Debate sobre procedencia de fiscalización capitalina

La medida fue severamente criticada por blancos y colorados, que coincidieron en calificarla como «abusiva» y reclamaron la suspensión de la misma. El nacionalista Gustavo Borsari presentó un proyecto de ley para prohibir el tipo de control que ejerce la comuna capitalina (ver nota aparte) mientras el colorado Jorge Barrera señaló que «resulta un abuso que la IMM plantee unilateralmente dónde se deben registrar los vehículos. Independientemente de la disposición legislativa a estudio, queremos que la IMM sea sensible frente a los reclamos de muchísimos uruguayos, suspenda estas medidas y coordine sus acciones con las demás intendencias del país».

Los directores municipales, por su parte, anunciaron que los controles se extenderán solamente durante una quincena más, tal como estaba previsto.

Protagonismo legislativo

Los representantes municipales tuvieron pocas oportunidades de hacer uso de la palabra en la sesión de la comisión legislativa a la que fueron invitados. Cada uno de ellos habló solamente una vez mientras el resto del encuentro se fue entre críticas de blancos y colorados y debates internos. Borsari volvió a calificar la fiscalización como «injusta, ilegal e inconstitucional» y agregó que se trata de «un procedimiento que avasalla, discriminatorio y francamente ilegal e inconstitucional. Es un abuso ilegítimo». Pérez Piera aclaró que no se aceptarían «cuestionamientos de ningún tipo» y detalló las normas legales que «respaldan la postura municipal». El encuentrista Daniel Díaz Maynard criticó a Borsari por utilizar «palabras muy aterciopeladas y constructivas» para criticar a la comuna a través de «una reiteradamente vitriólica exposición». El legislador nacionalista opinó que «quizás en los recovecos de una mente no aterciopelada pero sí retorcida, se pueda ver en nosotros intenciones vitriólicas» y rechazó «los adjetivos improcedentes utilizados por el señor diputado Díaz Maynard». La discusión fue cerrada por Barrera, quien reclamó el retorno al tema de la reunión y manifestó que la IMM aplica «una política de abuso de derecho, que violenta las garantías y derechos de los uruguayos. Las normas hay que aplicarlas con racionalidad y sensatez». Esta postura fue acompañada por Daniel García Pintos, que se mostró «preocupado por los derechos avasallados de los ciudadanos con vehículos empadronados en otros departamentos. Deberemos acudir a la solución que pueda dar el Parlamento a través de una ley que ponga las cosas en su lugar. No estamos dispuestos a dejar indefensa y desprotegida a la gente en sus derechos».

Intendente ausente

El intendente interino Ernesto de los Campos no concurrió al encuentro por considerar que «llamar a un intendente para que explique cómo se hace un trámite o dónde se pone un sello o para explicar que no se va a embargar ningún auto a no ser que lo resuelva la Justicia, me parece un exceso». El control de patentes constituye un derecho de los municipios, por lo que el Parlamento solamente puede invitar a los representantes de las comunas, pero sus integrantes no están habilitados a realizar cuestionamientos o a adoptar medidas de ningún tipo. De los Campos, que envió una carta al Parlamento disculpándose por su ausencia y explicando que los directores asistían «por motivos de cortesía», dijo a LA REPUBLICA que «la Comisión tiene derecho a informarse y para eso fueron los directores responsables del área». Agregó que está dispuesto a reunirse con los legisladores «en el futuro, siempre que ellos lo requieran. Lo único que tienen que hacer es solicitar una audiencia y serán recibidos de inmediato todos los diputados que quieran concurrir». *