La Lista 15 advierte sobre desequilibrio presupuestal por "caída" de reaforos

Durante las horas previas a la sesión de la Junta Departamental del pasado viernes, los ediles del Foro Batllista y la Lista 15 mantuvieron diversos contactos, en los cuales quedó fijado que los cuestionamientos hacia el edil forista Julio Musetti, acusado por frenteamplistas y blancos de haber firmado un decreto «falso», serían rechazados al unísono por el Partido Colorado.

Tal como informó LA REPUBLICA, a cambio de ese respaldo el sector del intendente Tabaré Hackenbruch acompañó una moción en la que el quincismo establecía que la comuna canaria «deberá atender la resolución emanada de la Cámara de Representantes respecto a la impugnación de las normas presupuestales incluidas en el decreto 21″, referidas a los reaforos catastrales en Ciudad de la Costa.

Con ese texto a la vista, ayer lunes el diputado y líder de la Lista 15 de Canelones, Eduardo Chiesa, le solicitó al nuevo director de Hacienda de la Intendencia Municipal de Canelones (IMC), Daniel Lamela, que le informe «cuál es la situación real tras la desaparición de los artículos del Presupuesto que impugnó el Parlamento», según explicó el legislador quincista a este matutino.

Por su parte, Lamela confirmó el contacto con el parlamentario y aseguró que aceptó «intercambiar la información que precise» sobre este asunto, al que calificó «de interés común». De todos modos, advirtió que la Intendencia «ni siquiera» ha definido si acatará la resolución de la Cámara de Diputados. «Ese paso del eslabón todavía no se ha dado», dijo el jerarca.

Indicó que la comunicación del Parlamento habría llegado el pasado viernes a la Junta Departamental, por lo que estimó que «en cuestión de horas» estaría en manos de los servicios jurídicos del gobierno municipal. Cuando esto ocurra, Hackenbruch y su equipo estudiarán el «real alcance» de la impugnación de los artículos que posibilitaban la aplicación de los aumentos de contribución inmobiliaria. Recién entonces, indicó Lamela, se anunciará cuál será la actitud que adoptará la comuna. «Los medios de prensa serán los primeros en enterarse», prometió.

«Bajarán los ingresos»

A pesar de la postura exhibida hasta la víspera por la cúpula municipal, el diputado Chiesa confió en que, tal como votó la Junta, el Ejecutivo que encabeza Tabaré Hackenbruch «acatará» la resolución votada en el Parlamento y, por lo tanto, la contribución inmobiliaria volvería a bajar a los valores anteriores al reaforo de Catastro.

Tras resaltar que «habrá menos ingresos», indicó que la Lista 15 exige que la comuna «reduzca sus gastos superfluos, fundamentalmente en materia de contratos de obra». «Esto es condicional para que sigamos trabajando en la búsqueda del equilibrio presupuestal», alertó el legislador colorado.

Justamente, en un comunicado emitido poco antes de la sesión del viernes en forma conjunta por la 15 y la Lista 321  liderada por el empresario Julio Sánchez Padilla– «propondrán las adecuaciones tributarias para llevar tranquilidad a los vecinos de Canelones» y, al mismo tiempo, «hacer posible el equilibrio presupuestal, así como las mejoras en las obras y servicios para los habitantes de todo el departamento».

«No hubo acuerdo»

Asimismo, Chiesa negó que el apoyo brindado a Musetti en la Junta Departamental haya implicado un «acuerdo» con el Foro Batllista, e insistió en que para la Lista 15, el cuestionado decreto 21  considerado como «falso» por el Encuentro Progresista y el Partido Nacional– es absolutamente válido. Aseguró además que no ha mantenido contactos personales con el intendente Hackenbruch  con quien mantiene unas complicadas relaciones políticas– y dijo que únicamente ha hablado con el director de Hacienda del gobierno municipal, mientras que el presidente del legislativo comunal y edil de la Lista 15, Oreste Numa Santos, ha estado a cargo de los contactos con la bancada de curules del Foro. *

Edil blanco acusado ante el Senado

Por unanimidad la Junta Departamental resolvió el viernes acusar ante el Senado de la República al edil Eduardo Barrán (PN), con lo que se inició el mecanismo constitucional que llevará a su casi segura destitución.

La decisión se adoptó después de que todos los ediles hubieran accedido a las conclusiones de una Comisión Investigadora que durante un mes indagó un presunto fraude cometido por el legislador municipal contra las arcas de la Junta Departamental.

En julio pasado, Barrán viajó a Salto para participar de un encuentro de ediles. Como no había alojamiento, se hospedó en casa de un conocido sin pagar nada. Pero luego un edil de Soriano le consiguió una factura por treinta dólares para justificar el gasto ante la Junta de Maldonado.

Esa factura fue alterada, convirtiendo el tres en un ocho, por lo que el edil cobró 50 dólares más, aunque en realidad logró 80 dólares.

La irregularidad fue constatada por el presidente de la Junta, Javier Sena, quien con asesoramiento del abogado Miguel Loinaz presentó la denuncia penal.

El edil y el funcionario están siendo investigados por la jueza penal de 4º turno, Fanny Canessa, quien ya les ha tomado declaración a ambos. En filas políticas se descuenta que después de que las conclusiones de la Investigadora se remitan a la Justicia, por lo menos Barrán será procesado y no se descarta la destitución del funcionario involucrado.

Dos ediles integrantes de la Investigadora confirmaron a LA REPUBLICA que en sus declaraciones Barrán «reconoció haber adulterado la factura».

El artículo 296 de la Constitución establece que los intendentes y ediles podrán ser acusados ante la Cámara de Senadores por un tercio de votos del total de componentes de dicha Junta por los motivos previstos en el artículo 93, que hace mención a violaciones a la propia Carta Magna o a delitos graves, y después de haberse formado una causa. *