Antel analiza pedir nuevo arbitraje para laudar el conflicto con Roggio

El Directorio de Antel analiza la posibilidad de convocar a un nuevo Tribunal Arbitral para laudar en el conflicto suscitado entre el ente y el consorcio Roggio-Stiller-American Bridge por la construcción de la Torre de las Telecomunicaciones y, en última instancia, podría llevar el caso ante la Justicia civil.

El director nacionalista del ente, Oscar González Alvarez, declaró a LA REPUBLICA que el fallo del tribunal nombrado por Antel y el consorcio RSAB es «erróneo», tanto como la decisión de construir la torre.

González Alvarez recordó que en su momento el Partido Nacional estuvo en contra de la decisión y que habrá que esperar para saber cuánto deberá pagar de más la empresa, para determinar así el perjuicio que ocasionará en su patrimonio.

El jerarca subrayó que ahora el consorcio RSAB y Antel realizarán en forma independiente las liquidaciones pudiendo solicitar incluso la conformación de un nuevo tribunal arbitral independiente del actual. Según el jerarca, en última instancia y si las partes no se ponen de acuerdo, correspondería que un juez civil dirima quién decide sobre la liquidación final.

La creación del tribunal fue acordada sobre mitad de febrero de 2000, después de más de un año de discrepancias entre la empresa pública y el consorcio encargado de construir la Torre de las Telecomunicaciones y el pasado 26 de octubre el tribunal laudó reconociendo algunos reclamos de ambas partes y rechazando otros. González sostuvo que el laudo del tribunal que da la razón al consorcio en cuanto a la imprevisibilidad de la conflictividad laboral, «es erróneo», ya que la ley y las normas uruguayas son claras en esa materia en lo que respecta al derecho de huelga y que era previsible para el consorcio la conflictividad en la construcción. El tribunal entendió que la ecuación económica se modificó en perjuicio del consorcio privado.

El Tribunal Arbitral manifiesta que el consorcio no podría prever que existe conflictividad tan grande, por lo cual Antel debe pagarle. «Creo que es erróneo porque la conflictividad es previsible en la construcción y es legal y constitucional», sostuvo, refiriéndose al derecho a huelga.

Para el jerarca nacionalista, «el consorcio deberá probar que la cifra que reclama se ajusta a la realidad. Si no hay acuerdo entre las partes en cuanto a la liquidación, deberán resolver si es el mismo u otro tribunal el que decida el diferendo y en última instancia deberá ser un juez civil quien lo determine». *