"Quienes le echan todas las culpas al Estado no renuncian a confundir al Estado con su partido"

VICTOR H. ABELANDO

–Esta semana el EP-FA definirá una posición definitiva sobre las propuestas de asociación de Ancap. ¿Cuál es su opinión al respecto?

–Es muy difícil ver el tema de Ancap al margen de una idea general de qué Estado concebimos o de una definición de los objetivos de política económica productiva para el país. No somos productores de petróleo y una de las características es la gran dependencia energética.

Justamente, el batllismo concibió la instalación de Ancap como respuesta a esa situación de debilidad relativa, y así mejorar las condiciones de competencia del país respecto a las empresas extranjeras productoras y distribuidoras de combustibles.

He escuchado con atención la fundamentación respecto a la necesidad de asociación que tiene el país.

En ese sentido parece conveniente, no sólo por las seguridades que tendremos para planificar nuestro desarrollo, sino también por los beneficios en precio a lograr a partir de la sociedad.

Ahora, es evidente que las asociaciones no son del mismo carácter si se realizan con empresas estatales de otros países, que si se hacen con privados. Las primeras permiten un acuerdo comercial acompañado de uno político, vinculado a la definición de intereses estratégicos. En el otro caso sólo estarán vinculadas a la actividad comercial y la rentabilidad que se les pueda asegurar.

Finalmente creo que ha habido demasiadas idas y venidas, al punto de que no es fácil tomar una decisión en función de los elementos que no aparecen definidos.

–Su preferencia por un socio de propiedad estatal ¿se vincula a la extensión del acuerdo a cierta reciprocidad comercial, por ejemplo, con cláusulas que permitan el ingreso al país de origen de productos uruguayos?

–Podría ser. Pero lo fundamental es que siendo la energía un factor esencial para el desarrollo de cualquier país, estarían garantizadas condiciones que no fluctuarían en función de elementos circunstanciales. Habría reglas de juego que no estarían ajenas a intereses comunes.

–Se dice que la asociación serviría para abrir otros mercados a los combustibles refinados en el país.

–Ese aspecto hay que relativizarlo. Si bien, una ventaja de la asociación sería disponer de los excedentes para colocarlos fuera, no me hago ilusiones. Hago memoria de cuando me decían que el Mercosur significaba un mercado de 200 millones de habitantes, pero quienes tomaban eso como un argumento a favor del Uruguay se olvidaban de que eran más de 200 de ida y de vuelta. La experiencia es que hoy recibimos hasta pan fresco de la región, mientras nos resulta difícil colocar los lácteos en la misma. No es un argumento esencial.

Lo fundamental es tener garantías de contar con combustibles en condiciones competitivas, para los emprendimientos productivos.

Eso estaría vinculado con la habilitación de un mercado de competencia, donde sería imposible la participación de Ancap sin la asociación con quien estuviera en condiciones de proporcionar la materia prima.

–Entonces, ¿es necesaria la desmonopolización?

–Parece que es una condición para poder recorrer este camino.

–¿Por qué?

–Porque es un factor que incide en el alto costo que el combustible tiene para el país. La asociación, el establecer empresas mixtas con participación del Estado uruguayo, son parte de las reformas que se nos proponen por parte del gobierno. Si hacemos negocios como el de Pluna, sin garantías ni controles –los hechos han demostrado que fueron un mal negocio y mala asociación– y la desmonopolización sólo es concebida para garantizar a las grandes distribuidoras el acceso al mercado uruguayo, entonces no.

–¿Por qué hay que modificar el escenario de los combustibles?

–En primer lugar, porque no tenemos esa materia prima y los costos de refinación que tenemos en el país están por encima de lo que sería un precio competitivo de los combustibles.

–Si ese es el diagnóstico, ¿por qué la izquierda no hizo un planteo propio sobre Ancap?

–Los borradores parten de la concepción que tiene el gobierno, no sólo en el tema de los combustibles sino de la idea de reforma del Estado que impulsan. Nosotros procuramos acompañarla en aquellos aspectos que tienen que ver con el futuro del país y agregarles las garantías imprescindibles para que todo ello no se convierta en una mala experiencia y Uruguay termine regalando lo que tiene.

La izquierda tiene que asumir y actuar, sin perjuicio de la legitimidad de tener sus propios objetivos, sobre la realidad presente. No podemos decirle a la gente que sólo debe apostar a 2004, mientras tanto, hay que abordar los problemas.

La iniciativa corresponde al Poder Ejecutivo, tal vez, el EP-FA en el gobierno se plantee un camino diferente.

–El combustible sería una variable para mejorar la productividad, ¿qué otras se pueden ensayar para superar las dificultades para exportar?

–Las medidas de exoneración de aportes patronales a las empresas, con el fin de mejorar la competitividad, no surtieron efectos debido a la continua devaluación de la moneda brasileña. Todos estos problemas vinculados a la participación de Uruguay en los mercados tienen que ver con la ausencia de una política que atienda los problemas del país en la medida de sus necesidades. De alguna manera nos hemos dejado entrampar en la adhesión a una formulación teórica que le rinde culto al liberalismo económico, aceptando participar en el comercio entre las naciones con esos principios que ni siquiera los países más desarrollados –inspiradores de esta línea– aplican. Todos los días nos damos la nariz contra la puerta, cuando queremos colocar nuestros productos en el mercado internacional, pero, también en la región.

Brasil tiene, en lo monetario y comercial, una política enfrentada a Argentina. Nosotros estamos en el medio. No podemos seguir la línea brasileña porque hemos admitido que se dolarizará toda nuestra economía.

–¿Cuál es la posibilidad?

