporten o importen.

f- Otorgar las autorizaciones para actuar como Prospector, Productor, Importador, Exportador, Refinador, Distribuidor, Comercializador minorista y Gran Cliente.

g- Otorgar las autorizaciones para la instalación de refinerías, parques de tanques, oleoductos, poliductos, gasoductos y otras instalaciones conexas con la operativa petrolera.

h- Otorgar las autorizaciones para la importación de Petróleo crudo y sus derivados.

i- Aplicar las sanciones a los infractores a la presente ley y reglamentaciones conexas.

j- Controlar las condiciones de mantenimiento, desmantelamiento o abandono de cualquier instalación comprendida en el marco de la presente ley.

k- Analizar y resolver todas las denuncias y reclamos de operadores y usuarios respecto a toda actividad o servicio relacionado con la presente ley y reglamentaciones conexas.

l- Asesorar al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial cada vez que se le solicite». *