Diplomáticos financiarían ley de reparación para perseguidos

El pasado 17 de octubre la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Representes aprobó por mayoría el proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo al Parlamento sobre la reparación de los derechos de trabajadores que sufrieron persecución durante la dictadura.

La propuesta reconoce a todos los trabajadores de la actividad privada que, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985 se hubieran visto obligados a abandonar el territorio nacional por razones políticas ideológicas o gremiales.

Asimismo a los que hubieran estado detenidos por delitos políticos o militares conexos durante dicho lapso y los dirigentes sindicales que debieron permanecer en la clandestinidad. A los beneficiarios se les computará esos años como efectivamente trabajados.

A pesar de ser una iniciativa del Ejecutivo, el diputado por el Batllismo Lista 15, e integrante de la comisión parlamentaria, Gustavo Silveira, se opuso al proyecto debido a que se había cometido un «error involuntario» al no incluir, en la redacción de la propuesta su financiación adecuada.

Asimismo el legislador anunció, en aquella instancia, que el ministro de Economía y Finanzas Alberto Bensión solicitó una semana de plazo para elaborar un proyecto de artículo sustitutivo que contenga una fuente de financiación genuina.

Si bien la forma de financiación aún no ha sido remitida al Parlamento, trascendió que el financiamiento se sustentaría con base en un impuesto de 9 por ciento del Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP) a todo el personal de Cancillería distribuido por el mundo.

Por otro lado, el Banco de Previsión Social informará el próximo martes ante la comisión parlamentaria acerca de la estimación de costos del ante proyecto de ley.

Entretanto, el diputado socialista, e integrante de la Comisión de Seguridad Social, José Luis Blasina expresó que si la propuesta de financiamiento es aceptada por los sectores políticos, la misma podría considerarse en el momento en que el proyecto sea analizado en el plenario de la Cámara.

En ese sentido apuntó que se pretende que la iniciativa «quede aprobada antes de fin de año, es decir, que no se prolongue hasta el próximo período de esta legislatura ya que se trata de una reivindicación que viene siendo planteada hace 16 años». Asimismo aseguró que el tiempo legislativo es suficiente como para que sea aprobado en ambas Cámaras parlamentarias.

 

Modificaciones

La propuesta que remitió el Ejecutivo sufrió cuatro modificaciones en Comisión: «Se extendió el período para el regreso y afincamiento en el país de los exiliados del 1º de marzo de 1987 –como se establecía originalmente– al 1º de marzo de 1990.

Se modificó la iniciativa original, elevando de 150 a 180 días el plazo que tiene la Comisión Especial, que se instalará a efectos de estudiar cada caso para sustentar los planteos de acceso al derecho por parte de los beneficiarios.

También se establece un plazo de 120 días a efectos de reglamentar la ley; y que antes que la Comisión Especial se expida sobre los casos que se presente sean publicados en el Diario Oficial y en dos diarios de circulación nacional tanto la Ley como los derechos que establece.

Blasina destacó que «lamentablemente el proyecto de ley exceptúa la situación de aquellos ciudadanos que estando en el exilio residieron en un país con el cual Uruguay tiene convenio de reciprocidad en materia de seguridad social».

Añadió que debió reconocérsele, como años trabajados, «a los funcionarios de la actividad privada que participaron de la huelga general del año 1973 y que fueron despedidos por la dictadura y no consiguieron reinsertarse en el mercado laboral». *