Pérez Pérez: "Tenemos la curiosidad ética y moral de saber lo ocurrido"

El encuentro, organizado por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Serpaj, Sersoc, Sedhu y Ielsur, convocó en el Palacio Municipal a humanistas de Francia, El Salvador, Argentina, Chile, Sudáfrica, Guatemala y Uruguay.

El constitucionalista Alberto Pérez Pérez realizó un resumen sobre la carencia de investigaciones y la impunidad militar a partir de la salida de la dictadura hasta la instalación de la Comisión para la Paz. Desde su punto de vista, esta comisión «ha logrado resultados que no imaginábamos posibles». No obstante, «esto no es suficiente. Tenemos la curiosidad ética y moral de saber todo lo sucedido». Agregó su convicción sobre la «inconstitucionalidad» de la Ley de Caducidad, que es «contraria a las obligaciones internacionales del Estado uruguayo».

El argentino Raúl Aragón afirmó que en su país la Conadep obtuvo el logro de impulsar normas que brindaron reparaciones económicas a familiares y víctimas de la dictadura. La Conadep propuso que la Justicia continuara recibiendo denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, lo que se ha mantenido, y que se extendiera «a los medios educacionales lo sucedido en los años de plomo. Esto se ha mantenido incluso a nivel militar a partir de la gestión autocrítica del ex comandante en jefe Martín Balza». En Argentina hubo una efectiva «depuración de las cúpulas», ya que el Parlamento «no acepta los ascensos de militares cuestionados por violar los derechos humanos».

«Nada más pero nada menos»

El representante chileno Héctor Salazar, integrante de la Corporación de Verdad y Reconciliación de Chile, admitió que en su país «más allá de la anécdota un tanto épica de la derrota del general Augusto Pinochet en el plebiscito de 1988, lo cierto es que todo el proceso de transición se llevó a cabo bajo las reglas de la dictadura». Además de mantener el modelo económico y social, las nuevas democracias latinoamericanas «debieron garantizar niveles altos de impunidad para los violadores de los derechos humanos».

A su entender, durante las dictaduras «se afectó lo más profundo y sensible del alma nacional. La dignidad y derechos básicos fueron afectados sin límites en esta guerra que las Fuerzas Armadas libraron contra sus propios pueblos. Las heridas infligidas hicieron imposible encontrar fórmulas que compatibilizaran la impunidad reclamada por los militares y la verdad exigida por los pueblos. Los gobiernos civiles que siguieron a las dictaduras enfrentan este problema con diversos grados de autismo».

El delegado chileno sugirió que los uruguayos tomen como guía una frase de los Familiares de Desaparecidos de su país: «Verdad y Justicia. Nada más pero nada menos». Desde su punto de vista, las comisiones nombradas por los países para esclarecer los crímenes de la «guerra sucia» «nunca pueden aceptar verdad en vez de justicia sino verdad para la justicia». En ese sentido, advirtió que si las organizaciones no gubernamentales (ONGs) de un país «no tienen la capacidad de movilizar testimonios y reclamos, esa cercanía de verdad y justicia se diluye. Los poderes políticos siempre tienden a achicar el problema y las ONGs tienen el rol de agrandarlo. Llegar a la verdad depende de nosotros mismos y no de quienes estamos interpelando».

Indicó que los procesos son «similares en cada país pero los tiempos los marca cada uno. Nosotros estaremos alentando desde Chile para que esa aspiración de verdad y justicia en Uruguay, algún día, también sea posible».

«Nuestra suave venganza»

La integrante de la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, Mary Burton, señaló que en su país los testimonios fueron tomados en forma pública y trasmitidos por los medios de comunicación. Se trató de más de 20.000 declaraciones que llevaron al comité a recomendar al gobierno la instalación de una conferencia nacional sobre el tema, la concreción de una legislación en defensa de los derechos humanos, pago de reparaciones a las víctimas, ayuda médica y actos simbólicos como la construcción de memoriales. Empero, hasta ahora el gobierno no ha dado respuesta a los reclamos.

Sin embargo, Burton considera que el trabajo de la comisión tuvo la utilidad de «dejar un efecto indeleble en el público, que pasó del dolor y la culpa a la vergüenza y la negación. El conocimiento público contribuirá a que jamás vuelvan a producirse atrocidades de este tipo». Al mismo tiempo, «el expresarse brindó una especie de catarsis a las víctimas y el derecho a ser oídos contribuyó al alivio. Para algunos, la exhumación de los cadáveres de sus familiares y las ceremonias de entierro contribuyeron a cerrar el proceso de duelo».

La delegada sudafricana cree que en su país «la amnistía fue el precio de la reconciliación y la verdad fue el costo de la amnistía». Su aspiración ahora es lograr «justicia. La justicia se compone por el conocimiento de la verdad, identificación de los culpables, juicio a quienes no fueron amnistiados y reparaciones para las víctimas». El siguiente paso es «construir un país donde esto no suceda nunca más. Esa será nuestra suave venganza».

«Estado de muerte y tristeza»

Alfredo Balsells, integrante de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) de Guatemala, recordó que el primer caso de desaparición forzada de civiles en América Latina se dio en su país en 1966, cuando los militares «desaparecieron» a treinta campesinos. Durante el enfrentamiento armado de Guatemala, que duró 34 años, se registraron 23.671 ejecuciones arbitrarias y 6.159 desapariciones, con un total de 200.000 muertos.

Para Balsells, una de las principales trabas que enfrenta su país es que «la gravedad de lo sufrido no ha sido asumido por la población». La CEH se formó porque «es imposible construir una paz duradera en base al silencio». Al finalizar su tarea, la comisión recomendó al gobierno «preservar la memoria de las víctimas, fomentar una cultura de derechos humanos y dar reparaciones. El próximo desafío es establecer si la reconciliación puede lograrse a través de la verdad, para lo que necesitamos que los hechos sean asumidos».

Masacres que llegaron al grado de genocidio, torturas, cementerios clandestinos y violaciones «son parte de la historia de Guatemala. La creencia que el fin constituye los medios nos convirtió en un Estado de muerte y tristeza». Balsells opina que los delitos de lesa humanidad «deben ser juzgados. No puede haber impunidad. La Justicia debe nivelar a víctimas y victimarios».

En la mesa redonda que siguió a las exposiciones, Balsells apuntó que «el conocimiento de la verdad es esencial para iniciar la reconciliación. Sin memoria histórica no puede haber paz». Agregó que «no alcanza con que una comisión haga recomendaciones si no hay una entidad que asegure que se cumplan».

Logros y carencias

La licenciada Patricia Tappata de Valdez, representante de la Comisión de la Verdad de El Salvador, reclamó una actitud activa de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y advirtió que «no hay buenas recomendaciones que pueda plantear una comisión sin grupos de la sociedad civil que les den fuerza».

Desde su punto de vista se debe «redefinir el concepto de reconciliación porque no hablamos necesariamente del enemigo sino de reconciliarnos con nuestra propia historia». En El Salvador, la Comisión de la Verdad recomendó que los involucrados en violaciones a los derechos humanos fueran separados de la función pública, que las Fuerzas Armadas fueran depuradas y que se reformara el Poder Judicial. Esto no fue posible debido «al fuerte poder de las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial y a la negociación llevada a cabo por el gobierno y el Farabundo Martí de Liberación Nacional (F
MLN), que tomaron medidas para garantizar el futuro político de ambas partes. A eso se sumaron las advertencias y chantajes de los líderes de otros países que temían que los resultados de la Comisión de la Verdad desestabilizaran la salida del estado de guerra». *