–La solución es asumir una política propia. En la campaña electoral se alarmaron mucho porque se habló de una práctica de años atrás, consistente en el establecimiento de cambios diferenciales. Se dijo que era un disparate pues transgredía todas las recomendaciones de la academia, pero díganme qué camino tiene Uruguay para defender el nicho de algunos de sus productos, no sólo para exportar sino de igual forma su producción y el trabajo.

Especialmente, cuando cualquier ajuste monetario redunda en el aumento del endeudamiento del conjunto de la sociedad.

Es generar condiciones diferenciadas para promover determinadas actividades productivas, de modo que Uruguay tenga la posibilidad de colocar esos productos logrando un retorno por dólar suficiente para garantizar el funcionamiento de toda la cadena productiva y que nos permita llegar a los mercados en condiciones de vender. Lo que pasa hoy es que nada podemos colocar, por el contrario todo nos viene de afuera y se paraliza la actividad económica y comercial del país. Fenómeno que perjudica a los obreros uruguayos.

Tendrán que ser políticas selectivas. Hoy, por ejemplo, se hace con la forestación. Obviamente la solución no es la que nos pide el presidente Batlle (Jorge), cuando nos dice que hablemos con los embajadores acreditados en Uruguay, para convencerlos de que deben aplicar el liberalismo en sus países.

–En otro plano. Varios artículos de prensa han ubicado la inamovilidad de los funcionarios públicos así como sus salarios en uno de los problemas de la sociedad uruguaya. ¿Usted qué
piensa al respecto?

–Eso es consecuencia de que el Estado uruguayo está considerado, por amplísimos sectores de la sociedad, como el enemigo. La cantinela de que esta situación es causa del «costo país», de que la culpa es del Estado, que hay que achicarlo, ha tenido su efecto. Es una muletilla que vende, pero que no necesariamente refleja toda la realidad. La ineficiencia del Estado, construido por gobiernos que utilizaron el clientelismo como forma de premiar el favor de la ciudadanía, ha generado un conjunto de deformaciones. Ha convertido, lo que es la garantía que todos los uruguayos tenemos para vivir y que se atiendan los intereses de todos los sectores de la sociedad, en el enemigo de todas las iniciativas, naturalmente, también a los funcionarios.

Esto nos obliga a encarar la reforma del Estado no sólo por esta opinión, sino porque ningún país puede dilapidar recursos ni utilizar instrumentos que tienen que jugar un papel fundamental en la orientación estratégica del país, para resolver los problemas de clientelismo y demagogia política.

Pero, también tenemos que combatir la hipocresía, porque los mismos que le echan todas las culpas al Estado no han renunciado a confundir al Estado con su partido. Los contratos de obra siguen existiendo y son millones de dólares destinados a funcionarios designados a dedo. Se llenan la boca de que están reestructurando el Estado cuando venden Pluna, eliminan el transporte de pasajeros de AFE o subastan la playa de contenedores, sin embargo, los empleados que no son absorbidos por los privados son mantenidos en la órbita estatal, aunque no cumplan función alguna.

–¿Qué piensa de la megaconcesión impulsada por el ministro Lucio Cáceres?

–No vemos mal que en el caso del ministro de Transporte, que vio reducir las partidas que fueron resueltas en el presupuesto en más de 50 millones de dólares y que tiene el riesgo del deterioro de toda la red vial del país, busque alternativas. La concesión de obra pública ha sido un instrumento que no sólo se usa en Uruguay.

–Pero los uruguayos deberán pagar, además de los impuestos, nuevos peajes.

–Claro, tiene algunas dificultades, es decir, sacrificios adicionales para la población. Pero, al igual que en los años cuarenta, las obras públicas han sido el motor para superar los momentos de recesión. Entonces, si el Estado no tiene los recursos, que se busque otra forma de financiarlas no parece mal, sin perjuicio de que ello signifique la extensión de la modalidad del peaje.

Cierto es un nuevo impuesto adicional. No obstante tenemos que considerarlo con cabeza abierta, especialmente porque las infraestructuras son necesarias para que Uruguay pueda cumplir su papel de conexión vial del Mercosur.

Lo que no compartimos es la figura que se procura establecer a través del ingreso de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), para que ella haga los llamados a licitación o adjudique directamente. Creo que es malo eludir los procedimientos, establecidos por la ley y la Constitución, para las contrataciones del Estado.

Las prácticas de la CND no son las mejores, a partir de que se ha negado a rendir cuentas al Tribunal de Cuentas.

–En los últimos días ha estado visitando asentamientos, ¿qué políticas se deben seguir ante el problema?

–Se ha puesto en marcha un proceso de regularización de asentamientos y más allá de todos los comentarios de utilización política –el propio Batlle lo hizo en la campaña electoral cuando ostentó el préstamo de U$S 110 millones, aunque después esos recursos no fueron al Mvotma sino a la OPP–, de que la IMM viene atrasada en la preparación de la documentación para la regulación trabando una rápida resolución, el mecanismo puesto en marcha no es la solución para los asentamientos.

Hoy tenemos más de 400 con una población de 200 mil personas. Por las dificultades económicas y sociales planteadas en Uruguay, por este camino, cada vez que se resuelve una situación se generan 30 más. Si a ello se le agrega que el 47% de los niños viven bajo la línea de pobreza , más la deserción del sistema educativo (el porcentaje de Uruguay es el tercero más elevado en América Latina), la perspectiva del país es muy preocupante.

Hay que ir a la elaboración de un plan con el gobierno nacional y las intendencias, para ponernos adelante del tema de los asentamientos y comenzar a orientar el proceso, apoyándonos en los terrenos públicos y establecer los servicios.

En ese plano se necesita una política de Estado, para evitar el proceso de descomposición social. *