Fiscalización en Flores y Soriano

Los intendentes de Soriano y Flores, Gustavo Lapaz y Carlos Mazzulo, decidieron «impedir» que los vehículos empadronados en sus departamentos se trasladen a otro lugar, por lo que emitieron resoluciones prácticamente idénticas estableciendo que las bajas «sólo operarán cuando hayan sido otorgadas por decreto». Las resoluciones de ambas comunas implican un impedimento a la resolución adoptada el 27 de noviembre pasado por el Congreso de Intendentes. Con los votos de todos los jefes comunales, incluyendo a Lapaz y Mazzulo, el Congreso estableció que «las Intendencias podrán ejercer su potestad sancionatoria con relación a aquellos vehículos de los que sean propietarios o promitentes compradores personas físicas o jurídicas que tengan domicilio en lugar diferente al del empadronamiento o reempadronamiento de los mismos».

El 16 de enero de este año, un mes y medio después de levantar la mano para respaldar los empadronamientos en los departamentos de residencia, Lapaz advirtió que sólo daría las bajas «mediante decreto». El jefe comunal agregó en la misma resolución que «los vehículos empadronados en el municipio de Soriano continuarán devengando el impuesto de patente de rodados mientras no se opere su baja» por decreto. Si bien el tercer punto plantea la comunicación al Congreso de Intendentes, los demás jefes comunales no se enteraron de la resolución hasta que la Intendencia de Montevideo (IMM) salió a fiscalizar las patentes.

Intendente copión

En mayo, cuando todavía regía el plazo de seis meses para reempadronar sin costo en el departamento de residencia, un montevideano se acercó a la IMM para regularizar la situación de su vehículo, empadronado en Soriano. En la actualidad, la Intendencia de Soriano le manda los recibos de patente de rodados a su casa en Montevideo. Pese a reconocer que la persona vive en otro departamento y abona los tributos allí, el gobierno de Lapaz lo intimó a pagar la patente en Soriano.

El 9 de noviembre el «ejemplo» de Lapaz fue imitado por Mazzulo, que sacó una resolución prácticamente idéntica, con breves variaciones de términos.

El director de Tránsito y Transporte de la IMM, Felipe Martín, considera que el tema «debe ser resuelto por el Congreso de Intendentes. Nosotros fiscalizamos en base a una resolución del Congreso y cumplimos con todos los términos establecidos».

Mientras tanto, la fiscalización de Montevideo continúa generando críticas de diversas filas políticas. La bancada de diputados del Partido Nacional respaldó la invitación de las autoridades municipales a la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara, impulsada por el diputado Gustavo Borsari. El objetivo es, según un comunicado de la bancada, «poner fin a una fiscalización injusta, discriminatoria, ilegal e inconstitucional». *