Jueza procesó con prisión a ciudadano vasco residente en Uruguay desde 1985
La jueza Ana Lima basó su resolución en un disquete con supuesto «contenido político» encontrado en la casa de Laris. El detenido habría asegurado ante la magistrada que tal objeto nunca estuvo en su domicilio.
Laris Iriondo había sido detenido en su casa por efectivos de la Dirección Nacional de Inteligencia a primeras horas de la mañana del pasado lunes. Ese mismo día también fue capturado el ciudadano vasco Ricardo Callao Aguirre, en tanto que los miembros de la institución nacional vasca Udalbiltza Loren Arkotxa (alcalde de la localidad de Ondarroa) y Xarlo Etchezarreta (ex concejal y director de la revista Kale Gorria) fueron detenidos por Inteligencia al arribar al aeropuerto de Carrasco al mediodía de ese día.
Los dos vascos residentes en Uruguay permanecieron incomunicados hasta la pasada tarde, cuando concurrieron a declarar al Juzgado Letrado de 17º Turno, a cargo de la jueza Ana Lima. En horas de la noche, la magistrada dispuso el procesamiento con prisión de Laris por los cargos de «asistencia como presunto autor de asociación para delinquir», delito que, según el Código Penal, conlleva un castigo de tres a 18 meses de prisión. Por su parte, Callao recuperó la libertad.
De acuerdo a los datos recabados por LA REPUBLICA, el vasco procesado está afincado en Uruguay desde hace más de quince años. En 1992 había sido detenido junto a otros vascos en Montevideo y posteriormente liberado, luego que la Justicia rechazara el pedido de extradición formulado por el Estado español.
Anoche, al dictar su procesamiento, Lima tomó en cuenta un disquete con «contenido político» que habría sido incautado por los funcionarios de Inteligencia en su vivienda. Sin embargo, el refugiado vasco rechazó que ese elemento le perteneciera, negó conocer su contenido y advirtió que habría sido ingresado a su casa antes de la detención.
En libertad sin cargos
Mientras tanto, los representantes de Udalbiltza detenidos en Carrasco tras arribar de Mar del Plata –donde participaron en las celebraciones de la semana vasca– también concurrieron a prestar declaraciones ante la jueza Lima. Ambos ingresaron al despacho de la magistrada por separado y estuvieron dentro entre quince minutos y media hora cada uno.
Los interrogatorios giraron en torno a los motivos de sus visitas a Montevideo y las funciones de la institución que representaban. El alcalde de Ondarroa y el ex concejal le explicaron que Udalbiltza apunta a la realización de proyectos de carácter local, vinculados al desarrollo de Euskal Herria como nación.
Además, le indicaron que también tiene entre sus funciones reforzar el papel de los vascos repartidos por el mundo, comprendidos por la llamada «diáspora». A media tarde, la jueza les deseó una «buena estancia» en la capital uruguaya y ordenó que ambos obtuvieran la libertad. Al salir del juzgado, recuperaron los pasaportes, retenidos en el aeropuerto de Carrasco.
«No los conocemos»
Tal como adelantó LA REPUBLICA, los problemas surgidos al arribo de la delegación vasca determinaron que una charla prevista para hoy miércoles en el instituto de confraternidad vasca Euskal Erria fuera suspendida por sus autoridades.
Ayer, el consejo directivo de dicha institución explicó que había aceptado reunirse con los miembros de Udalbiltza tras recibir una carta de esa agrupación de municipios del País Vasco, en tanto que, dada la «cristalinidad» de Euskal Erria, definieron que la charla fuera abierta al público. Sin embargo, tras conocer las detenciones de Arkotxa y Etchezarreta, resolvieron suspenderla.
La presidenta de Euskal Erria, Agurtzane Aguado, indicó que hasta la víspera no conocía los motivos de la visita y destacó que tampocó sabía a qué formación política pertenecían el alcalde y el ex concejal. «¿En Argentina se los vinculó con el brazo político de ETA?, preguntó un periodista uruguayo, a lo que le respondió que no había averiguado a qué agrupación pertenecían, pues en Udalbiltza están «todos los partidos políticos».
Asimismo, en el citado comunicado rechazaron que la institución haya contratado un abogado para Arkotxa, Etchezarreta y los dos refugiados también detenidos. «Dicha iniciativa fue a instancias de un socio para conocer en qué situación se encontraban estos ciudadanos vascos», subraya el consejo directivo en su nota de prensa.
Mientras tanto, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (Fucvam) negó que estuviera planeada una reunión con los representantes de Udalbiltza. «Esto no significa que Fucvam se niegue a recibir a cualquier delegación internacional que así lo solicite», subraya. *
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